La Autoridad en Defensa del Cliente Financiero encalla en el Congreso casi tres años después de su lanzamiento
La creación del nuevo regulador avanza a trompicones en la Cámara Baja tras haber pasado el plazo para presentar enmiendas parciales
El proyecto para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sigue estancado en Congreso después de casi tres años de espera. En abril de 2022, la entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció la puesta en marcha de un nuevo regulador para resolver las reclamaciones de los consumidores a los bancos. Sin embargo, cuando estaba a punto de nacer, la iniciativa quedó en suspenso debido a la convocatoria anticipada de las elecciones del 23 de julio de 2023. Y aunque ha pasado un año y medio desde la formación de un nuevo Gobierno, el proyecto permanece congelado en los trámites de un Congreso de los Diputados donde cada vez cuesta más sacar adelante las leyes, debido a la aritmética parlamentaria y a la necesidad de diversos pactos con diferentes fuerzas por parte del Ejecutivo.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero —una ventanilla única para centralizar la protección de los clientes bancarios y la resolución de reclamaciones— estuvo casi a punto de ver la luz, pero la citada disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales la llevó de nuevo al punto de partida. Una vez que se formó un nuevo Ejecutivo, Economía relanzó el proyecto a finales de ese mismo año 2023 y preveía que en 2024 estuviera ya constituido. La realidad es que aún va para largo.
En estos momentos, el texto se encuentra en trámite parlamentario. En noviembre el Congreso tumbó la enmienda a la totalidad contra la creación del organismo, que hubiese supuesto devolver el proyecto al Gobierno. Y entonces se abrió el plazo para presentar enmiendas parciales, que se prolongó hasta finales de año. El grupo socialista tiene previsto iniciar durante este mes de febrero la negociación de estas enmiendas. Si se aprueba alguna de esas modificaciones parciales, el nuevo texto deberá pasar a la comisión de economía y lo siguiente sería el debate en el pleno del Congreso para su aprobación.
Fuentes de Economía aseguran que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es un proyecto “absolutamente prioritario” para completar el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros y dar una respuesta rápida a las reclamaciones. Reconocen que se está retrasando más de lo deseado, pero porque ha habido que empezar toda la tramitación desde cero.
Desde Economía confían en que llegar a un acuerdo para el texto final de la ley no entrañe dificultades, puesto que en la anterior legislatura ya estuvo a punto de ser consensuado. Sin embargo, las mayorías en el Parlamento han cambiado. Ahora, cualquier iniciativa debe contar con el apoyo de Junts, cuyos 7 diputados ya han tumbado, por ejemplo, el decreto ómnibus, que prorrogaba las ayudas al transporte o las subidas de las pensiones de 2025. Los dos partidos han reabierto las negociaciones, con el objetivo de aprobar la parte de ese decreto que quedó pendiente y con las vistas en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Mientras, unas cuantas leyes de menor calado, como la que crea la Autoridad del Cliente Financiero, aguardan la fumata blanca.
También cabe la posibilidad de que la iniciativa salga adelante gracias al PP, que en la anterior legislatura se abstuvo. El hecho de que la enmienda a la totalidad que presentó en esta no prosperase abre la puerta a que su trámite parlamentario sea más sencillo. Según explican fuentes jurídicas, existen unos plazos determinados y estrictos para presentar enmiendas a las leyes. Pero una vez que la ley entra en la correspondiente comisión del Congreso, no hay un tiempo para emitir un dictamen. “Hay leyes que se quedan durante años. Y de hecho hay algunas que entran al Congreso, pero nunca salen”, detallan.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es un proyecto que impulsó personalmente Nadia Calviño. Se trata de un nuevo organismo que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica y la protección de los clientes bancarios y dar una respuesta rápida a las reclamaciones, de modo que una negativa de una entidad bancaria no suponga necesariamente acudir a los tribunales. “Tenemos interés máximo porque es un paso en el refuerzo de los derechos de los usuarios y agiliza las reclamaciones”, exponen desde el ministerio.
Entre otras novedades, supondría crear una ventanilla única que centralizaría los servicios de reclamaciones que tienen actualmente el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Igualmente, las resoluciones serán vinculantes para los bancos cuando la cuantía reclamada sea inferior a 20.000 euros y actuarán como informe pericial en el caso de que las cuantías sean mayores.
No obstante, la configuración de esta institución ha despertado recelos tanto desde el sector financiero como por parte de los actores implicados. Y la sensación que transmiten es que, tras varios meses sin novedades, se sienten cómodos mientras el proyecto siga dormido. Las entidades financieras rechazan este modelo porque consideran que aumentará la litigiosidad. Con este organismo, los clientes podrán presentar de forma gratuita sus reclamaciones en el ámbito bancario, en el de los seguros y en el de inversión financiera. Está previsto que la autoridad las atienda, como norma general, en un plazo máximo de 90 días. “Hace tiempo que ha dejado de figurar en los temas, no tendría sentido que saliera ahora”, valoran fuentes financieras.
“Ya dijimos que no considerábamos necesario crear un organismo nuevo. Considerábamos mejor opción, en línea con lo que se ha hecho en otros países, que se mejorara o se ajustaran algunos aspectos de lo que hay en Banco de España, CNMV y en la Dirección general de Seguros. La única experiencia parecida es la que tenemos en el Reino Unido que fue diseñada para 300 trabajadores y con el objetivo de disminuir la litigiosidad, y una vez puesta en marcha, tanto la estructura como el número de reclamaciones se ha multiplicado”, señalaba Alejandra Kindelán, la presidenta de AEB, en una entrevista publicada por la propia patronal bancaria.
Por parte del sector jurídico también ha levantado críticas. “El establecimiento de un órgano específico para tramitar estos asuntos al margen del sistema judicial generaría una mayor asimetría entre las entidades financieras y sus clientes, pues dejaría de facto a los reclamantes sin asesoramiento jurídico y, por tanto, en una evidente situación de indefensión al no tener que contar con la intervención de un profesional de la abogacía”, consideran desde el Consejo General de la Abogacía Española, que presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley.
Igualmente, ha sido criticado el hecho de que se trata de una estructura completamente nueva. Instituciones como el Banco de España y la propia CNMV han expresado públicamente que prefieren un modelo twin peaks, con un supervisor de solvencia y otro supervisor de normas de conducta y protección de la clientela. Mientras tanto, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sigue atrapada en la maraña parlamentaria, a la espera de una resolución que, por ahora, parece lejana.
