La mitad de los ricos de Madrid logra escapar del nuevo impuesto sobre las grandes fortunas

El gravamen de solidaridad recauda 623 millones en conjunto, con Madrid, Andalucía y Galicia aportando más del 95% de los ingresos

Belén Trincado Aznar

La mitad de los ricos de la Comunidad de Madrid se libró de pagar el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas en 2022, el primer año de aplicación. En la región central, según los criterios que marca el gravamen sobre el patrimonio y que sirven de base para tener una radiografía de este tipo de perfiles, hay un universo de aproximadamente 20.000 altos contribuyentes que deben declarar anualmente por su riqueza. Sin embargo, de todos ellos, poco más del 50% tuvieron que abonar el nuevo tributo, una diferencia que se explica por el diseño de las dos tasas.

El Ministerio de Hacienda, según los datos publicados ayer, recaudó durante el pasado ejercicio con esta novedosa figura un total de 623,6 millones de euros provenientes de 12.010 grandes patrimonios de todo el país. De todos ellos, 10.302 (el 85%) estaban afincados en la región central y pagaron 555 millones, el 89% del conjunto de los ingresos. Sin embargo, pese al indudable peso que tiene en estas cifras la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, los datos oficiales de la Agencia Tributaria muestran que no todos los ricos de la región se vieron afectados por la nueva figura.

El impuesto sobre las grandes fortunas fue diseñado por el Gobierno central para contrarrestar las bonificaciones del 100% que varias regiones –como Madrid desde 2011 y Andalucía desde 2022– aplican sobre Patrimonio, el gravamen original. En 2021, último año con cifras disponibles para este último, en Madrid había casi 19.000 fortunas que declararon por su riqueza, abonando un total de cero euros gracias a la bonificación total. Y un año después, ya con el nuevo tributo en marcha, únicamente la mitad ha tenido que pagar por la nueva figura.

Algo similar ha sucedido en Andalucía, la otra región que a día de hoy tiene descuentos totales. En 2021, cuando el impuesto de patrimonio seguía vigente en la Junta, unos 17.700 altos contribuyentes declararon por su riqueza y abonaron 107 millones de euros. En 2022, ya con la bonificación del 100% en Patrimonio y con el gravamen de solidaridad en marcha, tan solo 856 ricos andaluces tuvieron que pagar, llegando en conjunto a los 29,7 millones.

Todas estas divergencias se explican por la letra pequeña de cada uno de los dos gravámenes. A grandes rasgos, según explican fuentes tributarias, deben declarar por Patrimonio los contribuyentes con una riqueza neta superior al millón de euros (700.000 euros y 300.000 euros de la primera vivienda). Sin embargo, el impuesto de solidaridad es de aplicación a riquezas a partir de los 3,7 millones (3 millones con 700.000 euros exentos).

Es decir, añaden estas fuentes, en aquellas regiones que bonifican en su totalidad la figura original hay una cantidad notable de altos contribuyentes que se mueven entre el umbral mínimo para declarar Patrimonio y el suelo necesario para entrar en el grupo objetivo afectado por el tributo sobre las grandes fortunas. Son estos perfiles (los menos ricos de los ricos) los que se libran de pagar uno y otro impuesto en las comunidades con descuentos totales. Las cifras, en paralelo, también ofrecen segundas derivadas y confirman, por ejemplo, que en Madrid hay un volumen muchísimo mayor de altísimos patrimonios en comparación con el resto de autonomías. En Andalucía, poco más de 800 personas superan los 3,7 millones necesarios para abonar la tasa de solidaridad frente a las 10.000 del territorio central.

Los datos publicados ayer por Hacienda, contextualizados de nuevo con la radiografía que muestra la estadística de Patrimonio, también reflejan que hay liquidantes del nuevo tributo que están afincados en comunidades en las que el impuesto original sigue vigente, algo que se explica, apuntan las mismas fuentes, porque las tarifas del nuevo gravamen son algo mayores a las autonómicas. Cabe recordar que esta figura contempla tres tipos impositivos: uno del 1,7% para los ricos que oscilen entre 3,7 y 5 millones de euros; otro del 2,1% en el caso de los patrimonios de entre 5 millones y 10 millones, y otro del 3,5% para los que superen los 10 millones. Como en algunos territorios los tipos aplicados son algo menores, los obligados tributarios deben abonar la diferencia.

Con todo, el grueso de la recaudación de la nueva figura (que en un principio se esperaba que llegase a los 1.500 millones de euros) procede de los territorios que bonifican total o parcialmente el impuesto original. Al 89% que aporta Madrid se le suman el 4,8% de Andalucía, la otra región con una bonificación total. Otro 1,6% de los ingresos viene de Galicia, que lo reduce en un 50%, y otro 4,2% de los contribuyentes no residentes. El resto de territorios, a excepción de los 2 millones de euros que se ingresan desde Cataluña, aporta cuantías meramente simbólicas: Canarias, Extremadura, La Rioja y las dos Castillas aportan en conjunto 20 altos contribuyentes.

Según explicó ayer Hacienda, los 12.010 grandes patrimonios afectados, que han pagado una cuota media de 52.000 euros, apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España. El departamento que dirige María Jesús Montero también defiende que las cifras de recaudación son consecuentes con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio alcanzaba los 1.500 millones, “bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio”. Otros expertos fiscales, por su parte, achacan la rebaja de ingresos a un error de diseño. La recaudación total por ambas figura, añade Hacienda, asciende en 2023 a más de 1.868 millones de euros.

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