La inflación obliga a los países a subir los impuestos empresariales por primera vez desde 2015
Solo el 43% de los países tienen un tipo empresarial superior al 25% frente al 75% del año 2000, según constata la OCDE
La crisis inflacionista desatada a raíz de la recuperación de la normalidad tras la pandemia y del estallido de la guerra en Ucrania rompió de lleno con la tendencia global de bajada de impuestos empresariales que llevaba produciéndose desde hace décadas. Así lo constata la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe Reformas de la política fiscal 2023, publicado ayer. La caída de la imposición empresarial “pareció estabilizarse en 2022 tras una caída constante durante las últimas décadas”, explica el organismo con sede en París. “Por primera vez desde 2015″ –cuando se publicó el primero de estos informes– “las jurisdicciones anunciaron o legislaron más aumentos que reducciones” en estas figuras, añade.
Para ilustrar la dinámica que llevaba produciéndose desde hace años alrededor de todo el mundo, la OCDE constata que en el año 2000 había 72 países (de un total de 114 analizados) con tasas empresariales iguales o superiores al 30%, mientras que únicamente 10 jurisdicciones las tenían del 10% o inferiores. Más de dos décadas después, en el ejercicio 2022, el grupo de territorios que registraban los mayores tipos cayó drásticamente hasta un total de 18 países, perdiendo 54 miembros. Por el contrario, aquellas zonas con tipos inferiores al 10% se multiplicaron por dos, hasta la veintena.
Es decir, si en el ejercicio 2000 más del 75% de las 114 jurisdicciones analizadas registraba tasas empresariales superiores al 25%, en 2022 la proporción se situó en el 43%. Las subidas fiscales del último año, por ello, han contribuido a frenar la sangría, pero no a revertir la tendencia. De hecho, según constata la OCDE, en estos 114 países las tasas combinadas de los impuestos empresariales, es decir, la suma de los gravámenes del gobierno central (estatales) y los gobiernos subcentrales (autonómicos), disminuyeron en 22 años desde el 28% al 20%.
Estos aumentos en la fiscalidad empresarial a lo largo de los últimos meses se han producido principalmente como consecuencia de la crisis inflacionista, que ha obligado a los gobiernos a diseñar una batería de medidas destinada a contrarrestar el aumento del gasto público.
Además, recuerda el organismo que preside Mathias Cormann, hay que sumar a la ecuación los movimientos que muchas jurisdicciones han iniciado de cara a la implementación de la tasa mínima en Sociedades que está negociándose en el marco de la OCDE para fijar impuestos empresariales mínimos del 15% y que las multinacionales tributen siempre en aquellos territorios en los que generan parte de su negocio.
Tasas extraordinarias
En su análisis, la OCDE realiza un recorrido exhaustivo por los impuestos temporales que muchos países han puesto en marcha para gravar los conocidos como beneficios caídos del cielo, es decir, aquellos producidos de forma extraordinaria debido a una coyuntura económica atípica. Todas estas figuras, que han sido concebidas como tasas temporales o gravámenes de solidaridad, se han concentrado casi exclusivamente en el sector energético, desde productores de electricidad hasta comercializadores de combustibles fósiles. Son impuestos poco comunes en la historia reciente, “pero se introdujeron de forma excepcional con el fin de recaudar ingresos para gastos fiscales adicionales, limitar las desigualdades y fortalecer la cohesión social”.
El documento, en concreto, ha analizado en profundidad un total de 36 países, entre los que se incluye España. De todos ellos, una veintena larga introdujo algún tipo de gravamen extraordinario. Sin embargo, al analizar la letra pequeña, el diseño de todas estas figuras difiere entre territorios. Por ejemplo, la mayoría de gobiernos actuó en mayor o menor grado sobre los beneficios y sobre el sector energético. España, sin embargo, lo hizo sobre los ingresos y también incluyó al bancario.
De los países europeos, Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Eslovenia, Grecia y Reino Unido, entre otros, implementaron gravámenes sobre las ganancias. El único país de la Unión que puso en marcha impuestos sobre los ingresos y sobre los intereses netos de energéticas y entidades bancarias, respectivamente, fue España.
En este punto, la OCDE apunta que, “en teoría”, gravar una renta puramente económica no debería tener ningún efecto perjudicial sobre la inversión u otras opciones de producción, siempre que el impuesto “esté bien diseñado”. Sin embargo, recuerda, existen varios desafíos conceptuales, administrativos y prácticos. De hecho, si las figuras están mal planteadas “pueden no apuntar a las rentas económicas e impactar negativamente en la inversión y la certidumbre”.
Además de la fiscalidad empresarial, la OCDE también constata que la mayor parte de los países impulsó en paralelo cambios en tributos como el de la renta. Las reformas se basaron, por un lado, en un aumento de los tipos más elevados que afectan a los mayores tramos de ingresos. Por el otro, se pusieron sobre la mesa rebajas pensadas para estrechar la protección sobre los hogares vulnerables. El organismo destaca, entre otros, el caso de España y la extensión de la reducción por rendimientos del trabajo a las rentas de hasta 21.000 euros al año.
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