España adopta la fórmula francesa para ahorrar energía
El Sistema de Certificados de Ahorro Energético abre un nuevo mercado de 6.000 millones en 10 años
En 1989, un tipo llamado Stephen Covey, escritor, profesor y divulgador, popularizó en uno de sus libros el concepto win-win, una estrategia de negociación con la que todas las partes involucradas obtienen beneficios. Desde hace unos meses y sottovoce, en el sector energético se ha puesto en marcha un sistema que puede beneficiar a grandes empresas, profesionales del sector y particulares. El sueño de Covey. Se trata de dar valor económico al ahorro de energía. Tanto ahorras, tanto te pago. El mecanismo, con raíces en las directivas europeas de eficiencia energética de 2012 y 2023, funciona con Certificados de Ahorro Energético (CAES) que se pueden comprar y vender. El sistema se ha desarrollado mediante decretos (RD 36/2023) y resoluciones desde el pasado verano. Decenas de empresas velan armas para intermediar en un negocio que se presume jugoso: 800 millones este año, 1.500 millones en 2025 y un total de 6.000 millones en la década, según cálculos de las compañías interesadas.
El sistema funciona con éxito desde hace años en países como Francia, Italia y Reino Unido. España se ha sumado con retraso, pero lo ha hecho. Ha armado un sistema, bautizado Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, con dos patas: el Fondo Nacional de Eficiencia Energetica (FNEE) que gestiona el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía y al que contribuyen obligatoriamente todos los grandes grupos energéticos y el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) aprobado en el RD 36/2023 y desarrollado desde octubre pasado. Las dos patas tienen que contribuir con un tercio del ahorro de energía -4,4 TWh- al objetivo de 2024 que alcanza los 12,8 TWh. Por tener referencias. España consumió 250 TWh de electricidad en 2022, según datos de Red Eléctrica de España.
Es un paso importante. Entre 2014 y 2022, el único sistema de eficiencia era el mecanismo de aportaciones al Fondo del IDAE por parte de las grandes comercializadoras (los “sujetos obligados”). Y no era suficiente para alcanzar los objetivos establecidos por la UE porque los Gobiernos de la época, por la crisis primero, y la Covid y la inflación después, relajaron las exigencias de ahorro. Pero Bruselas ratificó los objetivos a 2030 y el Gobierno de Sánchez se ha visto en la obligación de incrementar las aportaciones al IDAE. Entre el año 2022 y 2023 las aportaciones crecieron de 191 millones a 393 millones. Y está previsto que para 2025 y 2026 crezcan un 100% cada año.
Por supuesto, aportaciones y ahorro tienen su traducción en números y en negocio. La veintena de empresas que están obligadas a aportar al Fondo de Eficiencia Energética tienen que ahorrar energía por importe de 688 millones en 2024. De esa cantidad, el 35% como mínimo tienen que aportarlo en efectivo al FNEE. El resto pueden cubrirlo voluntariamente mediante certificados de ahorro. Ahí se ha abierto una vía de actividad para empresas que intermedien en la obtención y justificación de los ahorros. Son lo que la norma denomina “sujetos delegados”. Ya están en marcha. Según el listado del Ministerio de Transición, a principios de febrero son 17 sociedades. Entre ellas están las constituidas por grandes grupos (Acciona Esco; Endesa X servicios; Sacyr Facilities) que podrán gestionar certificados de ahorro de sus propios proyectos.
Las empresas intermediarias pondrán a disposición de las grandes corporaciones los kwh ahorrados por personas físicas o jurídicas que hayan realizado actuaciones de eficiencia energética en sus inmuebles o instalaciones. Sobre el papel, la compra-venta de ahorros energéticos permitirá a las grandes comercializadoras, que pagan al FNEE desde 2012, reducir las sumas que abonaban anualmente. Al tiempo, la compra de kWh ahorrados por parte de las grandes corporaciones, beneficiará, con ingresos extra a los ahorradores de energía que hayan realizado, o prevean llevar a cabo, actuaciones de eficiencia. Ganancia para todos.
Elena González Sánchez, CEO de DelCae, una de las empresas recién nacidas en el negocio del ahorro, señala un punto débil del mecanismo. “Fuera del sector energético, que lleva diez años poniendo dinero en el FNEE, no hay información” asegura. González admite que tiene ante sí todo un reto: crear marca. “Tenemos confianza”, explica, “es un campo que va a tener mucho recorrido. Están apareciendo ya empresas que funcionan en Francia, pero hoy por hoy, la única empresa en la que el 100% del equipo se dedica a los certificados es DelCae”. La empresa suma experiencia. Además de Elena González -exdirectiva de Acciona Energía entre 2019 y 2023- en DelCae se sienta como consejero Honorato López Isla, exconsejero delegado de la antigua Unión Fenosa.
Arturo Sánchez, experto legal de la consultora FIDE, detalla cómo funciona el sistema: “Supongamos que un determinado sujeto dispone de una caldera doméstica de gasóleo con un consumo anual de 71.173 kWh . Este sujeto decide cambiar su caldera por una más eficiente, con un consumo anual inferior, en este caso de 53.372 kWh. Comprarla e instalarla le supone 1.542,00 euros. A cambio, es propietario de un ahorro anual de 17.801 kWh. Como propietario del ahorro, puede cederlo, según el artículo 12.1 RD 36/2023. ¿A quién? Según la norma, a un sujeto obligado -empresas que desde 2021 están obligadas a financiar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE)-. Y ¿cómo? por medio de un certificado de ahorro energético (CAE) convenientemente validado. La empresa interesada puede pagar los 1.542 euros de la caldera al propietario y, a cambio, se hace con un certificado de ahorro cuyo importe puede descontar de sus aportaciones -obligadas- al Fondo Nacional de Eficiencia Energética”.
Francia, que puso en marcha un sistema similar en 2005 es ejemplo y guía. Ha obtenido buenos resultados; ha logrado la reducción de un 25% del consumo final con respecto a 2019 (Ministere de la Transition énergétique, 2023). Por lo general, el mercado francés de los CAEs tiene su mayor demanda en el sector residencial de cara a rehabilitaciones (aislamientos de paredes, techos...) aunque también pesa la recuperación de calor del sector industrial. La medida ha presentado un éxito continuo en Francia, expandiéndose y actualizándose cada año. Al comienzo se planteó para el periodo de 2006-2010, pero se ha ido prorrogando en distintos intervalos hasta llegar al actual (2022-2025).
Si España logra los objetivos de ahorro -obligados- con los mecanismos aprobados, habrá dado un gran paso adelante, señalan en el sector. Será un avance porque el ahorro energético nunca se ha valorado. La prueba es un parque inmobiliario ineficiente en un 90%, pero también el diseño contaminante del transporte o el desarrollo urbano inundado de cemento y asfalto. En general, es un modelo económico sustentado en buena parte en el derroche de energía. Algo poco sostenible.
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