El socio de PwC que auditó el Popular: “El BCE no nos trasladó ninguna preocupación”
El auditor José María Sanz Olmeda aseguró ante el juez que no detectó ninguna anomalía en los años 2013, 2014 y 2015
El socio auditor de PwC que revisó las cuentas del Banco Popular entre 2009 y 2015 aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la caída del que fuera el sexto banco español que el Banco Central Europeo (BCE) nunca les trasladó “ninguna preocupación” sobre la situación del banco resuelto en junio de 2017, según el audio de su declaración, al que tuvo acceso CincoDías.
El testimonio de José María Sanz Olmeda es uno de los más relevantes de toda la causa, de acuerdo a las fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento, ya que trató de poner negro sobre blanco las contradicciones que existen en los distintos informes periciales que obran en el sumario de la causa, cuya instrucción finalizó a finales de abril, y que sustenta gran parte de la investigación.
La principal discrepancia en estos informes es si el Banco Popular debió reflejar pérdidas antes de la ampliación de capital de 2016 por más de 2.500 millones. Todo ello después de que los inspectores del Banco Central Europeo ratificaran en sede judicial que el Banco Popular debió haber registrado un déficit de provisiones de entre 1.100 y 1.350 millones de euros, a causa de una liberación de coberturas que, en su opinión, se habrían hecho de manera contraria a las normas.
Esta conclusión motivó que el juez José Luis Calama solicitara a los expertos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional que ampliaran sus informes sobre la cuentas del Popular y aplicaran los criterios utilizados por el BCE. Pese a que estos peritos expresaron que no cabe aplicar dichos criterios de manera retroactiva, advirtieron también de importantes pérdidas no reflejadas en las cuentas del Banco Popular.
Conforme a la normativa vigente
José María Sanz Olmeda fue la última persona en ser imputada en la causa y, en esta condición, el último en declarar ante el juez. En el auto de imputación, el magistrado instructor señaló que todas las pesquisas realizadas en el marco del caso Popular le permiten afirmar que “las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones” por incumplimiento de un anejo de la Circular 4/2004 del Banco de España.
El juez añadió que los auditores de PwC “no detectaron las importantes carencias de provisiones originadas por una anómala clasificación crediticia -desde la óptica del riesgo- y por una gestión contable de los activos adjudicados, que, en buena parte, se apartó del cumplimiento del referido anejo”.
El auditor de PwC compareció en la Audiencia Nacional el pasado 25 de enero y allí defendió el trabajo de auditoría. Sanz Olmeda rebatió la afirmación del juez y recalcó que su equipo siempre aplicó tanto la conocida como Carta Roldán, que emitió el ex director general de Regulación Bancaria y Estabilidad Financiera del Banco de España José María Roldán, en la que especificó cómo debía ser la clasificación de las operaciones financieras, como las normas de información financiera establecidas en la Circular 4/2004, y aseguró que nunca se detectó ninguna anomalía que afectara a las cuentas de 2013, 2014 y 2015.
“Con la información que disponíamos en aquel momento, con la normativa contable que existía y con los resultados de las inspecciones y auditorías que han hecho también los supervisores, no identificamos que existieran déficits significativos, ni problemas de refinanciaciones”, afirmó.
No identificamos que existieran déficits significativos, ni problemas de refinanciaciones.
Así, a preguntas del instructor, que centró gran parte de su interrogatorio en averiguar si tanto el Banco de España como el BCE dieron algún “tirón de orejas” al no coincidir sus conclusiones con los informes de ambos supervisores sobre la clasificación de créditos dudosos como normales, Sanz Olmeda aseguró que ninguno hizo alguna salvedad al respecto.
En este sentido, explicó que se reunieron con los inspectores del BCE y del Banco de España en diciembre de 2015 y septiembre de 2016. “No se nos ha trasladado ningún aspecto, ni ninguna preocupación, ninguna incidencia con respecto a la inspección que estaba en curso”, enfatizó.
Aplicación retroactiva
Con todo ello, el auditor de PwC también afeó que el BCE aplicara a las cuentas del Popular la Circular 4/2016, que entró en vigor en octubre de ese año. Según indicó, es “inevitable” que los inspectores hagan un examen con “sesgo retrospectivo” en base a información “posterior” que reciben, si bien, advirtió de que al aplicar normas diferentes, las conclusiones también son “distintas”, tal y como sucedió.
En esta línea, el auditor de PwC puntualizó ante el juez que las observaciones que el Banco Central Europeo reflejó en su inspección ‘in situ’ son de carácter “prudencial”, al tiempo que destacó que dicho organismo es un “supervisor de capital” y no “contable”. Estas mismas apreciaciones fueron puestas de manifiesto recientemente por el expresidente del Banco Popular Ángel Ron en un último informe pericial de parte que presentó ante el juez de la Audiencia Nacional y, que posteriormente, respaldó PwC en otro análisis.
Con esta declaración y con todas las pruebas que ha ido recabando a lo largo de más de cinco años, entre ellas los distintos informes periciales, el juez José Luis Calama tiene pendiente una de las resoluciones más importantes: decidir si el caso deber ir a juicio o debe ser archivado. Entre los imputados se encuentran los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, miembros del consejo de administración, directivos y los dos auditores de PwC que examinaron las cuentas.
Relación con la cúpula del Popular
Comisión de Auditoría. Al principio de la declaración, Sanz Olmeda explicó que los auditores de PwC acudían como "invitados" a la Comisión de Auditoría del Banco Popular, que formaba parte del Consejo de Administración. Una práctica que no era obligatoria entonces, pero sí una "buena recomendación" para fomentar la "transparencia entre la sociedad que se está auditando y el auditor". Tanto que, según agregó, "la actual normativa de auditoría sí que exige que el auditor acuda".
Reuniones con Ron. El auditor de PwC señaló que solo una vez, y de manera "excepcional", se reunió con el expresidente Ángel Ron, en 2015, para abordar una "diferencia" que estaba surgiendo en relación a la contabilización de las cláusulas suelo. No obstante, aclaró que esas discrepancias entre las conclusiones de la auditoría y lo que estaba registrando el banco no tenía nada que ver con el "riesgo de crédito y su clasificación".
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