Cataluña afronta el pago de 32.000 millones de deuda en la próxima legislatura
La Generalitat debe hacer frente a 8.000 millones de euros cada año en pleno debate sobre la condonación del pasivo autonómico
Las elecciones generales del pasado 23 de julio dejaron en España un panorama de incertidumbre política en el que prácticamente hará falta hacer malabares para encontrar la llave de la gobernabilidad. En este contexto, los ajustados resultados que salieron de las urnas han llevado a los partidos soberanistas catalanes a conseguir un papel clave en la futura formación de Gobierno, poniendo sobre la mesa una serie de reivindicaciones que, en el plano económico, pasan principalmente por la condonación de la deuda que la autonomía tiene con el Estado. Las cifras dan pie a construir todo este relato de exigencias. Tan solo en los cuatro años de legislatura del eventual futuro Gobierno, la Generalitat afrontaría el pago de casi 32.000 millones de euros en deuda, una cifra en la que tiene un protagonismo indudable el pasivo que la región debe al Estado, y del que las fuerzas independentistas quieren poder librarse.
Según muestran las cifras del último plan para inversores presentado por el Gobierno catalán, la región se enfrenta al vencimiento de 7.988 millones de euros en 2024, de 7.828 millones en 2025, de 7.978 millones un ejercicio después y de otros 8.097 millones de euros en 2027. En total, 31.891 millones de euros, la cifra más alta, con muchísima diferencia, de todas las comunidades autónomas. De esta cantidad, la práctica totalidad –unos 29.000 millones– corresponde a los diferentes mecanismos de liquidez promovidos por el Estado, entre los que se encuentra, por ejemplo, el conocido como Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras basta con mirar los números que las otras tres mayores economías del país han dejado reflejados en sus respectivos planes para inversores. La Comunidad Valenciana, la segunda que más deuda conjunta atesora, se enfrentaría al pago a lo largo del mismo periodo de casi 25.000 millones. Tras ella estarían Andalucía, con el vencimiento de 13.870 millones de todo tipo de deuda, y Madrid, con apenas 11.400 millones, casi tres veces menos que la Generalitat catalana.
La posible condonación de la deuda, por ello, promete convertirse en uno de los grandes caballos de batalla de las negociaciones que el actual Gobierno en funciones mantendrá con las fuerzas soberanistas catalanas para intentar revalidar Ejecutivo. Entre otras cuestiones relevantes, los flecos pasarán por ver qué fondos se condonan, ya que previsiblemente todas las cantidades perdonadas a los gobiernos autonómicos tendrán que ser asumidas por el Estado.
Este matiz no es baladí. Las regiones de España deben al Estado en conjunto unos 187.000 millones de euros a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, según los últimos datos del Banco de España que los propios territorios incluyen en sus respectivos planes. De esta cantidad, más de 71.800 millones, casi el 40% del total, corresponden exclusivamente a Cataluña.
A gran distancia se encuentran la Comunidad Valenciana, con 46.000 millones (el 25%), y Andalucía, que suma 25.200 millones, el 13%. La Comunidad de Madrid, al igual que otras regiones como País Vasco o Navarra, no mantiene ningún tipo de obligación a través de este instrumento. Otras como La Rioja, Asturias, Canarias o Castilla y León se mantienen por debajo de los 2.000 millones de euros.
Por todo ello, es de prever que la posible petición de las fuerzas soberanistas, una vez que se formalice, cause rechazo entre el resto de las regiones. Por el momento, las quejas han llegado principalmente de aquellos territorios que no tienen deuda con el Estado, pero también de otros que han ido reduciendo sus niveles de pasivo año tras año o de aquellos en los que lo contraído supone un pequeñísimo porcentaje sobre su producto interior bruto (PIB).
Lo cierto es que a lo largo de los últimos años la deuda que Cataluña mantiene con el Estado no ha hecho más que engordar. Según muestran los datos del propio plan para inversores de la Generalitat, el FLA creció entre 2012 y 2021 a un total de 216.975 millones de euros repartidos entre todos los territorios, de los que 77.343 millones fueron a parar exclusivamente a Cataluña, el 35%.
La Generalitat también se llevó la mayor parte de los 70.000 millones que nutrieron al Fondo de Facilidad Financiera entre 2015 y 2021: casi 20.000 millones, el 28%. La tendencia continuó en 2022, de nuevo de la mano del FLA. De los 28.000 millones del conjunto de autonomías, 12.600 millones (el 43%) fueron a parar a Barcelona. Y lo mismo ha sucedido en 2023. Cataluña debe 5.400 millones de los 12.600 millones provenientes del FLA, con datos disponibles hasta el 20 de marzo.
Negociación
La posible condonación de la deuda autonómica tiene un sinfín de aristas y posibles consecuencias. De entrada, parece obvio que la negociación tendría que incluir al conjunto de territorios a fin de evitar posibles agravios comparativos y prebendas que puedan beneficiar a unos en perjuicio de otros. El problema que han puesto varias regiones sobre la mesa es que las cantidades contraídas a través del FLA entre unas y otras están en ocasiones a años luz.
A los pocos días de las elecciones del 23J, y antes del parón vacacional que trajo agosto, la ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE, María Jesús Montero, aseguró que todavía era “precipitado” hablar de condonar una parte de la deuda catalana a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. “Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa”, dijo.
Por el momento, según trasladan fuentes del Gobierno, se están estudiando diferentes posibilidades, aunque todavía no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Una de las opciones es perdonar tan solo una parte del endeudamiento, si bien faltaría determinar si esta exención se lleva a cabo mediante una serie de porcentajes concretos por territorio o si, por el contrario, es lineal.
El debate sobre la posible condonación de la deuda está íntimamente relacionado a su vez con la posible reforma del sistema de financiación autonómica para actualizar un modelo que lleva caducado casi 10 años. De este esquema, que reparte una serie de recursos económicos entre las regiones de régimen común para que puedan costear los servicios básicos indispensables, es duramente criticado por territorios como Cataluña, que se queja de que recibe menos de lo que aporta. La semana pasada, ya con el nuevo curso en marcha, Montero avanzó que la reforma del sistema será “prioritaria” en la próxima legislatura y que desde el Gobierno se dará un “impulso” a las negociaciones. El gran reto, que no pudo lograrse en la legislatura anterior, es poner de acuerdo a 15 territorios que intentan remar hacia su casa para obtener las mejores cifras posibles.
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