La Audiencia Nacional confirma que Ángel Ron irá a juicio por estafa por el caso Popular
La Sala de lo Penal desestima el recurso del expresidente de la entidad contra la propuesta del juez instructor de juzgarle por las irregularidades en la ampliación de capital de 2016
La Audiencia Nacional ha confirmado que el expresidente del Banco Popular Ángel Ron irá a juicio por estafa por las irregularidades en la ampliación de capital que la entidad llevó a cabo en mayo de 2016. La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso que el ex alto directivo, de la entidad que desapareció hace siete años, planteó contra la decisión del juez instructor José Luis Calama de dejarle al borde del banquillo de los acusados por los delitos de estafa y falsedad contable. Los magistrados recalcan que Ron tiene cierta responsabilidad penal en los hechos, ya que era “un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas”.
“El objeto del procedimiento son unos hechos que derivan de la aprobación y ejecución de la ampliación de capital acordada por el banco en 2016, tarea ésta de la que no puede dejarse de lado ni apartarse la figura del presidente de la entidad bancaria, pues se trataba de una operación especialmente importante para la operatividad y, casi diríamos, de subsistencia del propio banco Popular”, explican los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto con fecha de este 10 de junio, al que ha tenido acceso este diario.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dictó el pasado 4 de marzo un auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento en los procedimientos tramitados como sumario) por el que propuso juzgar a Ángel Ron, así como a su cúpula directiva, entre ellos el entonces vicepresidente del Banco Popular, Roberto Higuera, además de la firma PwC y los dos auditores que revisaron las cuentas del banco. Asimismo, dejó fuera del proceso al sucesor de Ron en la presidencia de la entidad, Emilio Saracho, entre otros investigados. A partir de esta resolución, el juez instó a las acusaciones a presentar el escrito por el que relata los hechos que consideran que han sido delictivos y plantean las penas que consideran que se deben imponer.
La defensa de Ron recurrió esta decisión, argumentando que existe “abundante prueba de descargo” que demuestra que no existía delito alguno. En este sentido, el expresidente del Popular señaló que los expertos del Banco de España que actuaron como auxilio judicial en esta causa, que se inició en octubre de 2017, concluyeron en un informe entregado al juzgado en abril de 2019 que el banco “era una entidad viable, estable y solvente en diciembre de 2016″, lo que daría a entender que las cuentas presentadas a los inversores no habían sido manipuladas. En esta línea, resaltó que las cuentas anuales de 2015, el año anterior a la ampliación de capital, y las trimestrales previas a la operación no eran falsas, al tiempo que subrayó que el propio consejo de administración del Popular invirtió “gran parte de su patrimonio” en la ampliación, ya que suscribió un total de 390.346.952 títulos.
Asimismo, Ron se quejó en su recurso de que el instructor acogiera la tesis de la Fiscalía Anticorrupción que, según indicó, se basó en “criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes”. De este modo, hacía alusión a los diferentes ampliaciones de informes que el ministerio público solicitó que hicieran los inspectores del Banco de España, siguiendo los criterios seguidos por el Banco Central Europeo (BCE), que realizó una inspección in situ. Ello implicó un cambio en las apreciaciones. Por ejemplo, siguiendo los pasos de la institución comunitaria, los expertos del supervisor español señalaron que el banco debió reflejar pérdidas de más de 1.000 millones de euros, en vez de un beneficio de 105 millones de euros, como se indicó. Los peritos del Banco de España advirtieron al juez instructor sus reticencias a hacer estas nuevas valoraciones, incluso llegaron a señalar que no había “soporte regulatorio” para corregir las cuentas anuales de 2015 y 2016 conforme a los resultados de las inspecciones del BCE.
El juez Calama desestimó este recurso el pasado 6 de mayo y se reafirmó en que los estados contables que se pusieron a disposición del mercado para que los accionistas participaran en la ampliación de capital no eran veraces y que, por tanto, se había producido un engaño a los inversores. Esta decisión ha sido ahora ratificada por la Sala de lo Penal, que comparte los criterios y los fundamentos esgrimidos por el instructor sobre la responsabilidad, de momento provisional, de Ángel Ron. Así, los magistrados afirman que el expresidente “incidía de manera incuestionable en la marcha del banco” y que, por ello, “sería absurdo” entender “que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva, pues se trataba de un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas”.
Además, el tribunal tiene en cuenta que “en aquella época el Banco Popular era una de las grandes entidades bancarias de nuestro país y con el lógico peso e influencia en la economía nacional, y una decisión de ese calibre habría de involucrar necesariamente al Presidente de la entidad bancaria en cuestión”.
Archivada la causa por la ampliación de 2012
Este varapalo para Ángel Ron llega justo cuatro días después de que la Audiencia Nacional confirmara definitivamente el archivo de la causa abierta por la ampliación de capital que el Popular realizó en 2012. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ratificó el auto de sobreseimiento dictado por el juez instructor Santiago Pedraz, que no apreció que se justificara debidamente la “perpetración de delito alguno”. De este modo, la querella presentada por la empresa familiar Cerquía y un grupo de accionistas minoritarios ha quedado zanjada, sin posibilidad de que sea recurrida.
El juez Pedraz ya dio carpetazo a este asunto en noviembre de 2023, si bien la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la instrucción para tomar declaración a los peritos del Banco de España que certificaron, en un informe, que la ampliación de capital de 2012 fue una “buena inversión”, con el fin de que las acusaciones pudieran resolver las dudas que tuvieran al respecto y, tras ello, pudieran proponer nuevas pruebas, si lo considerasen oportuno. En base a las conclusiones de dicho informe pericial, la Fiscalía Anticorrupción pidió el archivo del caso. Así, tras realizar el trámite ordenado, el magistrado instructor volvió a cerrar el caso, una decisión que finalmente ha obtenido el visto bueno de la instancia superior.
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