Bancos y operadoras de telecomunicaciones negocian un pacto antiestafas para frenar la ola de llamadas fraudulentas
Entidades y telecos exploran junto al Ministerio para la Transformación Digital una solución que permita bloquear las llamadas fraudulentas
Banca y telecos buscan un plan para frenar la ola de estafas telefónicas. Desde hace semanas, ambos sectores mantienen reuniones junto a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para explorar un acuerdo de colaboración que evite el robo de dinero a los clientes a través de llamadas en las que un hacker se hace pasar por empleado del banco y advierte de que la cuenta está siendo desvalijada.
Gobierno, bancos y teleoperadoras se encuentran en alerta por la avalancha de casos que se vienen produciendo desde la segunda mitad del año pasado, ya que cada vez hay más víctimas que han perdido parte o todos sus ahorros. Fuentes conocedoras de las reuniones explican que las tres partes vienen manteniendo encuentros con la intención de encontrar una solución técnica y normativa que permita autenticar las llamadas o bloquear a los estafadores. El objetivo final es la protección del cliente y evitar que caiga en estos engaños.
Existen muchos tipos de estafas para acceder a las cuentas bancarias y robar los ahorros de la cuenta. Pero las que se están popularizando y más preocupan son las llamadas telefónicas que suplantan el número de una oficina bancaria. Una técnica conocida como vishing. En este tipo de engaños, el pirata informático se hace pasar por un empleado del banco, alerta al cliente de que su cuenta está siendo atacada y le pide que le proporcione las claves y contraseñas para detener la fuga de su dinero. Entonces, aprovecha para realizar operaciones y traspasar esos fondos.
Y una vez que el cliente se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa, el proceso para recuperar los fondos robados se convierte en una odisea. Según explican bancos, despachos y asociaciones de consumidores, en la mayor parte de estos casos el cliente no llega a recuperar el dinero. Fuentes jurídicas apuntan que la normativa obliga a los bancos a reembolsar todas las operaciones no autorizadas que se hayan producido en su cuenta, pero siempre que no haya habido negligencia por parte del cliente. Y ahí reside el principal escollo para recuperar el dinero: de forma general, se considera que al ser el propio usuario el que proporciona las claves y contraseñas al estafador, no ha tenido la debida prudencia para proteger sus datos.
“Para que el banco se haga cargo, el engaño tiene que ser bastante sofisticado. Un ciudadano medio tiene que tener atención. En estos casos hay que ver si las entidades han puesto previamente en aviso a la clientela y si el cliente ha atendido a determinados requerimientos. Como ciudadanos tenemos que tener el debido cuidado. Si la entidad cumple con los protocolos de seguridad, no tendría responsabilidad”, explica Ruperto Guerra, director de TCM Legal.
Las entidades justifican que estas estafas se producen fuera de su ámbito de alcance porque no se trata de un hackeo a sus sistemas ni de brechas en las barreras de seguridad, por lo que no son responsables de las pérdidas de dinero. No obstante, fuentes bancarias señalan que la intención es ofrecer una mayor seguridad a los clientes y no dejarles desprotegidos cuando han sufrido una pérdida de sus ahorros.
De esta forma, lo que se pretende con las mesas de negociación a tres bandas es que todos los sectores involucrados en la cadena del fraude asuman parte de la responsabilidad y colaboren en medidas para evitar los fraudes. Según explican fuentes conocedoras de las conversaciones entre banca, telecos y ministerio, algunas de las discusiones giran en torno a encontrar un marco normativo en le que todos los actores se sientan cómodos y puedan cumplir con la protección de datos y el secreto de la información. En cualquier caso, los contactos se han intensificado para lograr una solución lo antes posible.
En algunos países ya se ha llegado a acuerdos similares entre todas las industrias implicadas. El año pasado, en Reino Unido, se lanzó el proyecto Stop Scams UK en el que algunos los principales bancos británicos, teleoperadoras y gigantes tecnológicos como Meta, Google y Microsoft, colaboran para recopilar información sobre los estafadores y cerrar sus operaciones fraudulentas.
Ante la escalada de este tipo de estafas, el gobierno británico tomó cartas en el asunto y promovió un pacto (bautizado como Online Fraud Charter) que va más allá del fraude para robar dinero de las cuentas bancarias. Así, se alió con grandes tecnológicas como Amazon, eBay, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft, Snapchat, TikTok, X, Matcha Group o YouTube, que se comprometieron a verificar a los nuevos anunciantes, eliminar rápidamente cualquier contenido fraudulento y establecer mayores niveles de verificación de los usuarios de estas plataformas.
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