Lo que busca el PNV con la gestión de la Seguridad Social

Se empieza manejando cuotas y pensiones y se termina dando complementos: no se rompe la caja, pero sí la unidad de derechos

Desequilibrios territoriales Pulsar para ampliar el gráfico

Nada tiene de angelical e inocente la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, demanda histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV), por mucha fuerza jurídica que proporcione el estar escrito en el Estatuto de Guernica. Si se tratase solo de un ejercicio nominal, ni lo habrían exigido en la negociación estatutaria ni habrían estado 40 años dando la tabarra con el asunto hasta encontrar en Madrid un Gobierno débil (o inconsciente o temerario) que accediese al traspaso. Este tipo de operaciones, solo se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan; pero conociendo la voracidad nacionalista podemos imaginar por dónde irán los tiros: primero exhibirán cual medalla conquistada que gestionan cotizaciones y pensiones; después exigirán abiertamente la competencia plena para determinar y abonar complementos patrióticos a las prestaciones; y si les dejan romperán las amarras financieras con la Tesorería de la Seguridad Social estatal, para darle también foralidad a todo el estado de bienestar vasco. Al tiempo.

Con la inocente colaboración del Gobierno del Partido Socialista, engrasada por su franquicia en Euskadi, en unos cuantos trimestres serán funcionarios vascos los que cobren las cotizaciones y abonen las pensiones; Gizarte Segurantza para siempre, aunque se admita que eso no suponga la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Si todo queda aquí, cierto es que se respeta la caja única, entendida como depósito al que van todas las cotizaciones y del que salen todas las prestaciones. Pero las intenciones de los nacionslistas vascos, solo reservadas a la conversación privada, es la potestad que estudiar, conceder y abonar complementos de pensiones a determinados niveles de renta, en lo que sería un ejercicio de réplica de lo que ya práctican con las remuneraciones de los funcionarios vascos, muy superiores a las del resto del Estado. El pago de complementos se convertirá desde entonces en un instrumento poderoso de convicción política, electoral, en manos del nacionalismo. Será un vigoroso abono para el cultivo del patriotismo vasco y saldrá muy barato.

Si tal práctica no atenta técnicamente a la caja única, sí rompe la unidad de derechos que la Seguridad Social garantiza a todos los españoles como sujetos a disfrutar de pensiones iguales en todo el territorio nacional, porque iguales eran también sus cotizaciones. La Seguridad Social, con sus cobros y sus pagos y el reconocimiento de las prestaciones con un único criterio nacional, y el impuesto de Sociedades, son las dos únicos herramientas de carácter estatal que quedan, y deben ser preservados como garantía de la solidaridad territorial.

Ya tendrán que dilucidar los tribunales, seguramenten el Constitucional, si un complemento de pensiones abonado en el País Vasco es legal, como los impuestos forales, o rompe la unidad de derechos. Precedentes hay en los que los jueces han considerado ajustadas a la Carta Magna decisiones autonómicas sobre determinados impuestos nacionales. En 1990, el TC consideró legal el recargo autonómico sobre el IRPF que Joaquín Leguina había impuesto en la Comunidad de Madrid en 1984, y que retiró antes de su ejecución por recomendación del presidente del Gobierno, Felipe Gónzález. Todos los dirigentes socialistas de antes sospechaban que el recargo era legal y que se abría la veda a la corresponsabilidad fiscal que consagraba la Constitución, y que comenzó a penetrar en el sistema fiscal con la cesión de partes muy importantes del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre el Valor Añadido, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados. Curiosamente los socialistas de ahora avalan la cesión de la gestión de las perras a sabiendas de que derivará en la creación de complementos que romperán la unidad de los derechos, detalle que siempre contó con la enemiga de los partidos de izquierda porque convierte en desiguales a los ciudadanos constitucionalmente de un país.

Otra cuestión que choca doblemente con la solidaridad nacional será el pago de complementos a las que son todavía ahora las pensiones públicas más altas de España, y precisamente en una comunidad con uno de los mayores déficit financieros en el sistema de pensiones, y redobladamente deficitario en términos individuales. Los pensionistas vascos llevan ya un par de años con concentraciones semanales para reclamar prestaciones más elevadas, y han obtenido jugosos frutos: primero sirvió al PNV de palanca de presión al Gobierno de Rajoy para retrasar, o enterrar, la reforma de las pensiones de 2013, encaminada a atajar el creciente déficit; en un segundo uso, ha servido para reclamar y lograr la cesión de la gestión económica de cotizaciones y pensiones; y ahora se pondrá al servicio del anhelo del gobierno de Vitoria para concluir que las complementos son inevitables.

Las cuentas de la Seguridad Social en el País Vasco son de las más deficitarias del país, con 2.564 millones de euros, solo superadas por Galicia, Cataluña, Castilla y León y Andalucía, en un país en el que solo Madrid y los dos archipiélagos tienen superávit. Pero en términos individuales el desequilibrio es de 4.564 euros por pensionista, más del doble de los 1.881 euros de media nacional, y solo superados por los jubilados asturianos, con déficit individual de 8.160 euros en 2018.

Un déficit el generado por Euskadi coherente con las cuantías de pensión más generosas del país, con 1.238 euros al mes a enero de 2020, frente a solo 996,7 euros de media nacional y de solo los 830 euros cobrados por los extremeños. Las más elevadas son las primeras “cedidas” a los nacionalistas para acoplarle, si todo sigue su curso, jugosos complementos patrióticos, que en parte se financiarán con los ahorros que genera para Euskadi una aportación artificialmente escasa al Estado mediante el cupo que traspasan a Hacienda las diputaciones vascas.

Además, la cesión de la gestión económica de cotizaciones y pensiones a Euskadi se produce a contrapelo de la pretendida unificación de criterios a nivel nacional en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio que pretende una ministra de Hacienda andaluza, una renacionalización de la corresponsabilidad fiscal del ingreso en toda regla, en una interpretación clásica de la ley del embudo para imponer dobles raseros que solo responden a desahogos y urgencias políticos y no a criterios lógicos.

Por último: lo de Cataluña no sabe nadie en qué acabará; pero si fuere verdad que ERC tuviese a bien volver al autonomismo e impusiese su criterio, no dejará pasar esta ronda sin quedarse también con la Seguridad Social para intensificar el vaciado del Estado, consentido hasta ahora por los grandes partidos, antes en pequeñas dosis, ahora a grandes bocados.