La acusación en el gran caso por el amianto busca asegurar el cobro de indemnizaciones
El despacho Cremades & Calvo Sotelo reclamará el reconocimiento de las víctimas como “acreedores involuntarios” en el concurso de la antigua Uralita
El concurso de acreedores de Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac), la antigua Uralita, ha dejado “colgadas” a las víctimas por amianto. Para evitar que se queden sin cobrar las indemnizaciones que tienen reconocidas por la justicia, el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo ha intensificado su estrategia y ha puesto la mirada en la Ley Concursal. En este sentido, el bufete, que lleva más de 10 años trabajando en este tema, va a reclamar que los perjudicados sean reconocidos como “acreedores involuntarios” en dicho proceso concursal, que se dirime en un juzgado de lo mercantil de Madrid. De lograrlo, los afectados por este material se colocarían por delante de otros acreedores a la hora de cobrar las compensaciones.
El hecho de que Coemac se declarara en concurso de acreedores en 2020 ha provocado que las víctimas que ya tenían resoluciones judiciales a su favor no hayan recibido las indemnizaciones reconocidas. La compañía se declaró insolvente para no afrontar las reclamaciones derivadas de la fabricación de fibrocemento con amianto que plantearon trabajadores, allegados y vecinos de las viejas fábricas, así como particulares que han estado en contacto con el polvo en suspensión del material. Con motivo del inicio del concurso de acreedores y de la solicitud de liquidación de la compañía “se han suspendido las ejecuciones de sentencia”, afirmó este jueves, en rueda de prensa, Jesús Pajares, uno de los abogados que lideran la iniciativa.
Para atajar esta situación, el equipo legal que representa a unos 40 afectados por amianto ha puesto el foco en el artículo 242 de la Ley Concursal, que identifica como créditos contra la masa las obligaciones de pago contraídas antes del concurso de acreedores derivadas de la la responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales o las indemnizaciones otorgadas antes o después de la declaración de la situación concursal por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Según explicó Pajares (que lidera Opamianto, la marca que hace un año se integró a Cremades & Calvo Sotelo, especializada en este asunto), esta categoría encajaría a la situación que viven los afectados de amianto y les daría un estatus preferente a la hora de percibir las compensaciones pendientes. Una estrategia novedosa, ya que, según subrayó el letrado, se trata de una vía que hasta ahora nadie ha emprendido, sobre todo porque la mayoría de los procesos se han resuelto en la jurisdicción laboral.
Esta solución ya se aplica en otros países como Estados Unidos, donde se reconoce como “acreedores involuntarios” a las personas que han sufrido una intoxicación o producto químico de una empresa en quiebra, lo que facilita el cobro de las indemnizaciones “antes que otros acreedores” que están presentes en un concurso de acreedores.
Por otro lado, la iniciativa, que estará lista para tramitar “como muy tarde” a principios de septiembre”, busca también marcar un precedente ante otras compañías en situación similar con el objetivo de que eviten acogerse al concurso de acreedores para eludir sus obligaciones por daños y perjuicios. “No queremos que abunden más casos como el de Uralitas”, ha señalado la abogada Andrea Peiró. En este sentido, los letrados han instado a otros despachos que representan a víctimas por amianto a que se unan a su línea de actuación para ganar “más fuerza”, ha concluido Pajares.
Fondo de compensación de 25 millones
Desde el periodista José María Íñigo —a cuyos familiares representó Peiró— al Metro de Madrid, el Ejército de Tierra y de Aire, o los antiguos trabajadores y familiares de la fábrica de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), una de las zonas con más exposición de amianto, son algunos de los casos conocidos de afectados. En octubre de 2022, el Senado dio el visto bueno definitivo, por unanimidad, a la creación de un fondo de compensación de 25 millones de euros para la reparación de los daños y perjuicios para la salud de las víctimas del amianto, como existe en Francia, Holanda o Bélgica, y que será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La propia ley que regula la creación del fondo expone que durante todo el siglo XX se importaron unas 2.600.000 toneladas de amianto, siendo el pico máximo de consumo entre la década de los 70 y de los 80. “En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008, el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943″, indica el texto, que añade que “si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”.
La norma establece que la puesta en marcha del fondo se haría en un plazo de tres meses a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que ocurrió en enero de 2023. Sin embargo, el desarrollo de su reglamento que marcará la distribución de las ayudas sigue sin concluirse y por tanto aún no ha entrado en vigor. “Está en el sueño de los justos”, ha lamentado Peiró, que ha apostillado que para beneficiarse de dicho fondo el afectado debe tener reconocida una enfermedad profesional ocasionada por amianto, “lo que le exige tener que ir a un procedimiento judicial” para lograr dicha condición con el “gasto de dinero” que ello conlleva.
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