Los Ruiz-Mateos vuelven al banquillo por el fraude de 300 millones de Nueva Rumasa
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
Los Ruiz-Mateos vuelven a ponerse delante de un tribunal acusados de estafa. La Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a los herederos del fallecido José María Ruiz-Mateos por el fraude de unos 300 millones de euros con los pagarés de Nueva Rumasa, el segundo entramado que la familia levantó para tratar de reconstruir el imperio de Rumasa, expropiado en febrero de 1983. Los seis hijos varones (Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso), sucesores del negocio del polémico empresario, se enfrentan a 16 años de cárcel que la Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno de ellos por, presuntamente, idear un sistema de financiación piramidal con el que captaron 337 millones de euros de, al menos, 4.100 particulares, y con el que dejaron un agujero de 289 millones, según la investigación judicial.
Los hijos de Ruiz-Mateos y Teresa Rivero –quien quedó fuera de este proceso judicial– se sentarán en el banquillo de los acusados junto a otros nueve responsables de Nueva Rumasa, entre ellos Ángel de Cabo, quien adquirió el grupo tras declararse en concurso de acreedores. Anticorrupción también se dirige contra otras nueve personas como responsables civiles, entre las que se encuentran las seis hermanas de los principales acusados; y contra 57 empresas como responsables civiles.
La vista oral –que se alargará hasta abril– tendrá lugar 12 años y medio después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces dirigido por el juez Pablo Ruz, abriera una investigación; y casi siete años después de que el sucesor en el órgano judicial, José de la Mata, enviara a juicio al clan por estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales. En este contexto, el magistrado instructor embargó la herencia de los Ruiz-Mateos y les impuso una fianza de más de 496 millones de euros. El juicio, además, se celebrará poco después de que la familia empresaria ganara una primera importante batalla legal a Hacienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el pasado julio ordenó recalcular el precio de Rumasa 40 años después de su expropiación. Esta decisión aún no es firme, ya que la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.
Complejo conglomerado
Nueva Rumasa, a diferencia de su precedente, no se configuró como un holding, aunque sí lo era en la práctica. El nuevo grupo familiar, que recuperó el reconocido logo de la abeja, se conformó como un complejo conglomerado de sociedades sin matriz común, pero con gestión unitaria. Y así se reflejó en su publicidad. Según el escrito de acusación de Anticorrupción, la mayoría de las compañías de Nueva Rumasa “pertenecían formalmente a otra sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales” o en territorios de baja tributación, como Belice, Panamá y Países Bajos, pero funcionaban a efectos patrimoniales y financieros como una única empresa. Dhul, Clesa, empresas dedicadas a la distribución, bodegas y cadenas de hoteles, son algunas del centenar de compañías que pertenecían a la resucitada red empresarial, que volvió a ver la luz en 1996.
Las dificultades económicas se instalaron en Nueva Rumasa, que llegó a acumular una deuda de más de 570 millones de euros en 2009. Ante la situación de insolvencia e imposibilidad de lograr más financiación bancaria, los responsables del grupo urdieron un plan para captar fondos, que se convertirían en la única fuente de ingresos. Así fue como nacieron los famosos pagarés, que se lanzaron trimestralmente bajo la promesa de devolverlos con un elevado interés anual, pero que terminó siendo una trampa para miles de inversores.
Para llevar a cabo el plan, Nueva Rumasa realizó una fuerte campaña de publicidad en medios de comunicación con la que invitó a invertir en sus sociedades más conocidas mostrando una imagen de solvencia, si bien las pesquisas arrojaron indicios de que tal situación de bonanza no era verídica. Los fondos captados no se destinaron a los fines publicitados, sino que sirvieron para atender las deudas contraídas o para adquirir otras empresas de renombre con el que mantener el engaño.
En 2011, conscientes de todas las obligaciones de pago y con una decena de sociedades en concurso de acreedores, los Ruiz-Mateos y sus colaboradores definieron otro plan con el fin de ocultar todo su patrimonio. Así, pusieron en práctica diversas estrategias para tratar de sortear los inminentes embargos judiciales consistentes en la venta de fincas, hoteles, participaciones sociales a un tercero, que posteriormente la familia trató de recuperar, sin pagar previamente a sus acreedores, a través de Ángel de Cabo y otros acusados.
El número concreto de perjudicados nunca se llegó a concretar, pero 1.409 afectados denunciaron la estafa y reclamaron en total 171 millones de euros, poniendo fin así a Nueva Rumasa.
Otros líos judiciales
La saga de Nueva Rumasa no es la primera vez que va a juicio. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo condenó a los seis hermanos a dos años y medio de cárcel –rebajando la penas de entre cinco años y 11 meses y seis años y medio de prisión que impuso la Audiencia de Baleares, al eliminar algunos de los delitos condenados inicialmente– por una estafa en la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera (Mallorca) y Beverly Park Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas) a través de empresas pertenecientes al grupo empresarial.
Por estos hechos, en mayo de 2019 los descendientes de Ruiz-Mateos y Rivero entraron en prisión, si bien para Álvaro y Javier Ruiz-Mateos era la segunda experiencia en un centro penitenciario, ya que en 2015 cumplieron una pena de dos años y nueve meses por un delito contra Hacienda y alzamiento de bienes en relación a la venta de un apartahotel en Peñíscola (Castellón).
Asimismo, el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo confirmó una condena a un año de prisión a Alfonso Ruiz-Mateos por un delito fiscal relacionado con el impago del IVA en 2003 en la compraventa de una vivienda en Madrid.
Por otro lado, la colmena de los Ruiz-Mateos se rompió hace una década, a raíz de la querella que interpuso Begoña Ruiz-Mateos, junto a su marido, contra sus seis hermanos varones, a los que acusó de quedarse con su dinero y ocultarlo mediante diferentes testaferros.
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