El mercado libre de la luz come terreno al regulado con un crecimiento del 20%
El PVPC retrocedió en el último semestre del año pasado un 18,5%, y representa el 32% del total
El número de clientes del mercado regulado de la electricidad descendió un 18,5% en el último semestre del año pasado, cuando se dispararon los precios del mercado mayorista (pool) al que está ligado el Precio de Venta del Pequeño Consumidor (PVPC) al que tienen derecho los domésticos y pymes con una potencia contratada inferior a 10 kW, según los últimos datos de la CNMC (del periodo de mayo a noviembre). Por el contrario, el número de clientes con contratos en el mercado liberalizado, que ha resultado más competitivo, se disparó un 20%.
En el mercado regulado de la luz había a finales del año pasado 8,571 millones de usuarios, que suponen un 31% del total, frente a los 10,521 millones registrados a mediados del ejercicio, que representaban el 39% en aquel momento, señala la CNMC. Las eléctricas están obligadas desde la primavera de 2021 cobrar un límite de 67 euros/MWh en la energía inframarginal (nuclear, hidráulica y algunas renovables) que vendan, pues, de lo contrario, sufrirán una minoración en sus ingresos.
Según la liquidación del sistema correspondiente a 2022 publicada el viernes por el organismo que preside Cani Fernández, por estos recortes las compañías tuvieron que pagar el año pasado 370 millones de euros, pero la medida ha servido, según fuentes del sector para contener los precios.
Bono social
En cuanto al bono social de la tarifa eléctrica, en el último semestre del año pasado, estaban acogidos al mismo 1.283.760 clientes, un 11% más que al comienzo de la crisis energética, en mayo de 2021. Los usuarios con descuentos en la factura representan el 4,6% del mercado.
Según los datos de la Comisión, el 47% de los usuarios acogidos al bono tienen la consideración de vulnerables y el 53% restante vulnerables severos. En el primer grupos siguen figurando las familias numerosas sin criterio de renta, que suponen un 39,4% de dicho colectivo. Todo ello a pesar de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió en febrero, tras conocerse que el vicepresidente de la comunidad de Madrid, Enrique Osorio, se beneficiaba del bono térmico y, por tanto del bono social de la electricidad. Los pensionistas suponen un 9% y las familias con rentas bajas, el 50,4% de los vulnerables.
Por su parte, entre los vulnerables severos (cuyos descuentos son más elevados (hasta el 70%), el 15,6% son también familias numerosas, pero con criterio de renta, y la mayoría unidades familiares, el 78%.
Aunque los precios del mercado mayorista y, por tanto el del PVPC, han descendido, hasta una media de 96,3 euros/MWh entre enero y marzo de este año, frente a los 209 euros/MWh de 2022 (el doble que el año precedente), la volatilidad sigue jugando en contra del precio regulado.
El Gobierno tiene previsto aprobar en junio el real decreto que regulará un nuevo PVPC, cuya gran novedad es que el precio se formará con los valores medios de una cesta de futuros, además del spot y que será de aplicación el 1 de enero de 2024, si bien, las comercializadoras de referencia (COR) que suministran en el mercado regulado deberán comenzar a comprar los productos a plazo el 1 de julio.
La cesta de futuros tendrá un peso en el coste de la energía del 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% en 2026. El reparto de la cesta de futuros será el 10% producto mensual; el 36%, trimestral y el 54% anual. El PVPC se limitará a personas físicas y microempresas con una potencia inferior a 10 kW.
A la espera de la reforma del PVPC
Aunque a finales del año pasado el Ministerio para la Transición Ecológica comenzó a tramitar la reforma del Precio de Venta del Pequeño Consumidor (PVPC), a la que se había comprometido con la Comisión Europea, el proceso se ha demorado durante meses. En la consulta pública a las compañías afectadas, el ministerio escuchó algunas de sus peticiones. La más importante, que el porcentaje de energía que deben comprar en los mercados a plazo no sea rígido y ligado a una previsión de demanda de cada empresa, sino en función de la demanda del año anterior.
El real decreto fue remitido por el departamento que dirige Teresa Ribera al Consejo de Estado a principios de abril por vía de urgencia, pero se desconoce si aquel ha emitido su informe. En todo caso, con las elecciones municipales y autonómicas de por medio, no se espera su aprobación hasta junio.
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