Guía económica del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar: de ampliar impuestos a endurecer el despido
Empleo, vivienda, impuestos y energía marcan la hoja de ruta programática de PSOE y Sumar en un pacto que incluye 230 medidas
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, presentaron ayer un acuerdo de legislatura de 230 medidas con mucha carga laboral, social y fiscal sobre las empresas que rápidamente suscitó el fuerte rechazo de la patronal y el apoyo de los sindicatos.
El documento supone una continuación y revisión de lo que no hubo tiempo de abordar y aprobar en la pasada legislatura. La reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, la subida del salario mínimo y la regulación del despido “de conformidad con la Unión Europea”, avanzó la también responsable del Ministerio de Trabajo, será la gran triada del departamento que aún detenta en funciones. Sin olvidar la parte ambiental, con una medida de calado como limitar los vuelos cortos, y la fiscal, con una subida a los grandes grupos.
Fiscalidad
En materia de impuestos, PSOE y Sumar proponen continuar la senda de la pasada legislatura y mejorar la progresividad del sistema fiscal español para acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. Para ello, las dos formaciones pivotan sobre ejes como la imposición empresarial y patrimonial, centrando las subidas fiscales planteadas en las grandes compañías y en los contribuyentes de mayor riqueza.
Entre otras medidas, el próximo Gobierno se pone como objetivo alcanzar un tipo efectivo del 15% en el impuesto sobre sociedades, haciendo que las grandes empresas tributen sobre el resultado contable, es decir, los beneficios. El objetivo, avanzó Díaz, es aumentar los ingresos en 10.000 millones de euros.
En el IRPF, por su parte, PSOE y Sumar plantean mejorar la progresividad del impuesto y dar un trato más igualitario a las rentas del capital y las del trabajo, en línea con lo que el Gobierno de coalición ha venido desarrollando en la anterior legislatura. A raíz de las medidas puestas en marcha por la crisis energética y de precios, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero presentó hace casi dos años un paquete de medidas fiscales por el que aumentó ligeramente los tipos que se aplican en los tramos más elevados de las rentas del capital. Las superiores a los 200.000 euros pasaron del 26% al 27%. El tipo de las plusvalías por encima de los 300.000 euros, por su parte, se situó en el 28%. Por debajo, las tasas quedaron inalteradas. El documento firmado este martes por las dos formaciones sugiere continuar con esta senda.
Las formaciones lideradas por Sánchez y Díaz también aseguran que convertirán en permanentes los nuevos impuestos a banca y energéticas, con los que se recaudan en torno a 3.000 millones de euros anuales, aunque los reformularán. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”, reza el texto.
El acuerdo, sin embargo, es menos claro al hablar del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, cuya extensión o permanencia únicamente se evaluará. Esta figura, que Hacienda puso en marcha para anular las bonificaciones autonómicas en Patrimonio, dejó unos ingresos en 2022 de 623 millones de euros. El texto oficial parece relegar el futuro de este impuesto a la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de acabar con la competencia fiscal a la baja en figuras como Patrimonio
Financiación
Otro de los aspectos que toca el acuerdo, según dijo la vicepresidenta, es la reforma del sistema de financiación autonómica que nutre de recursos económicos a las 15 comunidades de régimen común para que estas puedan costear los servicios públicos indispensables. El sistema vigente se aprobó en el año 2009 con vistas a reformarse en 2014. Sin embargo, el rediseño no llegó y a día de hoy adolece de varias fallas. “La nueva financiación autonómica corregirá la infrafinanciación de comunidades como la valenciana”, aseveró Díaz, si bien cabe recordar que este es uno de los temas candentes en las negociaciones con los partidos independentistas catalanes.
Laboral
Es el gran protagonista del acuerdo entre PSOE y Sumar, con la reducción de la jornada y el endurecimiento del despido, dos puntos en los que insistió Díaz durante la pasada legislatura, como gran objetivo a lograr. Pese a las insistencias de Sumar –y en concreto de la vicepresidenta– para regularizar y limitar las desvinculaciones, el pacto solo recoge que se dará cumplimiento a la Carta Social Europea “reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.
La jornada máxima legal se reducirá hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal “teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.
Asimismo, PSOE y Sumar se comprometen a impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países del entorno español. En lo que respecta al SMI, garantizan que seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará “acompasado al 60% del salario medio”.
Las partes han rubricado además su compromiso de aprobar una Ley de Usos del Tiempo, otra de impulso a la Economía Social, y el Estatuto del Becario, que quedaron pendientes en la anterior legislatura.
Los dos socios han acordado también impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en el ámbito de decisión de sus respectivas empresas, otra vieja reivindicación del equipo de Díaz que tampoco pudo desarrollarse en la pasada legislatura.
Vivienda
En materia de vivienda, además del objetivo de alcanzar un parque público del 20%, el pacto promete el desarrollo de la ley de vivienda, aplicando de forma inmediata las limitaciones del alquiler en las zonas tensionadas, así como desarrollar la regulación de los pisos turísticos “para que las ciudades sean para vivir y no para especular”. El parque público se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de casas existentes, de nueva construcción, movilizando la vivienda vacía y haciendo uso de las propiedades de la Sareb.
La ley de vivienda fue consensuada definitivamente el pasado mes de abril. Sin embargo, la limitación de los alquileres, una de las medidas estrella, quedó en el aire hasta el año 2025, cuando entrará a funcionar un índice que todavía debe desarrollarse y que los dos socios de Gobierno quieren acelerar. Durante 2023 y 2024, las subidas están acotadas por ley al 2% y el 3%, respectivamente.
Además, se ampliará de los 29.400 euros hasta los 37.800 euros el umbral para acceder a las medidas de apoyo para quienes se han visto afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas.
El documento presentado también habla de consolidar a largo plazo el bono del alquiler joven para facilitar el acceso al arrendamiento asequible, ampliando la financiación, y revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas, algo en lo que insistió Unidas Podemos en la legislatura pasada y que no consiguió colocar en la ley de vivienda.
Energía y transporte
El acuerdo firmado este martes recoge una limitación de los vuelos cortos siempre que haya alternativa en tren de menos de dos horas y media y salvo en los trayectos internacionales, aunque sin precisar calendario y alcance real. Además, se extenderá a 2024 la gratuidad del transporte de cercanías y las bonificaciones de media distancia, vigentes desde septiembre de 2022. Ambas bancadas han acordado que esta ayuda sea permanente para “determinados colectivos”, con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local. El transporte de cercanías y media distancia en tren está bonificado al 100% desde septiembre del año pasado, para tratar de compensar el fuerte aumento de la inflación que se produjo tras el inicio de la guerra en Ucrania. En ese mismo paquete se aprobó una bonificación del 50% en los trenes Avant y Alvia para viajeros frecuentes.
También se contempla la creación de la Comisión Nacional de Energía y el despliegue de la estrategia contra la pobreza energética “reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables”, aunque no especifican el eje de actuación. La última acción de este tipo se tomó en 2022 con los bonos eléctricos y térmicos para aquellas familias cuya renta en conjunto estaba en torno a los 28.000 euros.
Se confirma además el cierre de las nucleares, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035.
Seguridad Social
En materia de Seguridad Social, el texto recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad. PSOE y Sumar se comprometen a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a continuar aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas y a avanzar y progresar en la eliminación de la brecha de género de las pensiones.
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