La no reforma del mercado eléctrico europeo
Los más críticos consideran que las propuestas de Bruselas son tan ‘light’ que las podría aprobar cada país con sus instrumentos legales
El pasado martes, 14, la Comisión Europea presentaba oficialmente su propuesta de reforma del mercado mayorista de la electricidad que venían reclamando los países del sur, a los que, a regañadientes, se habían sumado los nórdico-germánicos. España, a la cabeza de los reformistas, considera que el sistema de precios marginales que nació cuando el mix de generación se basaba en los combustibles fósiles, con materias primas sometidas a los vaivenes de precios internacionales, en la nuclear y, en menor medida, la hidráulica, ha quedado desfasado con la irrupción y el creciente predominio de las renovables.
La escalada de los precios derivada de la invasión rusa de Ucrania, ha dejado en evidencia el contagio pernicioso de la generación con gas sobre el resto de energías inframarginales (nuclear, hidráulica y algunas renovables), que el Gobierno español atribuye a los fallos de un mercado que urge reformar. Con el mérito de haber ideado medidas para controlar los altos precios del mercado, esencialmente, mediante el recorte de los ingresos extra que el modelo proporciona a las eléctricas (o por la vía de la minoración de ingresos a los contratos por encima de los 67 euros MWh o por la llamada excepción ibérica), España aspiraba a darle la vuelta a un mercado que había tardado una década en consolidarse, según argumenta sus defensores.
Si el modelo marginalista proporciona beneficios extraordinarios que ha sido necesario recortar, ¿por qué no reformar el mercado para evitar esos recortes a posteriori?, se plantean en el Gobierno de Pedro Sánchez. Este lanzó sus propuestas el pasado febrero, entre ellas, un precio regulado para la nuclear y la hidráulica y contrato por diferencia obligatorios para las renovables, amén del fomento de la contratación a largo plazo con PPA.
Sin embargo, el planteamiento de la Comisión Europea, alineada claramente con Alemania y sus aliados del norte y el centro de Europa, rechaza de entrada los postulados españoles con una defensa a ultranza de un mercado que ha resultado “beneficioso” para el despliegue de renovables, la transición energética y la factura que han pagado los consumidores, señala el documento en su exposición de motivos. El núcleo de la propuesta comunitaria son los contratos a largo plazo (tanto PPA como contratos por diferencia) y un sistema para dotar de liquidez a los mercados para el desarrollo de aquellos.
El texto articulado publicado por la Comisión Europea, que modifica dos directivas y dos reglamentos de 2018 y 2019, no incluye ningún cambio estructural ni, por tanto, una reforma del mercado, consideran fuentes políticas. Se trata más bien de la continuación del toolbox ( directrices o pautas) publicado por Bruselas en marzo del año pasado, que “ha elevado a categoría legal”. Dicho toolbox incluía las recomendaciones o herramientas que los países miembro podían utilizar para hacer frente a la escalada de los precios de la luz “en circunstancias excepcionales”, como el caso de la guerra de Ucrania.
De hecho, mantienen los críticos españoles, las modificaciones que propone Bruselas podrían haberlas aprobado cada país con sus propios instrumentos legales, ya que prácticamente ninguna es incompatible con el reglamento o la directiva europeas.
Medidas viejas
La cuestión va mucho más allá si se tiene en cuenta que varias de las medidas que incluye el texto de la Comisión ya se aplican desde hace tiempo en España. Tal es el caso de los contratos por diferencia mediante subastas que, organizadas por los Estados, garantizan un precio a largo plazo: si no lo reciben del mercado, se les compensa y, en caso contrario, lo devuelven al sistema. Sin embargo, contra la petición de España, las subastas no serán obligatorias. Además, en el caso de que impliquen una subvención, podrán participar renovables o nucleares de nueva inversión, una medida pensada para Francia, pues se incluye el repowering de estas centrales.
Además de esta, España aplica otras medidas que figuran en la propuesta, como la creación del comercializador de último recurso (CUR) que absorba a los clientes que se queden sin suministro por quiebra de su compañía; un nuevo mecanismo de interrumpibilidad; la obligación de que las comercializadoras ofrezcan contratos a precios fijos, en cuyo caso, deben cubrirse con la compra de esa energía a un precio fijo por un año o el aval del Estado para las productoras que firmen PPA (algo que ya hace Cesce, con 200 millones anuales).
Por el momento, el Gobierno español no ha reaccionado públicamente a una propuesta que dista mucho de la suya y que, a pesar de esperarla, considera más que insuficiente. Tanto Alemania y sus socios, como la agencia de cooperación de reguladores de la energía europeos (ACER) siempre han dejado claro que no quieren cambios en el mercado eléctrico. Pues, pese a la gravedad y la incertidumbre de la crisis, opinan que esta no deja de ser coyuntural y que los problemas coyunturales no deben arreglarse con soluciones estructurales.
El Gobierno español, que parece dispuesto a dar la batalla en el Consejo y el Parlamento Europeos durante el trámite de la norma, ha tenido también en contra a las empresas del sector. No en vano, la semana pasada, la asociación de las grandes eléctricas (Aelec) y la que aglutina a las eólicas (AEE) mostraron públicamente su apoyo a la decisión de Bruselas.
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