El resultado electoral del 23J prorroga el control de Sánchez sobre las operaciones corporativas clave
El Ejecutivo deberá pronunciarse sobre las opas de OPDE y Applus, la reestructuración de Celsa y mantiene su opinión contra la escisión de Naturgy
El resultado electoral del pasado domingo 23 de julio fue una sorpresa también para el mundo empresarial y económico. La fortaleza del PSOE y del bloque de izquierdas, que impide un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, entre otras derivadas, supone que el Ejecutivo de Sánchez mantenga el control sobre un buen grupo de operaciones clave que sobrevuelan el mercado español a través del escudo antiopas. En el disparadero están las opas de OPDE y Applus+, la escisión de Naturgy, el futuro de Indra o la reestructuración de Celsa, entre otros.
El mundo empresarial español bullía desde hace meses. Empresas, bancos de inversión, despachos de abogados y otros asesores de operaciones corporativas diseñaban los próximos movimientos corporativos a dar una vez que el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, volviese a La Moncloa. Las elecciones municipales y autonómicas y la sorpresiva convocatoria de generales por Pedro Sánchez no hizo sino acelerar estos movimientos, al pensar que la victoria de la derecha era inexorable. Sin embargo, la opinión de las urnas fue bien diferente a lo esperado.
Ante la imposibilidad de que gobierne Feijoo y con la incógnita de si Sánchez conseguirá convencer a Junts para formar un nuevo Gobierno o si los españoles volverán a votar, lo único cierto es que el actual Ejecutivo socialista seguirá teniendo algo que decir sobre esas grandes operaciones al menos durante los próximos meses. Una de las medidas de la que es muñidor este Gobierno es el llamado escudo antiopas, que obliga a los inversores extranjeros a obtener el visto bueno del Consejo de Ministros para comprar más de un 10% de empresas estratégicas. Feijóo había dado muestras de que flexibilizaría esta medida y al menos retiraría el blindaje sobre los inversores de dentro de la UE, que en ese caso es temporal y limitado a las cotizadas.
Sánchez tiene sobre su mesa la autorización de las dos opas lanzadas en el mercado español, la de Antin sobre OPDE y la de Apollo sobre Applus+. La de la primera es especialmente intrincada, dado que el fondo francés denunció a España ante el Ciadi por el recorte a las primas a las renovables, si bien vendió el pleito a un grupo de fondos buitre una vez obtuvo una sentencia favorable del tribunal que depende del Banco Mundial y estos inversores oportunistas pleitean ante la justicia británica para embargar bienes a España. La decisión del Ejecutivo en funciones deberá llegar mientras se negocia el nuevo Gobierno.
En ese tiempo llegará la decisión del juez sobre la reestructuración de Celsa. Los fondos acreedores han esgrimido la nueva ley concursal para arrebatar el control de la siderúrgica a los Rubiralta, para lo que necesitarán el visto bueno del Gobierno. La familia catalana, en un momento en el que los partidos independentistas de la región son clave y goza de excelentes relaciones con estos grupos, presionarán al Ejecutivo para que no autorice la transacción, mientras que los fondos ya buscan inversores que españolicen la compañía y calmen los recelos del Ejecutivo.
En el trasfondo está el plan Geminis, el proyecto de escisión de Naturgy en una compañía con los activos regulados y otra con los liberalizados. La guerra obligó al presidente de la gasista, Francisco Reynés, a congelar el proyecto. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, dio carpetazo a la operación al decir, en una entrevista con CincoDías, que no era pertinente. La compañía, una vez se han aflojado las tensiones en el mercado de gas, y con una inclinación más favorable en La Moncloa planear retomar el plan para el año que viene. Vuelve a quedar en el aire y amenaza con abrir un conflicto con el nuevo Gobierno.
Indra
En el Ibex sigue abierto también el futuro de Indra, ahora con nuevo consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Sigue negociando tomar una participación en el capital de ITP Aero y también planea una posible venta del negocio de consultoría tecnológica, Minsait, para potenciar la rama de defensa, que la SEPI, con el 25% del capital, se opone.
Estas son las operaciones conocidas, pero otras muchas permanecerán bajo secreto en un cajón. Las fuentes consultadas señalan al sector inmobiliario como el que sufrirá un mayor enfriamiento. Con la consolidación de las promotoras pendiente y varios inversores sobrevolando algunas socimi, los inversores esperaban que un Gobierno del PP con Vox eliminase la ley de vivienda y animase operaciones de este tipo. Tendrán que esperar unos meses o reconfigurarse.
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