La oposición económica a la investidura: quejas por los impuestos, la deuda y el diálogo social
Banca y energéticas lamentan seguir en el foco tributario mientras los sindicatos consideran que todo lo laboral debe negociarse
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afronta hoy y mañana un debate de investidura para quitar definitivamente el término en funciones de su cargo y ser reelegido. Con 179 escaños asegurados, la votación no corre peligro ante una oposición política que suma 171 diputados. Cosa muy distinta es la oposición económica al otro lado de la puerta de los leones tras los pactos consecutivos con Sumar, Bildu, ERC, BNG Junts y CC. La larga lista de medidas, muchas de ellas económicas, ha encontrado desde el rechazo frontal de la CEOE a ciertas dudas entre los sindicatos por alguna promesa que se saltaría las bases del diálogo social, sin olvidar a unas autonomías que no quieren ser menos en el reparto de la nueva financiación (sea la que sea). Estas son las reacciones recopiladas a las principales decisiones consensuadas:
Subidas de impuestos. Sánchez y Yolanda Díaz rubricaron el 24 de octubre el único de los acuerdos que explicita medidas tributarias. Repensar los impuestos temporales a la banca y energéticas y a las grandes fortunas se traduciría en mutarlos de temporales a definitivos. La idea provocó en apenas 48 horas la andanada más directa de un alto cargo del Ibex. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, aprovechó la presentación de resultados de la petrolera para advertir de que peligraban las inversiones en España.
Coste del despido. Las 230 medidas rubricadas por socialistas y Sumar dieron para mucho. Tanto que el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez-Llibre, ha llegado a comentar que este acuerdo es el que verdaderamente duele a los empresarios. La reforma del despido (o su abaratamiento) y la reducción de la jornada laboral a cuatro días son los dos estandartes de Díaz en esta legislatura, sin olvidar la entrada de los trabajadores en los órganos de decisión de las compañías. Los sindicatos aplauden este paquete sin fisuras.
Otras medidas sociales. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (ahora en 1.080 euros euros mensuales en 14 pagas) debe acercarse al objetivo del 60% del sueldo promedio nacional al que apuntan los organismos europeos. Esta línea cierra el círculo de propuestas estrella del futuro Gobierno de coalición y vuelve a quebrar en dos el diálogo social: los empresarios llevan años en contra de subidas radicales y los sindicatos quieren más.
Como más déficit y deuda generarán en las cuentas públicas la ampliación de las medidas extraordinarias de ayuda a los más desfavorecidos por la inflación. Es lo que dicen Banco de Espala o la AIREf, que consideran que debería replantearse su continuidad si se quiere empezar a embridar los grandes datos macroeconómicos al ritmo que parece que exigirá pronto Bruselas. De momento, el Gobierno pretende prolongar las ayudas al transporte y estudia cómo mantener el resto con condiciones.
Condonación de deuda. En el cruce de octubre con noviembre se cerró y firmó el segundo gran pacto del PSOE: con ERC (Bildu ya había anunciado que apoyaría a Sánchez sin ningún documento de por medio, sólo por el compromiso de “seguir avanzando en las políticas sociales”). Este apoyo de los republicanos vino con la gran condición de una renegociación del 20% de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado, en particular, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, unos 15.000 millones. De inmediato, todas las autonomías reclamaron un trato similar, a lo que el Ejecutivo en funciones ha contestado reiteradamente que todas tendrán su compensación, aunque no tan abultada como la catalana, la que más debe a las arcas públicas a cuenta de este mecanismo que se ideó en el último gabinete de Mariano Rajoy para rescatar a las CCAA de la crisis. Más allá de las críticas de favoritismo casi generalizadas, la agencia de calificación S&P supuso una excepción al dar un espaldarazo a la medida, si bien alertó de su “coste moral”. Los mercados tampoco se inmutaron, con lo que se entiende que la acatan y que no ven mayor riesgo.
Regreso de empresas. El antepenúltimo gran apoyo, el pasado jueves, vino de Junts, seguramente el menos económico de todos. PSOE e independentistas sólo se pusieron de acuerdo en lo económico que había que trazar un plan para que las casi 8.000 empresas catalanas que cambiaron su sede tras el procés vuelvan cuanto antes. Tanto la CEOE como la patronal catalana no ven mal el fondo ni la idea. Sin embargo, dudan de que haya un clima de estabilidad suficiente a día de hoy. “Voluntarista”, es como la define Antonio Garamendi (CEOE).
Seguridad Social. Finalmente, el gran pacto que quedaba con el PNV (con BNG y CC se plasmaron obras de infraestructuras y mejora de las respectivas financiaciones) tuvo un sesgo muy laboral. Y aquí el PSOE se ha topado con la reticiencia de UGT y CCOO, que consideran que esa prelación de los convenios vascos sobre los nacionales es materia del diálogo social y a ellos nadie les ha consultado. El traspaso de la gestión de la Seguridad Social tampoco convence a los agentes económicos y la potestad de decidir en las convocatorias propias de empleo ha dolido entre el funcionariado estatal.
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