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Calviño encarga a la CNMC que investigue por qué la banca no remunera más los depósitos

La vicepresidenta no descarta realizar “algún cambio legislativo” para que suba la rentabilidad del ahorro

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, tras la reunión con las patronales bancarias, este jueves en Madrid.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, tras la reunión con las patronales bancarias, este jueves en Madrid.Juan Carlos Hidalgo (EFE)
Hugo Gutiérrez

El Gobierno incrementa la presión sobre el sector financiero para que remunere más el ahorro de las familias. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre “si hay factores que estén afectando a los incentivos de la banca para remunerar los depósitos”, con la colaboración del Banco de España. La titular de Economía, además, no ha descartado que tras el análisis haya cambios normativos para forzar a las entidades. “Hemos encargado el estudio a Competencia y después, eventualmente, veremos si es necesario algún cambio legislativo”. Es decir, o cambia la estrategia de precios o amenaza con regularlo por ley.

De esta forma, el Ejecutivo da un paso más para tratar de forzar al sector a que comience la guerra por el pasivo. Según los últimos datos disponibles del BCE, de abril, las entidades nacionales pagaron de media un 1,33% a los hogares por los nuevos depósitos a plazo de hasta un año, muy por debajo del 2,27% que se anotó la zona euro. Y supone la mitad de la rentabilidad que se ofrece en otros países europeos como Italia (3,11%) o Francia (3,03%).

Sobre esta cuestión, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, reclamó hace una semana más herramientas para poder investigar la escasa rentabilidad que se está ofreciendo. Y aseguró estar sorprendida por el hecho de que la banca no aproveche la baja remuneración del ahorro para captar clientes. “Me cuesta mucho ver que los bancos no quieran ganar cuota de mercado”, dijo en Santander.

Según Fernández, el problema en el sector financiero español es que existe una especie de oligopolio transparente. Esto es, a las compañías les basta con mirar lo que hacen los demás y adaptarse sin necesidad de pactar precios de forma explícita. “Tenemos un agujero en nuestras herramientas para controlar esta situación, que es una colusión tácita”, aseveró.

Las patronales bancarias —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)—, por su lado, han incidido en que no pueden entrar en la política de precios de cada entidad. Y han preferido no valorar la amenaza de posibles cambios legislativos si no crece la remuneración del ahorro de las familias. “No tenemos más información que lo que hemos escuchado hoy. Es muy difícil hacer una valoración”, ha dicho Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.

José María Méndez, director general de CECA, tampoco ha querido opinar sobre esta cuestión: “No tenemos nada que decir”. Aunque ha asegurado que el sector ayudará en dicho estudio: “Vamos a colaborar en todo lo que nos pidan. Existe un grado de competencia muy alto en el sector financiero español”.

Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha criticado sin ambages la estrategia comercial del sector. “Falta competencia por el proceso de concentración bancaria tras la crisis de 2008. Hay una especie de pacto de no agresión y por eso evitan remunerar más los depósitos”, ha afeado Suárez.

Más de 30.000 solicitudes

Otro de los temas principales que ha centrado la reunión ha sido la revisión de cómo está funcionando el plan de rescate para hipotecados en apuros por el repunte de la subida de tipos (y del euríbor). Calviño ha cifrado en 33.000 las solicitudes entre enero y mayo, tanto a la actualización del Código de Buenas Prácticas en vigor desde 2012 como al nuevo protocolo temporal para las familias en riesgo de vulnerabilidad.

“Hay que hablar con enorme cautela todavía y está pendiente de la verificación del Banco de España. Con los datos preliminares, las solicitudes se reparten principalmente entre la ampliación del plazo del préstamo, con congelación de las cuotas, y el cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo”, ha detallado la vicepresidenta económica del Ejecutivo.

De estas solicitudes, un 40% está todavía en tramitación. Por ello, el Gobierno no ha detallado el número de hogares beneficiados por el momento, y deja que sea el Banco de España quien lo cifre. Además, fuera del marco del código, se han producido acuerdos de refinanciaciones en 29.000 hipotecas. Es decir, no se han acogido al protocolo aprobado a final del año pasado, pero sí han renegociado con su entidad para paliar el efecto del incremento de la cuota hipotecaria tras la subida experimentada por el euríbor.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha avanzado su propuesta de revisar el Código de Buenas Prácticas, para que sirva como red de auxilio a más familias, tras un número de peticiones menor del esperado. “Hemos propuesto la ampliación de hasta tres años en los créditos hipotecarios a tipo variable para primera vivienda”, ha anunciado. De esta forma, se trataría de reducir la cuota mensual que pagan estos hogares, aunque estas posibles modificaciones se han aplazado a después de verano.

Tanto el sector como el Banco de España han frenado esta propuesta, que se podría enmarcar dentro de las promesas electorales con los comicios a solo tres semanas. “Sería prematuro cambiar en este momento los códigos y por eso nos hemos emplazado a septiembre para seguir trabajando en estos protocolos”, ha reconocido Calviño. Así, Ejecutivo y sector financiero han acordado dejar pasar estos meses para dar tiempo a los acuerdos y que se culmine la traslación de la subida de tipos. “Eso nos obliga a mantenernos alerta y reforzar las medidas establecidas”, ha avisado la vicepresidenta, que vuelve a advertir a la banca de que está dispuesta a abrir la negociación para ampliar los requisitos y que estas ayudas lleguen a más familias.

Las medidas aprobadas el pasado noviembre se dividen en dos protocolos: uno, mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, donde se añadieron medidas para las unidades familiares que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas), que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como la tasa de esfuerzo. Estas familias podrán optar a un periodo de carencia de cinco años del capital con un tipo de interés reducido.

Por otro lado, se sacó adelante un nuevo código para familias en riesgo de ser vulnerables con rentas de hasta 29.400 euros, cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, se haya aumentado al menos un 20%. Estos se podrán acoger a una congelación de la cuota durante 12 meses, alargar también hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un tipo de interés menor sobre el principal aplazado.

Petición escasa

Sobre el nivel de solicitudes, el número queda muy lejos de lo previsto cuando las negociaciones vieron la fumata blanca. Entonces, en noviembre, el Ejecutivo calculó que este escudo social beneficiaría a hasta un millón de familias endeudadas. Sin embargo, meses después, el Banco de España calculó que esa red, si se toman los datos históricos de adhesión a este tipo de protocolos, llegaría de forma efectiva solo a cerca de 200.000 familias.

Este menor impacto se explica, según el Gobierno y el sector financiero, por una mejor evolución de la economía española y la fortaleza del mercado laboral. Además, “la situación de partida de los hogares está más saneada que en otros periodos de subidas de tipos”, ha zanjado Calviño.

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Sobre la firma

Hugo Gutiérrez
Es periodista de la sección de Economía, especializado en banca. Antes escribió sobre turismo, distribución y gran consumo. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS tras pasar por el diario gaditano Europa Sur. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Máster de periodismo de EL PAÍS y Especialista en información económica de la UIMP.

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