El PSOE y Junts cierran su acuerdo y promoverán el regreso a Cataluña de las empresas
Los dos partidos acuerdan abrir un debate para que se reconozca “la singularidad” catalana en la financiación y cesión de impuestos
El PSOE y Junts también han abierto un canal de negociación en materia económica dentro de su acuerdo alcanzado esta madrugada: y en ese apartado, el regreso de las empresas que cambiaron su sede social de Cataluña a otros territorios españoles tras la tensión del 1-O y la declaración unilateral de independencia ocupa un lugar prioritario. “Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”, reza el acuerdo firmado por socialistas e independentistas este jueves.
Fue una de las mayores cicatrices económicas, e incluso emocionales, del procés y la tensión social y política que ocasionó, con los casos más sintomáticos plasmados en la gran banca: Caixabank, que se mudó de Barcelona a Valencia, y Banco Sabadell, a Alicante. Pero no fueron las únicas; también decidieron alejarse del ambiente enrarecido en las calles y en las instituciones Gas Natural, Naturgy Cellnex, Agbar o Colonial, entre otras muchas miles sociedades de mediano y pequeño tamaño. Más allá de la crispación, la incertidumbre económica jugó un papel protagonista en las decisiones empresariales: los bancos sufrían fuga de depósitos, mercados y accionistas se inquietaban por la inestabilidad general y la opción de que una eventual independencia terminase con Cataluña fuera del euro conformaron una combinación de miedos demasiado difícil de conjurar. Por todo ello, y por lo que tiene de importante recuperar su gran tejido empresarial y confianza económica, ahora es uno de los elementos básicos del acuerdo que buscarán ambas formaciones en el marco de permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
De momento, las grandes empresas afectadas prefieren no pronunciarse en público sobre el pacto y se limitan a contestar que prefieren ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas y a contar con más información. En privado, sin embargo, otras fuentes no descartan nada y abren la puerta al regreso en función de que se logren ciertas garantías de estabilidad. Desde CaixaBank se remiten por ahora a las declaraciones de Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad financiera, en cada rueda de prensa de presentación de resultados. “Le han preguntado en todas y en todas ha respondido lo mismo: que la empresa se trasladó con carácter permanente”, recalcan desde la entidad, conscientes también de que esas declaraciones se produjeron en un contexto diferente al que se abre desde esta mañana con el acuerdo entre Junts y PSOE. Sabadell declina valorar el posible alcance del acuerdo, al igual que Cellnex.
Por su parte, la patronal catalana, Foment del Treball, ha celebrado este aspecto del acuerdo. En un comunicado, ha añadido que “la condición necesaria para el retorno de las empresas” a Cataluña es la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en la necesidad del retorno de estas compañías “porque es en Cataluña donde deben estar”.
La prudencia está justificada, toda vez que el pacto firmado es más una hoja de ruta de una negociación que un listado de compromisos compartidos. De hecho, se especifica lo que cada una de las partes llevarán a una primera cita, que se fija para este mismo mes de noviembre. En lo económico, y además de la promesa de atraer de nuevo a las empresas, PSOE y Junts ahondarán en lo que se ha denominado por ambas partes como “singularidad” de Cataluña en materia de financiación y de impuestos.
En este sentido, Junts “propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Por su lado, el PSOE “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña”.
A diferencia del acuerdo con ERC, en el que PSOE puso cifras a la letra pequeña del pacto, en este caso PSOE y Junts reconocen “sus profundas discrepancias” y “desconfianzas mutuas” y, por tanto, prefieren ir paso a paso y no cerrar un acuerdo más programático y concreto como con otras formaciones parlamentarias. Es más, hablan de “complejidad” y de “obstáculos” para la resolución del conflicto, porque mientras que Junts considera “legítimo” el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE “niega toda legalidad y validez” al referéndum y “a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”.
Por lo tanto, lo único en lo que coinciden en materia de financiación PSOE y Junts con la letra del acuerdo en la mano es en que Cataluña aspira a una “singularidad” en este terreno. Los catalanes insisten en que la solución de la infrafinanciación histórica que han sufrido -siempre según ellos- sólo se logrará con una gestión total de los impuestos. Desde Ferraz se responde que se estudiará cómo mejorar esta situación. Ambas posturas, de momento lo más equidistante posible dentro de la trayectoria de cada formación, serán las que tendrán que aproximarse a partir de ahora.
Aun así, tanto el PSOE como Junts muestran su vocación de seguir dialogando y consideran que se pueden alcanzar acuerdos importantes “sin renunciar a las respectivas posiciones”, y, para su consecución, las partes han acordado dotarse de un mecanismo “internacional” para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.
Autodeterminación y amnistía
En concreto, el acuerdo recoge que en esa primera reunión se planteará que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya “y amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Al otro lado de la mesa de negociación, el PSOE defenderá el “amplio” desarrollo, a través de los mecanismo jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña.
En cuanto a otro de los grandes focos políticos, la amnistía, el acuerdo de socialistas e independentistas incluye una ley para los implicados en el procés y que además admite casos de lawfare. “Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, señala el acuerdo.
Asimismo señalan que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta para la aplicación de la ley “en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Esta es una exigencia de Junts que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometido delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrrás o el colaborador del expresidente catalán , Carles Puigdemont, José Luis Alay, recuerda Ep.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
