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Argentina elige España como país piloto para exportar harina de soja libre de deforestación

El protocolo Visec proviene del reglamento de la UE sobre comercio de materias de zonas no degradadas. Los importadores pagarán los costes

Plantación de soja en la provincia de Buenos Aires.
Plantación de soja en la provincia de Buenos Aires.JuanCruzdF (Getty Images/iStockphoto)
Marta Yoldi

España es el país europeo elegido por el Gobierno argentino (decisión adoptada por el Ejecutivo presidido por el anterior presidente de la República, Alberto Fernández, y ratificada por el actual, Javier Milei) para llevar a cabo un ambicioso plan piloto: el proceso de certificación de que la harina de soja exportada a Europa procede de zonas libres de deforestación. Dicho proceso comenzó el pasado 19 de diciembre.

El país sudamericano es el primer exportador mundial de harina de soja, producto clave para la elaboración de pienso para animales. El 25% de las compras de la Unión Europea las realiza España. El valor anual de las ventas a Europa alcanza los 2.633 millones de euros, de los cuales 644 corresponden a España. El total de toneladas exportadas es de 6 millones al año (1,5 millones a territorio español). En nuestro país, prácticamente, no se cultiva soja, pero 759 empresas, que son pymes en su gran parte, la utilizan para fabricar pienso. Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), subraya que no es de extrañar la decisión del Gobierno argentino, puesto que “somos pioneros en cuanto a normativa en el sector porque somos los mayores productores en la UE de este producto”.

Trazabilidad

Dada la importancia de este comercio, el Ejecutivo argentino puso en marcha en 2019 la plataforma Visec (Visión Sectorial del Gran Chaco) que, aunque haga referencia a este inmenso espacio natural protegido, cubre todo el país. Visec es la respuesta al reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, que exige que la exportación de determinadas materias primas y productos asociados procedan de zonas libres de deforestación y degradación forestal. El periodo transitorio de esta norma finaliza en diciembre de 2024.

Con Visec se ha establecido un protocolo de trazabilidad que Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, explica que abarca toda la cadena de valor de la soja (producción, almacenamiento y procesamiento), mediante la vigilancia por satélite. Las imágenes tomadas sirven de base a un documento obligatorio que se inscribe en el Registro Nacional de Productos Agropecuarios (Renspa). Si se traslada la mercancía, se incluye toda la información en una carta de porte y el comprador debe verificar que tiene el protocolo Visec. “Así se garantiza la exportación”, asevera Idígoras, quien añade que el seguimiento se hace hasta el mismo barco de transporte y que toda la información se pone a disposición de los Gobiernos de los importadores, en este caso, del español.

La verificación se hace en toda la cadena de valor de la soja, desde la producción al viaje de la harina derivada

Para la carne, de la que Argentina vende al exterior 50 millones de toneladas anuales, además de productos derivados como el cuero, se hace una identificación individual de cada animal, ya que así lo demanda el reglamento comunitario. La prueba piloto de Visec se realizará en 2024 en Alemania, país que recibe el 60% del total de ventas a la UE. España compra el 3% del total.

Un aspecto muy importante de este proceso es que “los costes se cargarán al operador europeo”, según declara Idígoras. Por su parte, Diego Pazos, secretario general de la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales (Aecec), aclara que “se tiene que estudiar cuál será dicho coste por operador, pero, evidentemente, se le repercutirá al consumidor”. Jorge de Saja agrega que “se trata de un coste regulatorio, lo que se paga por cumplir la legislación. Y, si no se cumple, hay sanciones” cuyo régimen establecerán los Estados miembros.

Para las pruebas se han escogido siete empresas europeas, entre ellas, la española Vall Companys

Siete empresas del sector en Europa han sido elegidas para probar la puesta en marcha del reglamento. La española es Vall Companys, un grupo agroalimentario cuya sede central se encuentra en Lleida. “Somos el único operador de España acreditado en el registro internacional de compra de soja (RTRS)”, aseguran en la compañía. Vall Companys, que en 2022 facturó 3.000 millones de euros, “está en la parte final de la cadena de valor, ya que es cliente de una empresa importadora”. La prueba se está llevando a cabo del 18 de diciembre al 24 de enero de 2024 “y tiene como fin analizar los pasos que los diferentes actores deberán seguir”, concluyen.

Cultivos controlados

Riesgo escaso. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, informa de que el riesgo de deforestación en su país por el total de la producción de soja es, según estudios de diciembre de 2020, del 0,05%. En el Gran Chaco, el segundo gran pulmón verde de América Latina después de la Amazonia, es del 0,03%. Estos porcentajes suponen “que 6.442 habitantes incumplen el reglamento de la UE, mientras que 29.900 sí lo cumplen”.

Flujos del comercio. En los últimos años los flujos comerciales se están desplazando al sudeste asiático. Gustavo Idígoras señala que en los países de esta zona no hay una regulación estricta de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. 

Plataforma Visec. En la plataforma Visec intervienen grandes empresas como Bayer, bancos como Rabobank y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del medio ambiente. Las entidades bancarias participantes, en concreto, no conceden créditos a quienes no cumplen con las reglas de deforestación y degradación forestal. Unos 60.000 productores tienen acceso gratuito a esta plataforma. 

Consumo europeo. El Reglamento 2023/1115 expone que “el consumo de la Unión es un factor sumamente importante de la deforestación y degradación forestal en todo el mundo. La evaluación de impacto del presente reglamento estimó que, sin una intervención reguladora adecuada, el consumo y la producción en la Unión, por sí solos, de seis materias primas (ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, soja y madera) harían que de aquí a 2030 la deforestación aumentase aproximadamente 248.000 hectáreas cada año”.

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