Hacienda ingresa un 60% menos por el IVA de la tarifa regulada de la luz

La factura del consumidor del PVPC bajará este año un 42% por la caída de los precios y el mantenimiento de los recortes de impuestos, vigentes hasta fin de año

Carlos Cortinas Cano

Hace exactamente dos años, el 24 de junio de 2021, el Gobierno bajó el IVA de la electricidad del 21% al 10% para los consumidores domésticos. Ya en septiembre de ese año, después de que el precio del mercado mayorista (pool) superase por primera vez los 100 euros MWh, prorrogó esta medida hasta abril de 2022, al tiempo que suspendía prácticamente el impuesto especial de la electricidad (IEE), que pasó del 5,11% al 0,5%. Con ambos recortes (el del IVA bajó aún más, al 5%, en julio del año pasado) se pretendía paliar el coste de la luz por la crisis energética provocada por la tensión de los precios del gas de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, y tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

Estos ajustes fiscales unidos a los que el Ejecutivo aplicó en la parte fija del recibo (los denominados cargos) amortiguaron en buena medida la fuerte escalada del pool del año pasado, que cerró en una media de 143 euros MWh (algunos días del primer trimestre se situaron incluso entre 500 y 600 euros/MWh). Pero ello no supuso un gran trauma para Hacienda que se benefició de los altos precios de la electricidad pese a la fuerte rebaja fiscal porque gravar con un 10% o un 5% los ingresos de precios tan elevados, que se tradujeron en facturas vertiginosas, le resultó más rentable que aplicar el 21% a sobre precios que rondaban los 40-50 euros en los años previos a la pandemia.

De hecho, solo en 2021, el fisco recaudó unos 1.000 millones más que en los años precovid por los impuestos a la electricidad, incluidas otras tasas como la nuclear o el canon hidráulico.

Pero, tras las medidas contra la crisis energética adoptadas por los países de la Unión Europea, y el consecuente descenso de las cotizaciones del mercado mayorista, que se ha situado en lo que va de año en una media de 90 euros/MWh, los ajustes fiscales en vigor están pasando factura a Hacienda.

Así, tomando los precios reales de 2022 y los del primer semestre de 2023, así como los que marcan los futuros hasta fin de este año, un consumidor tipo del mercado regulado (con una potencia contratada de 3,5 kW y un consumo anual de 2.300 kWh) verá reducida su factura un 42% este año respecto a 2022: de 808 euros a 466 euros.

Ello incluye un 41% menos por el impuesto de la electricidad y un 60,7% menos por el IVA (un 59,5% entre ambos), que sería la pérdida de recaudación de Hacienda por ambos tributos entre los usuarios del PVPC. Concretamente, dicho consumidor tipo pagó en todo el año pasado una media de 56 euros por IVA y este año pagará apenas 22 euros.

Si bien es cierto que los clientes del mercado regulado representan solo un 31% (un total de 8,6 millones, frente a 19,5 millones en el mercado libre) la tendencia global de recaudación con los precios actuales es a la baja. De hecho, ya con datos reales, los ingresos del Estado por el IEE en los cuatro primeros meses de este año ha sido un 11% inferior a la de los cuatro primeros meses del año pasado (en marzo, con un descenso significativo del pool, la pérdida fue del 22%). Hacienda no proporciona desagregados los datos del IVA.

¿Subirá el IVA?

Según distintos expertos del sector, esta situación podría llevar al Gobierno que surja de las urnas en julio a recuperar parte del IVA, quizás subiéndolo al 10%, y sin esperar a fin de año. No en vano, en un reciente informe, la Comisión Europea considera que el final de la crisis energética “está muy próximo”, gracias al descenso y estabilización de los precios del gas natural. En este sentido, ha advertido que no va a prorrogar las medidas extraordinarias contra la crisis, incluidas en el reglamento que aprobó en octubre pasado y que caduca en julio.

Previamente, Bruselas había reclamado a los Gobiernos que en la elaboración de sus Presupuestos para el próximo año retiren las ayudas extraordinarias justificadas por la crisis.

No obstante, y frente a la petición de algunas grandes eléctricas de que, a la luz de tales recomendaciones, España elimine los topes impuestos a ciertos precios (vigentes hasta fin de este año), el Gobierno ha rechazado retirarlos, pues no están sujetos al citado reglamento.

Queda por ver cuál es la evolución de la recaudación fiscal entre entre los consumidores domésticos del mercado libre y el de las empresas o grandes usuarios con una potencia superior a 15 kW que nunca disfrutaron de dichas rebajas y cuyos precios se desconocen porque se pactan entre las partes. En el primer caso, el Gobierno impuso en abril del año pasado un tope de 67 euros/MWh al precio que las eléctricas podían cobrar por la energía inframarginal (hidráulica, nuclear y algunas renovables), para evitar que se contaminaran de los altos precios del gas destinado a producir electricidad. De superarlo, las compañías sufren una minoración de sus ingresos por encima de dicho tope.

Eso supuso que las tarifas de las comercializadoras en el mercado libre fuesen más competitivos que el PVPC (precio ligado directamente a la evolución del pool) por lo que la recaudación de los impuestos eléctricos fue también menor que en el mercado regulado.

Pero este año año la situación se está invirtiendo y, por primera vez en casi tres años, la tarifa regulada empieza a compensar. El Gobierno acaba de aprobar una nueva metodología para el PVPC que incluye una cesta de precios spot y de futuros, si bien, será efectiva a partir del 1 de enero de 2024. La crisis de precios ha supuesto un trasvase de 1,5 millones de clientes del mercado regulado al libre, según datos de la CNMC.

La excepción ibérica ya no cuesta nada

El análisis de la factura de un consumidor tipo (con un apotencia contratada de 3,5 kW de potencia y un consumo de 2.300 kWh anuales) demuestra que todas las partidas de la factura, no solo la de los impuestos, experimentarán este año un descenso. Todas menos la de los peajes de acceso (apenas un 0,1%), con los que se retribuye la inversión y el funcionamiento de las redes de distribucion y transporte (de REE), que determina la  CNMC aplicando una metodología que debe respetar.

Estos consumidores pagarán un 43% menos por la energía y un 17,6% por los llamados cargos, costes ajenos al funcionamiento del sistema, que son potestad del Gobierno y que este decidió recortar hace dos años. Además, el usuario no pagará este año, frente al pasado, la compensación por el tope al gas (la llamada excepción ibérica) gracias al derrumbe de los precios. Frente a los 96,4 euros que pagó el año pasado en la factura, este año solo desembolsaría apenas un euro. 

Pero el sistema eléctrico salvará el año gracias al superávit histórico que logró el año pasado de 6.189 millones de euros, según la liquidación de la CNMC, gracias, entre otros, a la aportación del Estado de e 2.000 millones.  Con ellos el Gobierno quiso compensar la suspensión  del impuesto del 7% a la generación (tributo que se devuelve al sistema) que, aunque se conra a las eléctricas estas repercutían al consumidor. Además, los ingresos del sistema se han encontrado con el viento de cara al recibir 2.028 millones por derechos de CO2 procedentes del Estado, un 84% más que el año precedente. Pero estos extras no se repetirán este año. 

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