Alemania y seis países más discrepan de la propuesta de España para reformar el mercado eléctrico europeo
Defienden los beneficios económicos y de seguridad del mercado marginalista y rechazan cambios en plena crisis
Alemania ha encontrado seis aliados (Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Letonia) para defender ante Bruselas el actual modelo de mercado mayorista de la electricidad, frente a la posición iconoclasta de España que, el pasado enero estrenó el debate sobre el futuro de dicho mercado abierto por la Comisión Europea con una propuesta intervencionista. Hoy termina el plazo para la presentación de alegaciones con dos bloques diferenciados: el de Alemania y los citados aliados y los de los países del sur, que han remitido sus propuestas por separado (España, Francia, Italia y Portugal) y algunos países del Este.
En su carta a la CE, el bloque del norte defiende que el actual modelo de mercado marginalista “ha aportado enormes beneficios a la UE”, concretamente, “precios más bajos, mayor seguridad de suministro y la posibilidad de una integración a escala de las energías renovables”. Por tanto, cualquier reforma del mercado eléctrico debe abordarse teniendo en cuenta esos tres objetivos. En opinión de estos siete países, “el mercado interior ha demostrado ser resistente y capaz de garantizar la seguridad de suministro”, pese a las crisis excepcionales vividas en 2022: la guerra energética rusa en Europa y la baja disponibilidad de la generación nuclear e hidráulica.
Ante cualquier reforma -añaden-, la UE debe tener en cuenta los objetivos climáticos, los mercados transfronterizos y la flexibilidad de la oferta y la demanda que permitan un acoplamiento eficiente del sector y que incentiven las inversiones necesarias para el ahorro de energía y la descarbonización.
Así, los siete países consideran que para cualquier cambio hay que guiarse por varios principios. Por un lado, mantener los beneficios de la integración del mercado; salvaguardar y mejorar los incentivos para invertir en la transición ecológica (la UE necesitará inversiones anuales de 487.000 millones de euros en renovables entre 2021 y 2030); garantizar la eficiencia de los mercados a corto plazo y optimizar el funcionamiento de los de largo plazo (para ello, la base más sólida es el mercado marginalista) y mantener los incentivos y la igualdad de condiciones.
En este punto, piden que se fomenten los acuerdos de compra bilaterales eliminando las actuales barreras de los PPA y defienden los contratos por diferencias (que plantea España) respaldados por los Gobiernos y el sector privado, pero sin perjudicar el funcionamiento del mercado y la confianza del inversor. Estos contratos deben ser voluntarios y no imponerse de forma retroactiva, esto es, solo para las futuras instalaciones, con precios fijados por subastas, pero no regulados (como también quiere España).
Asimismo, piden la protección del consumidor, mejorando sus coberturas, que se evite la concentración de mercado y precios competitivos. Alemania y sus socios opinan que hay que proteger al mercado contra choques como el vivido por la actual crisis, con acuerdos de compra, el almacenamiento de energía y un mercado de energía europeo “abierto y competitivo”.
La carta concluye que cualquier reforma que no se base en un mercado europeo integrado y bien interconectado, debe realizarse analizando “exhaustivamente su impacto” y “no debe adoptarse en momentos de crisis”.
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