El Gobierno crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
Esta figura tendrá competencias para imponer sanciones, por ejemplo, por el incumplimiento de las medidas de ayudas a las familias hipotecadas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, después de haber recibido el dictamen favorable por parte del Consejo de Estado la semana pasada, según ha confirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
La también ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital ha explicado que esta figura tendrá competencias para imponer sanciones, por ejemplo, por el incumplimiento de las medidas de ayudas a las familias hipotecadas si las entidades financieras decidan sumarse a las mismas.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
La futura figura estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
Entre las principales novedades que se han incorporado en el proyecto tras la Audiencia Pública destaca la ampliación de las entidades que podrán ser objeto de reclamaciones por parte de los clientes. A las entidades supervisadas, servicios fintech y de criptoactivos se añaden los servicios de préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados, según ha explicado Economía en un comunicado.
Las resoluciones se dictarán en un plazo no superior a 90 días naturales desde que el expediente esté completo, y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.
En el resto de los casos, cuando las resoluciones no sean vinculantes por ser de una materia no relacionada con las normas de conducta o de cuantía superior a 20.000 euros, están tendrán el valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial en defensa de sus intereses.
El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad. La nueva Autoridad se financiará con el pago por las entidades financieras de una tasa de 250 euros que abonarán por cada reclamación admitida
Calviño ha señalado que espera que esta nueva figura entre en funcionamiento el próximo año y ha explicado que es una medida de protección adicional para los clientes de las entidades financieras, que evitará que tengan que recurrir ante los tribunales. A nivel organizativo, la Autoridad contará con un Presidente y un Vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable.