Una falsa reforma eléctrica para remozar las viejas nucleares francesas

España, promotora de un cambio en profundidad del ‘pool’ europeo tras la crisis energética, apenas se beneficiará del acuerdo sellado por los 27 la semana pasada

Central nuclear de EDF.

El pasado martes, el Consejo de la UE, tras largos meses de negociaciones, alcanzó un acuerdo para abordar la reforma del mercado eléctrico europeo, que necesita aún, para incluirse en un Reglamento, del visto bueno de la Comisión Europea y el Parlamento. Aunque la reforma fue auspiciada por el Gobierno español a raíz de la crisis energética, con un papel relevante de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el resultado ha sido prácticamente neutro para España. Se podría incluso aventurar que de reforma solo tendrá el nombre y que, como tantas veces, los grandes beneficiarios serán Francia y Alemania.

Desde el comienzo de su tramitación, la propuesta estrella de España, la de acabar con el sistema marginalista de los precios del mercado desacoplando el gas y el carbón del mercado (lo que sí habría supuesto una reforma) se topó con un muro infranqueable: la de los países del Norte, con Alemania a la cabeza, y la de las maniobras del poderoso lobby eléctrico europeo en Bruselas. No en vano, las compañías del sector se ha felicitado por el resultado. Por tanto, el mecanismo por el que la tecnología que resulte casada en el mercado diario (el gas o el carbón) marque el precio al resto (nuclear, hidroeléctrica o renovables), sigue intacto.

Con el encomiable objetivo de evitar la volatilidad de los precios, de promover las renovables, proteger a los consumidores vulnerables o establecer un marco que sirva para armonizar medidas contra futuras crisis (y evitar que cada país actúe por su cuenta como ha ocurrido en la crisis actual, sin que la Comisión haya podido evitarlo dadas sus dimensiones imprevistas) se ha abordado una reforma de la que Francia ha logrado que se subvencionen (a través de los llamados contratos por diferencia o CfD) las inversiones destinadas a ampliar la vida útil de las 60 centrales que componen su viejo parque nuclear o para nuevas plantas. Por su parte, Alemania, que abandonó hace tiempo la energía atómica, se ha cobrado el peaje de subvencionar a sus centrales de carbón (vía pagos por capacidad), que se han convertido en un comodín contaminante ante el temor del Gobierno de Olaf Sholzt de sufrir problemas de suministro tras la crisis del gas ruso.

Ninguna de estas medidas afecta a España, donde el carbón (salvo un par de plantas testimoniales) ha pasado a la historia y donde empresas y Gobierno pactaron en 2019 un calendario para el cierre ordenado del parque nuclear entre 2026 y 2035. Por lo demás, España ya está de vuelta en cuanto a los contratos por diferencia (a través de subastas) para promover las inversiones en renovables, que incluye ahora la reforma europea en ciernes. Las citadas subastas, que el Gobierno reguló en 2020 y de las que se han celebrado ya tres, garantizan un precio cerrado por la producción durante un periodo de 20 años. Si el inversor ganador de la puja recibe en el mercado un precio superior que resulte de la subasta, devuelve la diferencia al sistema, y, si no lo alcanza, se le compensa. Este mismo mecanismo se aplicará, según la reforma pactada, para las inversiones destinadas a la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y de cualquier tecnología que no emita CO2, como la hidráulica (en este caso, para nuevos bombeos) o la repotenciación de las renovables. En todo caso, las subastas serán voluntarias.

En una primer momento, el Gobierno español propuso un esquema de subastas obligatorias y de que se fijaran CfD regulados para la nuclear y la hidráulica sin condicionarlos a la ampliación de la vida útil, tal y como se ha acordado. Las subastas favorecen a tecnologías sin competencia y en manos de un solo propietario, como es el caso de las centrales nucleares francesas, todas ellas en manos de EDF. Con uno solo que tenga la voluntad de acudir a las subastas es suficiente. En el caso español, las ocho centrales aún en funcionamiento son privadas y están en manos de la voluntad de varias empresas eléctricas.

Las nucleares españolas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de utilizar los CfD para una ampliación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y se atiene al calendario de cierre. Aunque los plazos para la clausura de las plantas ya superan los 40 años, es tan solo de dos o tres años, lo que no merece recurrir a dichos contratos. Otra cuestión es que un posible Gobierno del Partido Popular, más pronuclear, opte por impulsar este tipo de subastas, siempre que las propietarias estén por la labor y les convenga el precio regulado que se subastase. Estas se vienen lamentado desde hace años que estas plantas no les resultan ya rentables por los gravámenes que soportan (especialmente, para su desmantelamiento y la gestión de los residuos), motivo por el cual se avinieron a firmar un calendario de cierre.

Los polémicos contratos por diferencia para el parque francés, se aplicarían a partir de 2026, justo cuando a Francia le caduca su marco regulatorio que le permite, desde 2007 contar con un precio barato para una parte de su generación nuclear (42 euros/MWh). La resistencia de Alemania y España, entre otros, a permitir otro precio regulado para la renovación del parque francés es que, con dichos precios, la ganadora es la industria francesa, en competencia desleal con la del resto de países.

Más allá de los CfD, otras medidas de la reforma, como el impulso de los contratos a plazo (PPA) para dar liquidez al mercado, evitar la volatilidad y la protección a los vulnerables, garantizándoles un comercializador regulado, ya se aplican en España. El futuro Reglamento permitirá a la Comisión Europea fijar medidas intervencionistas en el caso de nuevas crisis energética, como la subvención de la factura de los domésticos y pymes. En cualquier caso, las situaciones excepcionales deberán ser decretadas por Bruselas (para toda la UE o por regiones) para evitar que cada país actúe por su cuenta.

Del relativo calado de la reforma da cuenta el hecho de que la mayor parte de las modificaciones se podrían aprobar sin problemas con los instrumentos legales de cada país. El texto legal modifica dos directivas y dos reglamentos de los años 20018 y 2019.

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