El superávit eléctrico permitirá al Gobierno bajar la factura y recuperar recaudación
Con un excedente de 6.187 millones en 2022 el Estado no tendrá que realizar nuevas aportaciones al sistema
El superávit del sistema eléctrico sin precedentes registrado el año pasado (6.187 millones de euros) es el resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno para recortar la parte fija de la factura de la luz (peajes y cargos) y paliar así la escalada de los precios de la energía (la parte variable del recibo) por las altas cotizaciones del gas natural provocadas por Rusia. Primero, por el recorte de la oferta de gas en el verano de 2021 y por la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. “En tiempos tan convulsos” era complicado equilibrar las cuentas, indican fuentes del sector, y demuestra que la inflación de los precios del gas “era coyuntural”.
Según la liquidación 14 de la CNMC, por el lado de los ingresos, una buena parte del excedente del sistema procede de la aportación de 2.000 millones de euros del Estado incluida en el RDL 20/2022, con la que el Gobierno quiso compensar la pérdida de recaudación de la suspensión del impuesto del 7% a la generación, que las eléctricas tributaban y repercutían al consumidor y que Hacienda devolvía al sistema.
Otros ingresos superiores a los inicialmente previstos, como los 2.028 millones por derechos de CO2, un 84% más, o los 484 millones por la minoración de beneficios extra obtenidos por la energía hidráulica, nuclear y renovables, aunque un 100% menos de lo esperado, han contribuido a un excedente histórico, a pesar de que el Gobierno recortó el año pasado un 29% los cargos de la factura. Para 2023, estos bajaron en enero un 9% respecto a marzo de 2022 (en que se produjo una rebaja extra vía RDL) y un 41% sobre enero del año pasado.
Junto a otros ingresos no previstos por los distintos paquetes normativos para paliar la crisis energética, los ingresos del sistema ascendieron a 8.508 millones, frente a los 5.198 millones estimados.
En cuanto a los costes, otra medida destinada a aligerar el recibo, ha dado sus frutos con creces: el ajuste de la retribución del llamado Recore (energías renovables, residuos y cogeneración con retribución específica), que ha pasado de una previsión inicial de 6.636 millones a 4.701 millones, un 29% menos. La medida consistió en anticipar a 2022 y 2023 el ajuste trienal previsto del exceso de ingresos que habían obtenido estas energías en el mercado.
Bajada vía RDL
Aunque la liquidación definitiva de 2022 se conocerá en noviembre, no se esperan cambios relevantes. ¿Qué podrá hacer el Gobierno el año que viene con los citados 6.187 millones de excedente de 2022? Dado que la Ley del Sector Eléctrico en su artículo 19 deja claro que los superávit son únicamente ingresos liquidables del sistema, Hacienda no podrá recuperar los fondos que aportó, aunque, eso sí, nadie pone en duda que con tanto dinero en la caja ya no aportará más. Hay que recordar que, además del citado impuesto del 7%, en menos, en dos años el Gobierno ha reducido el IVA de la electricidad del 21% al 5%.
En cualquier caso, la Ley Eléctrica impide que los superávit se destinen a bajar la parte fija del recibo siempre que soporte la deuda procedente de los históricos déficit de tarifa que aún supera los 10.000 millones de euros. No obstante, el Gobierno podría volver a bajar los cargos del recibo siempre que lo incluya en una norma con rango de ley (las bajadas en los dos últimos años se aprobaron en distintos decretos-ley).
Destinar el excedente del sistema a reducir la deuda entraña algunos problemas, pues esta se titulizó a través de un fondo, el FADE, y está en manos de terceros. Por tanto, una amortización anticipada, más allá del pago por anualidades de de los déficit pasados (2.410 millones en 2022), depende de los bonistas de dicha deuda, que pueden rechazar la amortización o poner condiciones onerosas al Estado.
Por tanto, las apuestas apuntan a una nueva bajada de los cargos -o a que se mantengan los actuales recortes- a partir del 1 de enero de 2024. Máxime cuando la decisión coincidirá con las elecciones generales previstas para fin de este año.
En cualquier caso, la caja acumulada por el sistema servirá para cubrir los desajustes del sistema por los menores ingresos derivados de una posible caída de la demanda en 2023; la falta de aportaciones del Estado o los mayores pagos al Recore este año, que están recibiendo menos retribución vía mercado por los menores precios. Así lo van indicando las primeras liquidaciones de la CNMC de este año, con desajustes provisionales de caja. Tampoco se espera que se mantengan el nivel de ingresos por CO2.
¿Volverán a subir el IVA de luz y el impuesto a la generación?
Tributos. La suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad que el Gobierno acordó en 2021; el de la electricidad y el recorte del IVA del 21% al 5% (todos los gravámenes de la factura), son medidas de carácter temporal con la que el Gobierno quiso compensar el precio de la energía eléctrica en la factura contagiada por la escalada de las cotizaciones del gas por la invasión rusa de Ucrania. De hecho, el Ejecutivo ha tenido que ir renovando dichos recortes a través de distintas leyes.
Comodín. Aunque parezcan medidas definitivas, son coyunturales, y resultan un comodín si el sistema eléctrico o las arcas del Estado se vuelven a desequilibrar si, como todo apunta, los precios del gas recuperen su cauce. En todo caso, resulta muy improbable que la posibe recuperación de estos tributos se produzca en pleno año electoral.
Peajes. En el balance de ingresos y costes del sistema hay una partida sagrada que el Gobierno no puede tocar. Se trata de los peajes de acceso a las redes de distribución y transporte, que componen la parte fija de la factura junto con los cargos, y que revisa cada enero la CNMC según una metodología prefijada. El año pasado, los ingresos por peajes cayeron un 11%, hasta 10.250 millones. La retribución de las redes ha sufrido un importante recorte en el actual periodo regulatorio, aprobado por el regulador en 2019.
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