Dos causas, miles de reclamaciones y la herencia del Santander: seis años de la caída del Popular
La Audiencia Nacional acaba de concluir el caso sobre la quiebra de la entidad en junio de 2017, tras más de cinco años de investigación
La desaparición del Banco Popular cumple su sexto aniversario. Este miércoles, 7 de junio, hace seis años de la caída del que fuera el sexto banco español, que pasó de ser considerado como la entidad más rentable a la primera en ser intervenida por las autoridades europeas bancarias.
Casi seis años han transcurrido también desde que la Audiencia Nacional abrió una causa para investigar qué fue lo que pasó para que un banco con 90 años de historia quebrara. Esta investigación judicial concluyó a finales de abril, pero aún se desconoce si algún ex alto cargo de la entidad irá a juicio como responsable del colapso. Entre los investigados se encuentran el ex presidente del banco Ángel Ron y su sucesor, Emilio Saracho, quien estuvo al frente solo 108 días.
Gran parte de las pesquisas se han centrado en la ampliación de capital que se llevó a cabo en mayo de 2016, por el importe de 2.500 millones de euros. La inversión en el sector del ladrillo acabó sepultando al Banco Popular, que sufrió las consecuencias de la crisis económica que se inició en 2008. La intención de acelerar la desinversión en el negocio inmobiliario impulsó esta operación de emisión de acciones. La otra parte de la investigación se ha dirigido a aclarar si el filtrado de información en los últimos meses de vida de la entidad provocó la cotización del banco se fuera desplomando hasta llegar al 7 de junio de 2017, cuando se acordó su disolución.
Advertencias sobre la falta de liquidez
Fue en la madrugada del 6 al 7 de junio cuando la Junta Única de Resolución (JUR) decidió entrar en acción por primera vez y resolver el Banco Popular, tras determinar que su situación era insostenible. Horas antes, el Mecanismo Único de Resolución (MUS) se había sumado a las alertas del Banco Central Europeo (BCE), que en varias ocasiones, durante esa primavera, advirtió de que la entidad bancaria no tenía suficiente liquidez para afrontar las obligaciones de deudas y otros pasivos por la fuga de capital que se estaba registrando en las semanas previas a su extinción.
El plan consistió en que los accionistas y bonistas fueran los que rescataran al banco. Así, la deuda del Popular se convirtió en acciones, se amortizó todos los títulos de la entidad a cero y se traspasó al Banco Santander por el valor simbólico de un euro.
Aun así, miles de inversores han acudido a los tribunales en avalancha para tratar de recuperar el dinero que invirtieron en productos del Popular, y sobre todo en dicha macrompliación de capital que se produjo justo un año antes de su desaparición.
No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cerró, en mayo de 2022, la puerta a reclamar indemnizaciones. Entre sus argumentos, el máximo órgano judicial europeo recordó que la Directiva comunitaria que regula la reestructuración y resolución de entidades financieras establece que “son los accionistas, seguidos por los acreedores, (...) quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento”. En esta línea, un mes después, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
Estado procesal del Santander
El Banco Santander se ha apoyado en estas dos resoluciones para intentar evitar tener que afrontar las multas y responsabilidades civiles derivadas de la actuación y decisiones de los ejecutivos del Popular. No obstante, la respuesta no está siendo la esperada. Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha investigado el bautizado como caso Popular, decidió posponer la valoración sobre si el banco pilotado por Ana Botín debe ser considerado como responsable civil subsidiario de los daños ocasionados hasta el fin de la instrucción. Esta decisión sigue pendiente; si bien ya aclaró que la doctrina del TJUE se refería a una cuestión civil, mientras que la Audiencia Nacional ha estado analizando un asunto penal.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha obligado al Santander a abonar varias multas que la CNMV impuso al Popular. Según el Alto Tribunal, es heredero del Popular en todos los sentidos, es decir, no solo en el negocio, sino también en responsabilidad.
Segundo ‘caso Popular’
La actividad del Banco Popular seguirá en los tribunales, ya que desde hace un año, la Audiencia Nacional investiga, en manos del juez Santiago Pedraz, si hubo irregularidades en la ampliación del Banco Popular en 2012 y la compra del Banco Pastor. La causa, por la que están imputados el ex presidente del banco Ángel Ron y el que fuera su número dos, Roberto Higuera, fue impulsada por un pequeño grupo de accionistas y el grupo inmobiliario Cerquia, que les acusa de estafa.
Asimismo, estos inversores minoritarios intentaron imputar también a los entonces miembros del consejo de administración de la entidad, así como los que fueran responsables de la CNMV que controlaron la operación de emisión de acciones, si bien el magistrado instructor no vio motivo para ello.
Otros líos judiciales
Periciales. En el sumario del caso Popular constan numerosos informes periciales que han elaborado los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional para analizar las cuentas anuales del Banco Popular. También se incorporaron los informes de las inspecciones que realizó el Banco Central Europeo, que afirmó que la entidad debió haber registrado déficits los años previos a la ampliación de capital. Este criterio no es del todo compartido por los peritos ni por los auditores de PwC (que examinaron la contabilidad del Popular), al entender que esa conclusión se alcanza si se aplican determinadas normas contables, que habrían entrado en vigor en 2016, con carácter retroactivo.
Arbitraje. Uno de los accionistas que más pelea por recuperar su inversión es la familia mexicana Del Valle, que poseía el 4% del capital del banco. A través de un procedimiento iniciado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, reclamó al Estado español 700 millones de euros por vender el Banco Popular al Banco Santander por un euro. El tribunal desestimó esta pretensión, al considerar que la actuación del BCE y la JUR fue acertada y legal.
Imputación. Otro de los principales accionistas del Banco Popular era Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, que depositó 113 millones de euros en acciones. El magnate chileno Andrónico Luksic y su familia actúan como acusación particular en la Audiencia Nacional y ha solicitado en varias ocasiones que la compañía que preside Ana Botín sea imputada penalmente, si bien no lo ha logrado.
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