Solo el 19% de las grandes empresas paga sus facturas en el plazo legal de 60 días
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad alerta de que el período medio de pago en el sector privado se elevó en 2023 hasta 70 días, tres días más que doce meses antes.
Ocho de cada diez grandes empresas (aquellas que facturan más de 50 millones al año) siguen incumpliendo la ley que fija un período máximo de 60 días para abonar las facturas que adeudan a sus proveedores, en su gran mayoría, pymes y micropymes. Es la principal conclusión de la última encuesta a 500 socios realizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a 1,5 millones de autónomos y pymes que emplean a cuatro millones de trabajadores, en la que se constata que solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. En el otro lado, el 45% excede por mucho el plazo legal de 60 días para abonar facturas entre empresas, más allá de los 90 días de media, mientras que el 36% las abona entre los días 60 y 90.
En este contexto económico en el que la morosidad privada no afloja, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, se mostró esperanzado esta mañana en que la futura aprobación del reglamento europeo contra la Morosidad, que pasará el trámite definitivo el martes 23 de abril en la última reunión del plenario de la Eurocámara, “marque el fin de los plazos abusivos, que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, afectando su productividad y capacidad para generar empleo”. Ese reglamento, una vez que pase por el Parlamento Europeo y los estados miembros, será de obligado cumplimiento y establecerá un catálogo de sanciones para aquellas empresas que se excedan del plazo legal de 30 días o que sobrepasen los 60 en caso de necesidad de período de certificación. En opinión de Cañete, “establecer un marco sólido en cuanto a los plazos de pago mejorará, sin lugar a dudas, la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas”.
Otra de las grandes novedades que traerá el futuro reglamento será la prohibición de que los sectores con una posición de dominio de mercado o de monopolio puedan fijar o imponer condiciones abusivas de forma persistente. En la encuesta se muestra que el 62% de los proveedores firmó contratos comerciales que les imponían plazos de pago superiores a lo fijado en la ley y que pese a sufrir impagos de forma repetida, el 85% nunca exigió los intereses de demora y el 93% no reclamó la indemnización legal que la ley fija por costes de recobro en caso de retraso o impago. “Esto evidencia la falta de eficacia de una ley que no penalice su infracción”, recalcó Cañete, que incidió en la necesidad de crear un régimen sancionador dentro de ese nuevo reglamento.
Si los plazos de pago crecieron en el sector privado, la tendencia fue justamente la contraria en el sector público, ya que la media retrocedió en 12 días hasta situarse en 55 (en el mínimo histórico desde 2014), superando por mucho los 30 días de plazo máximo que fija la ley. Cañete alertó que la corrección vivida en 2023 puede cambiar sustancialmente este ejercicio. “La situación puede empeorar porque se reducen las aportaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, al estar destinándose parte del dinero a Telefónica [por la entrada de la SEPI en su capital]”.
En cualquier caso, el informe incide en los altos niveles de morosidad que aún persisten. El ratio de impagados, que mide el importe de facturas impagadas sobre el importe de las ventas, se situó en 2023 en un 5,1% del total, una décima más que en 2022, y el tercer nivel más elevado de la serie histórica iniciada en 2014. Ese porcentaje solo fue más alto en 2020, con un 5,4%, debido a la pandemia, y en 2014, cuando toco techo con un 5,7%.
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