Madrid recuperará Patrimonio para las grandes riquezas pero prepara rebajas fiscales para resarcirlas
Modificará el impuesto para que afecte a los contribuyentes con más de 3,7 millones de riqueza
La Comunidad de Madrid, el gran adversario del Ministerio de Hacienda en materia fiscal, prepara un nuevo golpe tributario y político tras el revés que ha dado este martes el Tribunal Constitucional al confirmar su aval al impuesto temporal sobre las grandes fortunas. El máximo intérprete de la Constitución, como venía barruntándose desde hace semanas, ha dado su visto bueno oficial al gravamen temporal diseñado por el Gobierno central para anular las bonificaciones al 100% que Madrid y otros territorios aplican sobre el impuesto sobre el patrimonio. Rápidamente, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que tramitará de urgencia una nueva ley que le permita recaudar el impuesto a las grandes fortunas para que los ingresos se queden “en las arcas madrileñas”.
Según avanzan fuentes del Ejecutivo de Díaz Ayuso, se va a articular “una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio”. Al mismo tiempo, los contribuyentes no afectados por el impuesto de solidaridad seguirán sin pagar el tributo original.
Es decir, Madrid prepara un cambio normativo para hacerse con los ingresos que, de otra manera, irían a parar al Gobierno central. A su vez, los altos patrimonios que se sitúan por debajo del umbral por el que empieza a funcionar el nuevo tributo seguirán sin pagar nada.
Cabe recordar que el impuesto sobre el patrimonio es un gravamen de naturaleza estatal cuya gestión e ingresos están cedidos a las comunidades autónomas. Madrid lleva años aplicando un descuento del 100%, lo que implica que ningún alto contribuyente paga por esta figura. En este contexto, Hacienda impulsó un impuesto temporal que en la práctica afecta a los patrimonios con 3,7 millones de euros y cuya recaudación termina en las arcas del Estado. Esto es lo que ha motivado al Gobierno de Díaz Ayuso a trabajar en un cambio normativo que haga que el dinero que recibe Hacienda por el nuevo gravamen vaya a parar directamente a la Puerta del Sol. Desde Madrid, de hecho, insisten en que “no reestablecemos Patrimonio”. “Hacemos las modificaciones legales oportunas para que Pedro Sánchez no se quede el dinero de los madrileños”. En este caso, “modificamos la bonificación de Patrimonio o la que sea necesario, pero no restablecemos un tributo en el que no creemos”. Todo ello, añaden, estará acompañado de “nuevas rebajas fiscales” con el objetivo de que el dinero “revierta a los contribuyentes madrileños”.
Una de las fórmulas que se estudian, según expertos consultados, es una compensación a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Esta suerte de recompensa se articularía a través de una nueva deducción que operaría en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, de tal manera que los altos patrimonios que tribuyen por su riqueza reciban una contraprestación a través del IRPF. La Comunidad de Madrid asegura que todavía no hay nada decidido. Únicamente se “están estudiando nuevas rebajas fiscales”.
Según los datos publicados por Hacienda en septiembre, el nuevo impuesto recaudó en 2022, en su primer año de aplicación, un total de 623,6 millones de euros provenientes de 12.010 grandes patrimonios de todo el país. De todos ellos, 10.302 (el 85%) estaban afincados en la región central y pagaron 555 millones, el 89% del conjunto de los ingresos. Por todo ello, según ha remarcado este martes Díaz Ayuso, el nuevo gravamen va “contra el patrimonio, el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño”. “Evidentemente no vamos a quedarnos parados”.
Según los últimos datos estadísticos del impuesto sobre el Patrimonio, en este caso de la Agencia Tributaria y correspondientes a 2021, en Madrid hay casi 20.000 fortunas que declaran por su riqueza y abonan un total de cero euros gracias a la bonificación del 100%, por la que se pierden unos 1.200 millones de euros en ingresos.
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