Los Ruiz-Mateos piden la nulidad de pruebas y atribuyen a su padre toda la responsabilidad en Nueva Rumasa
La defensa asegura que la investigación se nutrió de la declaración del exabogado de la familia, que fue condenado por revelación de secretos y deslealtad profesional
Los seis hijos de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero se han vuelto a sentar enfrente de un tribunal. En una nueva macrosala de juicios de la Audiencia Nacional, en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) –situado en un polígono industrial– los descendientes del polémico empresario, fallecido en septiembre de 2015, han vivido la primera sesión de la vista oral por la presunta estafa de unos 300 millones de euros con los pagarés que emitió Nueva Rumasa, entre 2009 y 2011. En esta primera jornada, el abogado de los seis descendientes varones ha comenzado a dejar trazos de su estrategia de defensa, basada en dos grandes líneas: que la responsabilidad de lo ocurrido fue del patriarca de la familia y que gran parte del sumario es nulo, ya que las pruebas se obtuvieron a raíz de la declaración del que fuera abogado de la familia, Joaquín Yvancos, quien se personó ante la Fiscalía poco después de dejar de prestar servicios a los Ruiz-Mateos.
El primer día de juicio se ha centrado en la exposición de cuestiones previas, la fase en la que, entre otras cuestiones, las defensas suelen tratar de anular el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales. El tribunal ha anunciado que resolverá todos estos planteamientos en sentencia. En este contexto, la defensa de los hermanos Ruiz-Mateos ha señalado, e incorporado a la causa, 39 sentencias absolutorias, dictadas “buena parte de ellas con posterioridad a la presentación del escrito de defensa” en este proceso judicial, para tratar de desmontar la tesis de Anticorrupción –que solicita 16 años de cárcel para cada uno de ellos– acerca de la “administración colectiva y dominio funcional” que tenían los acusados sobre Nueva Rumasa.
Según ha indicado el letrado, 28 sentencias penales concluyen “lo contrario” a la acusación del ministerio fiscal y “atribuyen la responsabilidad a José María Ruiz-Mateos”; y otras 11 sentencias mercantiles, relacionadas con las sociedades que emitieron pagarés, afirman que los hijos de Ruiz-Mateos no eran los “administradores de hecho” de Nueva Rumasa y que la “gestión” la llevaba el padre, quien intentó levantar el emporio de Rumasa, que fue expropiado en febrero de 1983.
Tras ello, el abogado se ha centrado en la nulidad de muchas de las diligencias realizadas durante la instrucción y, en especial, todas aquellas que se practicaron después de que el exabogado de la familia empresaria y de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, prestara declaración ante la Fiscalía y aportara numerosa documentación sobre las empresas, lo que supuso una especie de traición para sus anteriores representados.
Según ha señalado el letrado, unos días después de que Yvancos diera venia a otro abogado para defender a los Ruiz-Mateos, éste se presentó ante el ministerio público “de forma voluntaria” para prestar declaración, pese a que no estaba imputado. En la causa, consta como partícipe a título lucrativo.
Condena en firme
A raíz de esa comparecencia, en noviembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez instructor de la Audiencia Nacional, que ya había abierto una causa para investigar el fraude millonario de Nueva Rumasa, la apertura de una nueva línea de investigación secreta, que conllevó la entrada y registros en los domicilios de la familia Ruiz-Mateos, la elaboración de informes de las unidades económicas policiales, el requerimiento de información a entidades financieras, la apertura de cajas de seguridad, entre otras diligencias.
En opinión del abogado de los Ruiz-Mateos, el tribunal no puede admitir la “licitud de todas esas actuaciones” porque tienen su origen en la comisión de dos delitos, condenados en firme. Según ha apostillado, el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid condenó a Yvancos por los delitos de revelación de secretos y deslealtad profesional, en relación a su comparecencia ante la Fiscalía, en la que desveló información que obtuvo como abogado de Nueva Rumasa y de la familia fundadora del grupo empresarial, infringiendo así su deber de guardar secreto profesional. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación.
Precisamente, esta cuestión ha sido también puesta de manifiesto por los abogados de otros acusados, como el administrador de empresas de Nueva Rumasa Zoilo Pazos; el apoderado de algunas de las sociedades Alfonso Barón; el abogado Manuel Sánchez Marín; o el empresario Ángel de Cabo, que adquirió Nueva Rumasa una vez declarado en concurso de acreedores y conocido como el liquidador de Viajes Marsans; que han señalado que las actuaciones judiciales dirigidas contra ellos también tienen su origen en las declaraciones de Yvancos.
Delito de blanqueo de capitales
Por último, la defensa de los seis hijos varones de Ruiz-Mateos y Rivero ha pedido la nulidad de la imputación y acusación por el delito de blanqueo de capitales por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Según ha expuesto, durante la instrucción de la causa, los acusados fueron llamados a declarar en dos ocasiones por el delito de estafa y alzamiento de bienes, pero nunca en relación al ilícito cuestionado.
En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, que considera que los Ruiz-Mateos pusieron en marcha la emisión de pagarés como sistema de financiación de sus deudas, lo que acabó convirtiéndose en una estafa piramidal, ha utilizado el trámite de cuestiones previas para meras cuestiones organizativas. En este sentido, el fiscal ha pedido a la defensa de los principales acusados que aclare el “sentido y finalidad” de toda la documentación que ha aportado poco antes del inicio de la vista oral.
Sobre las afirmaciones que han hecho las defensas de las acusados con respecto a Yvancos, el fiscal ha sostenido que éste no aportó “nada al procedimiento que no se tuviera”. “Las entradas y registros aportan documentos que solo sirven para confirmar lo que sabía el instructor. El señor Yvancos no violó su deber de secreto ni aportó nada a la causa que la contamine”, ha aclarado.
Asimismo, ha solicitado al tribunal, que preside el magistrado Fernando Andreu, que reconsidere el orden de declaración de los acusados, ya que está previsto que una parte de ellos sean interrogados en primer lugar y otros al final del juicio, tras la práctica de la prueba testifical, pericial y documental. Tras retirarse a deliberar, el tribunal ha considerado oportuno que todos los encausados declaren en la recta final de la vista oral.
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