Los tres flancos económicos para engrasar el pacto con catalanes y vascos
Las demandas de los partidos nacionalistas pasan por la cesión de infraestructuras, la condonación de la deuda, reformas fiscales y la gestión de la Seguridad Social
El traspaso de competencias y la financiación autonómica pasaron de largo por la última campaña electoral. En aquel momento, las encuestas daban a la unión del PP y Vox mayoría más que suficiente para formar un Gobierno que, previsiblemente, relegaría a los partidos periféricos. No obstante, la aritmética resultó ser menos beneficiosa para la derecha y más para los partidos catalanes y vascos que, merced a su renovada importancia, han devuelto al debate político la cesión de infraestructuras, la condonación de la deuda autonómica, las reformas fiscales autonómicas y, más recientemente, el traspaso de la Tesorería de la Seguridad Social.
En el caso del País Vasco todo pasa por el cumplimiento del Estatuto de Gernika, según explica Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo e investigador en la Universidad de Mondragón. A día de hoy, aún quedan alrededor de 25 competencias pendientes de transferir con las que dar por completado el acuerdo aprobado en 1979. El último calendario pactado con el Gobierno central contemplaba que se finiquitara en mayo de 2022. Pero no fue así, por lo que es previsible que al próximo Gobierno le exijan zanjar una larga lista en la que se incluyen la gestión del litoral, el mercado de productos de la pesca y cultivos, el crédito oficial, los seguros, crédito y banca, el control de los aeropuertos y del Sector Público Estatal, los permisos de circulación y matriculación de vehículos, los puertos de interés general, la inmigración y por supuesto, la gestión de la Seguridad Social, algo que sería posible gracias a que cuentan con su propio departamento de Hacienda y Finanzas.
Por el contrario, en Cataluña la integración de la Seguridad Social pasaría necesariamente por la construcción de una Hacienda Pública propia. Más allá de la forma en que se concrete, la salida de la comunidad del marco común de financiación ordinaria para encajarse con un autogobierno financiero mayor dentro del Estado es una de las principales reclamaciones económicas de la región. A esta ganancia de autonomía hay que sumarle la absorción de infraestructuras clave como el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y de la empresa ferroviaria Rodalies –la red de cercanías catalana–, con el objetivo de evitar la infrafinanciación de estos servicios, según denuncian los principales partidos catalanes.
Infraestructuras
En cuanto a las infraestructuras, la prioridad del Partido Nacionalista Vasco (PNV) es el Tren de Alta Velocidad (TAV), también conocido como la “Y” vasca. La idea es unir las tres capitales vascas con Madrid y Francia en muchos trayectos más cortos, pero la obra lleva más de 30 años de retraso.
La última fecha prometida para iniciar el tronco central del proyecto es 2028, excluyendo las terminales de llegada a las ciudades, pero las decisiones políticas serán determinantes para cumplir o no con el plazo. Los analistas prevén que los vascos pidan al nuevo Ejecutivo que abran la hucha y se acelere la construcción de un proyecto que, según el último presupuesto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ronda los 6.000 millones. El quid de la cuestión es que, según el último acuerdo, las instituciones vascas se encargarán de la construcción y luego lo descontarán por la vía del cupo, que es la cantidad que Euskadi paga cada año al Estado para financiar los servicios de interés general que no le han sido transferidos.
Bildu, por su parte, no contempla la obra, sino que, apuesta por aumentar la inversión en los trenes de la red estatal, dependientes de Renfe y Feve, a fin de modernizar la infraestructura, trenes y accesibilidad, y ampliar horarios. En paralelo, y al igual que el PNV, busca un traspaso completo de la competencia de trenes de Cercanías.
En el caso de Cataluña, asumir la gestión de infraestructuras clave, como el Aeropuerto del Prat o Rodalies, responde a un sentimiento de infrafinanciación, según destaca Nuria Bosch, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Ya en mayo, ERC y Junts per Catalunya reclamaron ante el Congreso el traspaso de Rodalies debido a, entre otros motivos, la falta de inversión del Ejecutivo central, aunque la reclamación lleva décadas en el disparadero.
Bosch explica que en los últimos diez años la inversión media presupuestada del Estado en Cataluña fue de un 12,9% del total, cuando el peso del PIB de Cataluña es del 19% y que “solo se ejecutó el 61,7% de la inversión presupuestada”. Los partidos asumen estos agravios y abogan por la gestión de estos servicios a través de instituciones propias, “sin imposiciones desde Madrid”, como destaca el programa electoral de ERC.
Caso diferente es el aeropuerto del Prat. Según declaraciones recogidas tras las elecciones por Servimedia del presidente de Aena, Maurici Lucena, la separación de la infraestructura de la red del gestor aeroportuario “no está encima de la mesa”. Bosch asegura que será difícil que las reclamaciones fiscales de Cataluña con respecto al Estado lleguen a buen puerto, pero ve más “factible” que aumenten las inversiones en la autonomía, entre otras en el aeropuerto y otras infraestructuras clave.
Financiación y deuda
El endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen ordinario y la reforma del modelo de financiación de las autonomías también ha supuesto otro punto de tensión entre las autonomías y el Gobierno central.
En el apartado de la financiación, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y presidente del Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya, Guillem López, asegura que desde Cataluña el debate sobre la reforma de la recepción de fondos por parte de las autonomías se basa en abrir el modelo de financiación para aquellos territorios que aspiren a tener un mayor autogobierno.
Nuria Bosch, catedrática de la Universidad de Barcelona, apunta a que esto podría traducirse en un “sistema de financiación diferente para Cataluña, no a privilegios, sino con especificidades en relación con la capacidad normativa sobre los tributos y la administración tributaria de acuerdo con sus aspiraciones de autogobierno”. López cree que este modelo podría “reencajar” a Cataluña con el resto de comunidades, aunque asegura que “en Waterloo hace tiempo que pasaron pantalla”.
Otro asunto que ha vuelto a ponerse sobre la mesa ha sido la condonación de la deuda. El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), aprobado durante la administración del Ministerio de Hacienda del popular Cristobal Montoro, provocó que las autonomías se endeudaran con el Estado a cambio de obtener liquidez para pagar los servicios públicos.
Esto ha provocado que, por ejemplo, el 83,5% de la deuda de la Comunidad Valenciana en marzo de 2023 fuera proveniente del FLA, según los datos del Banco de España. Las autoridades de esta y otras comunidades autónomas consideran que el sistema ha centrifugado el déficit estatal hacia las comunidades, que de haber estado correctamente financiadas según su criterio podrían haber evitado elevar su endeudamiento.
El catedrático de la Pompeu Fabra, Guillem López, asegura que al condonarse la deuda autonómica el estado imputaría los números rojos autonómicos como propios; lo que reduciría los gastos financieros de los presupuestos ordinarios y aumentaría el margen para poder elevar el gasto. No obstante, otros analistas como el investigador asociado a Fedea, Jorge Onrubia, creen que sería injusto asociar solo a una financiación autonómica ineficaz el endeudamiento a través del FLA, ya que otros criterios relacionados con la mala gestión política también están detrás del aumento del pasivo.
En cuanto a las peticiones del PNV en lo que respecta a financiación, fuentes del partido recuerdan que ya en el programa electoral de las últimas generales se contemplaba respetar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. En caso de que se creen nuevos impuestos en el Estado, esperan que sean concertados, al igual que las prestaciones fiscales exigibles a energéticas y banca, en caso de que estas se mantengan. Bildu también espera que las haciendas forales gestionen estos impuestos, que además espera se conviertan en permanentes.
Seguridad Social
Este último punto contempla, en el caso del País Vasco, la subrogación de las instituciones autonómicas en la posición que ocupa la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso le permitiría a la comunidad gestionar la inscripción de empresas y le daría potestad sancionadora, también se encargaría de la afiliación de altas y bajas de los trabajadores, el control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación, y el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas. A ello se suma la titularidad y administración de los bienes en el territorio autonómico que son patrimonio de la Seguridad Social, según explican fuentes del PNV.
En cualquier caso, Julen Bollain, de la Universidad de Mondragón, enfatiza que el País Vasco actualmente tiene un déficit muy grande en esta materia y ni al PNV ni a Bildu les interesa la reclamación de todo el sistema, por lo que se seguiría financiado a través de la caja única del Estado.
No obstante, los únicos gobiernos autonómicos con potestad para pedirlos son los de Euskadi y Navarra, ya que si la administración central se desvinculara de la Seguridad Social sin hacer lo propio con la tesorería, es decir, sin dar la capacidad fiscal a las regiones. Esto sería como ”sacarse el muerto de encima”, de modo que el Estado dejaría de cubrir gasto social a través del déficit y pasaría a las comunidades, afirma el catedrático de Economía Guillem López.
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