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El Corte Inglés contra Mataró: conflicto judicial por un centro comercial nunca construido

El grupo de grandes almacenes demanda al ayuntamiento barcelonés, reclama más de 24 millones y el consistorio responde con otra posible querella por un suelo vendido en 2007

Alfonso Simón Ruiz
Finca de Can Fàbregas i de Caralt en Mataró, donde El Corte Inglés preveía levantar un centro comercial.
Finca de Can Fàbregas i de Caralt en Mataró, donde El Corte Inglés preveía levantar un centro comercial.JOAN SÁNCHEZ

Un centro comercial que nunca se construyó ha desatado una batalla judicial entre El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona). Un gran almacén que debería haberse construido a partir de 2007 y que nunca se levantó, ha dejado durante más de 15 años un solar vacío en el centro de la ciudad y un cruce de reproches que ha desembocado en los tribunales. El consistorio achaca un cambio de modelo de negocio en el grupo presidido por Marta Álvarez, lo que conllevaría el abandono de un proyecto que el municipio considera de “interés público”, y la empresa afirma que nunca se cumplieron las condiciones jurídicas para edificar.

El Corte Inglés ha presentado una demanda en el juzgado de Primera Instancia número 5 de Mataró contra la sociedad pública municipal Pumsa (Promoción Urbanística Mataró, SA) en la que reclama recuperar una inversión de alrededor de 24 millones solo por el suelo, más otros conceptos. El consistorio, que tiene a David Bote (PSC) como alcalde, ha contratado al despacho Roca Junyent para defenderse y ha respondido con una declinatoria en la que pide que el proceso pase de la jurisdicción civil a la contencioso-administrativa, según revelan fuentes municipales. Además, el ayuntamiento está estudiando en la actualidad presentar una demanda cruzada (reconvencional, en el argot jurídico).

La historia del proyecto comercial en Mataró se remonta a 2007, cuando El Corte Inglés ganó un concurso de Pumsa para levantar un gran almacén en un suelo de 9.000 metros cuadrados. La intención del consistorio barcelonés pasaba por que el gran grupo de grandes almacenes se convirtiera “en una locomotora”, según las fuentes municipales, que reactivase comercialmente el centro de la ciudad. La iniciativa tuvo el visto bueno de los alcaldes de distinto color político durante este tiempo, tanto de PSC como de la extinta CiU.

En ese terreno situado entre la Ronda de la República y carrer de Miquel Biada, el grupo tendría que construir un gran almacén convencional, de más de 25.000 metros cuadrados, además de un aparcamiento de 839 plazas y urbanizar la zona para mejorar la movilidad y accesos, complicados en el centro de la ciudad. En 2009 se inició el proceso de compraventa, concluido en 2012, por el que El Corte Inglés pagó 24 millones. Ese año, pidió una licencia de obras, por la que desembolsó otros 1,5 millones. Pero la obra nunca comenzó.

El conflicto urbanístico

En ese suelo se erigía una antigua fábrica de la ciudad, histórica urbe de la industria textil de Cataluña, llamada Can Fàbregas i de Caralt. Al considerarse un inmueble protegido, el ayuntamiento lo desmontó pieza a pieza y lo guardó para volver a reconstruirlo en otra finca. Aunque la operación urbanística contaba con la aprobación del plan general urbano del municipio y la ratificación de la Generalitat de Cataluña, ahí empezó una pelea judicial de la Asamblea Pagesa del Maresme que acabó con el Tribunal Supremo tumbando en 2018 lo que se conoce como el plan de mejora urbana del consistorio y obligaba a reconstruir la fábrica en el mismo lugar.

En un comunicado remitido este jueves, el Ayuntamiento de Mataró incide en que puede reconstruir sin problema la fábrica, que solo ocupa un 5% del terreno de El Corte Inglés (la factoría cuenta únicamente con 463 metros cuadrados). A partir de ahí, la corporación municipal puede volver a presentar un nuevo plan de mejora, sin tocar el plan general, y El Corte Inglés podría levantar la tienda.

Pero el consistorio socialista entiende que El Corte Inglés no ha querido construir el edificio, por el cambio de estrategia comercial del grupo. “El Corte Inglés ha tenido la oportunidad de construir desde el 2012 y ha buscado siempre una excusa para demorar su responsabilidad. Es más, en los últimos años ha buscado el visto bueno del ayuntamiento con la intención de venderle la finca a terceros, que están dispuestos a invertir en la isla de Can Fàbregas al precio del mercado actual. El Ayuntamiento ha estado siempre abierto a colaborar”, apunta en el mismo comunicado.

“El Gobierno municipal está convencido de que en el origen de esta demanda se encuentra el cambio del modelo de negocio de El Corte Inglés, una empresa en plena transformación que inició hace unos años la venta de activos inmobiliarios que consideró como no estratégicos en toda España y que ha presentado públicamente un plan estratégico 2021-2026 con el objetivo de obtener nuevas fuentes de ingresos y una mayor solidez empresarial”, se quejan desde el municipio.

La querella

La demanda, a la que ha tenido acceso Cinco Días, sin embargo, pide la nulidad de la compraventa porque el contrato indicaba que el solar debería tener los permisos legales para poder realizar el proyecto, indica el documento firmado por el despacho de abogados Linklaters. “Sin embargo, la realidad era bien distinta”, se afirma en el escrito. “Y es que los instrumentos normativos aprobados por el Ayuntamiento de Mataró y la Generalidad [SIC] de Cataluña, que son las que dotaban a la finca de las características físicas y jurídicas previstas en el contrato fueron declarados nulos de pleno derecho”. Aunque el consistorio insiste en que la fábrica se puede reconstruir y puede aprobar el plan de mejora en cuanto El Corte Inglés quiera construir el centro comercial.

La acción judicial de la cadena de grandes almacenes solicita a Pumsa (en cuyo consejo de administración se sientan los grupos políticos de Mataró) recoge la devolución de los 24 millones de euros, además de 3,8 millones “en concepto de sobreprecio pagado por la finca”; 1,5 millones por intereses legales; casi un millón de exceso de IVA; y 451.299 euros en gastos asociados al contrato, entre otras indemnizaciones.

“Tras intentos frustrados de negociación, al no ofrecerse una solución justa”, El Corte Inglés ha presentado la acción judicial, explican fuentes de la empresa. De hecho, insiste en que ha actuado de buena fe y confiando plenamente en la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Mataró. “La fábrica debe restituirse a su sitio original dentro de la parcela, imposibilitando manifiesta y absolutamente la ejecución del proyecto conforme a lo pactado en el contrato de compraventa, deviniendo este radicalmente nulo”, aseguran estas fuentes.

¿Falta de interés en el proyecto?

A su vez, Mataró, a través de Roca Junyent, está estudiando presentar la citada querella cruzada por “incumplimiento de contrato por parte del operador comercial”. Desde el consistorio se explica que la empresa lleva años con ese proyecto abandonado e incluso ha acompañado a posibles inversores para venderles el terreno. El ayuntamiento se cerró en banda a reconvertirlo en un residencial, como les llegó alguna propuesta, ya que la finca tiene un uso terciario (comercial, hotelero, restauración...) pero sí está dispuesto a que se realizara un proyecto mixto comercial con algún otro uso.

El Corte Inglés ha ido cerrando casi una decena de tiendas en los últimos años. Por ejemplo, en la calle de Colón de Valencia, en La Vaguada y Parque Sur en Madrid, en la Gran Vía de Bilbao, además de poner a la venta en varios procesos diversos activos no estratégicos. El ayuntamiento asegura que el solar de Mataró también estuvo en uno de esos procesos de desinversión. Entre esas ventas se encuentra su céntrica tienda de Portal de l’Angel en Barcelona por alrededor de 200 millones.

En 2022 vendió, asimismo, un inmueble ubicado en la calle Alberto Bosch de Madrid a Mapfre y Swiss Life, y también traspasó a Merlin el Edificio Serantes, en la zona de Azca de la capital, por 11 millones. En julio fue la socimi Saint Croix la que adquirió otros dos inmuebles, también en Madrid, y Decor II, propiedad de los hermanos Alberto y Pedro Cortina Koplowitz, compró uno situado en la calle Maestro Victoria. Fuera de la capital traspasó los dos activos ubicados en Sevilla y Córdoba a Inbest.

Con un enorme patrimonio inmobiliario, con una valoración cercana a los 17.000 millones, la histórica firma ha utilizado los traspasos puntuales para reducir su endeudamiento, ya que en 2022 cerró con una deuda financiera neta de 2.595 millones.

El único movimiento a contracorriente fue la adquisición, a finales de 2023, del inmueble ubicado en el número nueve de la Puerta del Sol de Madrid, junto a su tienda de deportes, para ampliar comercialmente ese céntrico punto.

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Sobre la firma

Alfonso Simón Ruiz
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.
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