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PSOE y Sumar cierran un pacto de Gobierno con reducción de jornada laboral y reforma fiscal

Las dos formaciones acuerdan un paquete de medidas con regulación del despido, reforma de la financiación autonómica y desarrollo de Ley de Vivienda

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.Claudio Álvarez

El PSOE y Sumar ya tienen su plan de Gobierno para aplicar si la investidura de Pedro Sánchez sale adelante. Ambas formaciones han cerrado este martes un acuerdo programático para formar un nuevo Ejecutivo de coalición (que no es exactamente una reedición por la pérdida de peso e influencia de Podemos) y que incluye un amplio paquete laboral, con la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y la regulación del despido como grandes medidas, así como una reforma fiscal que siga gravando a la banca y a las energéticas y la reforma de la financiación autonómica.

PSOE y Sumar han informado en un comunicado de este acuerdo, que se ha logrado después de que quedara prácticamente ultimado en una reunión que celebraron el lunes Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y apenas unas horas después de que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, descartase la reducción de jornada como cuestión prioritaria y lo relegara al diálogo social. Por su parte, Díaz logra introducir en el pacto prácticamente todas las medidas que había reclamado desde la celebración de las elecciones e incluso llevado en su programa electoral.

El pacto servirá, según ambas formaciones, para una legislatura de cuatro años y permitirá a España “seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades”, según el comunicado conjunto.

Añaden que el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura será una prioridad, y entre otras medidas relevantes incluye “ambiciosos avances” en materia laboral como la reducción de jornada sin reducción salarial, la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil y el refuerzo del sistema público de salud para reducir las listas de espera. En cuanto a lo primero, el pacto contempla que se pase de las 40 horas actuales a 38,5 en 2024, para alcanzar las 37,5 al año siguiente.

También apuestan por el aumento del parque público de vivienda, algo que ya contempla la ley de vivienda pero que se limita a a las áreas tensionadas. Aunque ninguno de los partidos ha especificado por el momento los alcances de esta medida, cabe recordar que en su programa electoral, Sumar ya señalaba el desarrollo de una normativa específica para que en el suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida, mientras que el PSOE tenía el ojo puesto en alcanzar el 20% de vivienda pública en régimen de alquiler en los próximos años. En cualquier caso, es una de las grandes problemáticas a resolver; España es uno de los países europeos con un menor parque social de vivienda y casi por unanimidad los expertos lo consideran el factor clave para mejorar la accesibilidad a los alquileres.

Por otra parte, el documento recoge la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y la universalización de la educación de 0 a 3 años, con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura.

Además, habla de una “una reforma fiscal justa” que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. Este punto hace referencia directa al impuesto temporal que se aprobó en diciembre de 2022 para financiar las medidas anticrisis desplegadas por la guerra en Ucrania, y que Yolanda Díaz ha insistido en que debe hacerse permanente. De hacerse realidad, engordarían de manera notoria las arcas del Estado, pues en los dos años de su puesta en marcha la recaudación asciende a 3.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo.

De momento, no se conocen más detalles sobre esta reforma tributaria, una de las grandes apuestas de la pasada legislatura que incluso contó con un grupo de expertos para analizar la situación y proponer medidas, pero cuya ejecución quedó en el aire. Tampoco se señala en el documento qué ocurrirá con el paquete de ayudas fiscales a la energía y a la alimentación que expirará el próximo 31 de diciembre y cuyo coste para las arcas públicas supera los 5.000 millones al año. Díaz defendía ser prudente con una retirada demasiado temprana y desde el Gobierno se insiste en que se analizará hasta el final su viabilidad y una reformulación.

Sumar ha informado de que a esos asuntos recogidos en el comunicado conjunto se añade la derogación de la ley mordaza, la reforma de la financiación territorial, el desarrollo de la ley de vivienda para la regulación de los alquileres, la subida del salario mínimo para que no se pierda poder adquisitivo y una ley de cuidados.

Recta final hacia la investidura

Las dos formaciones resaltan que han estado negociando desde julio y que han logrado el acuerdo antes del plazo que se dieron para lograrlo. Con este pacto consideran que se da respuesta al “claro mensaje” que lanzó la ciudadanía en las elecciones del 23 de julio: “El rechazo a un Gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades”.

PSOE y Sumar aspiraban a culminar el acuerdo antes de que acabase octubre, y las agendas de Sánchez y Díaz obligaba a acelerar la negociación. El contenido del acuerdo es programático y no entra en cuestiones como la estructura que tendría el nuevo Ejecutivo o el reparto de carteras entre los socios, asuntos que se abordarán más adelante. Tampoco abordan la posible prolongación de las ayudas anticrisis, que tienen por fecha de caducidad el próximo 31 de diciembre, ni la condonación de la deuda autonómica, una de las exigencias de las fuerzas soberanistas catalanas para revalidar Gobierno.

Tanto los órganos del PSOE como los militantes de este partido deberán avalar el pacto al que se ha llegado con Sumar. Desde antes de las elecciones se han venido sucediendo los mensajes de Sánchez y de Díaz a favor de reeditar el Gobierno de coalición.

Ambos líderes se reunieron en el Congreso el pasado 4 de octubre dentro de la ronda de contactos para su investidura que protagonizó el candidato socialista después de que fracasara en su intento el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En esa reunión acordaron acelerar las negociaciones para lograr el acuerdo, que fueron desarrolladas por sus equipos respectivos encabezados por la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en nombre de Sumar.

Cerrada ya esta fase de la negociación, Sánchez debe conseguir ahora el apoyo de otros partidos a su investidura y el principal obstáculo sigue siendo el respaldo de los independentistas catalanes. La amnistía continúa estando en el centro de esas conversaciones y, pese a las dificultades, tanto en Moncloa como en Ferraz mantienen el optimismo ante el objetivo del candidato socialista.

Sánchez tiene como fecha límite el 27 de noviembre para ser investido. De no conseguirlo, se convocarán elecciones generales que se celebrarían el 14 de enero.

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