El juez rechaza imputar a los exconsejeros de Popular por la ampliación de 2012
Con el informe a favor de la fiscalía, frena el intento de los pequeños accionistas.
Pendiente de decidir si se investiga a la excúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la ampliación de capital de 2012 del Banco Popular, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha frenado el intento de un pequeño grupo de accionistas de imputar a todos los entonces miembros del consejo de administración de la entidad por dicha operación financiera. De este modo, por el momento, el magistrado ha ceñido la presunta responsabilidad penal dentro de la entidad bancaria al expresidente Ángel Ron y al exvicepresidente Roberto Higuera.
“Las personas a las que se ha tomado declaración como investigadas eran las máximas responsables de la toma de decisiones relacionadas con la ampliación capital de 2012 del Banco Popular, sin que se pueda extender toda responsabilidad a la totalidad de los miembros del Consejo”, explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en una providencia, en la que con el criterio favorable de la fiscalía, ha desestimado una de las querellas presentadas por un grupo de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
La decisión llega justo después de que el juez haya preguntado también al ministerio público si procede investigar a los exaltos cargos de la CNMV por un “incumplimiento flagrante y grosero” de sus obligaciones de control y supervisión con respecto al folleto de información que el Banco Popular emitió para la ampliación de hace ya más de una década. Una cuestión que se ha puesto encima de la mesa a raíz de una tercera querella presentada por los accionistas, sobre la que aún no se ha adoptado ninguna resolución judicial.
Así, el magistrado instructor ha rechazado la intención de los inversores de que, al igual que ocurre en la causa sobre el Banco Popular que se instruye de manera paralela en la Audiencia Nacional desde hace más de cinco años, estén imputados el consejo de administración al completo de la entidad resuelta en junio de 2017.
Los imputados defienden la legalidad
La causa relativa a la emisión de acciones en 2012 se abrió el pasado mes de junio y, por ella, ya han declarado Ron e Higuera, así como el exdirector general corporativo y de finanzas del banco, Jacobo González-Robatto; el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez; y el auditor de PwC que analizó las cuentas del banco. Todos ellos defendieron la legalidad de la operación por más de 2.500 millones de euros y con la autorización de Banco de España y la Comisión Europea.
Sin embargo, los accionistas consideran que en dicha ampliación de capital sí que hubo irregularidades y que los responsables no son solo las personas que están imputadas. Por ello, presentaron otras dos querellas: una contra todos los miembros del consejo de administración del Banco Popular; y otra, contra los miembros de la CNMV que supervisaron la operación, entre los que se encuentran los expresidentes Elvira Rodríguez y Julio Segura; los exvicepresidentes Lourdes Centeno y Fernando Restoy; y miembros del órgano como Francisco Javier Aríztegui o Íñigo Fernández de Mesa, entre otros.
Sobre esta última querella, la representación legal de los inversores apunta que el órgano de supervisión mantuvo una actitud de “inacción”al permitir que el folleto de información sobre la ampliación incluyera datos que, según expone, no eran veraces. Así, hace referencia a la compra del Banco Pastor por parte del Popular por casi 1.400 millones de euros, aunque, según los accionistas su valor era muy inferior. En este sentido, critica que la información detallara una valoración “incorrecta” de los activos.
Ahora, con el precedente de la decisión de no ampliar la causa hacia el consejo de administración del Banco Popular, falta por conocer la opinión de la fiscalía y la decisión última del juez sobre si se debe investigar a la excúpula de la CNMV por su actuación con respecto a la ampliación de capital que tuvo lugar en 2012.
