La investigación judicial por la caída del Popular llega a su fin tras cinco años y medio
El juez de la Audiencia Nacional tiene que decidir si los responsables del banco deben ser juzgados
La investigación sobre la caída del Banco Popular ha llegado a su fin tras cinco años y medio. La última prórroga de la causa, que se inició en octubre de 2017, justo cuatro meses después de que la entidad fuera resuelta por la Junta Única de Resolución (JUR), expiró el pasado 27 de abril y ninguna de las partes (ni la Fiscalía Anticorrupción, ni acusaciones particulares, ni investigados) solicitaron ampliar unos meses más el procedimiento. Tampoco el juez instructor de la Audiencia Nacional que dirige las pesquisas ha dictado, de oficio, una resolución para anunciar que seguirá indagando en las circunstancias que provocaron la desaparición del banco, según informaron fuentes jurídicas a CincoDías.
Por todo ello, la causa se da por finalizada, a la espera de que el magistrado decida si hay indicios para juzgar a alguno de los imputados, entre los que se encuentran los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho.
El caso Popular es uno de los más complejos que la Audiencia Nacional ha investigado en los últimos años. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha recopilado una ingente prueba documental para esclarecer qué ocurrió para que el sexto banco español fuera el primero en ser intervenido por la Unión Europea. El juzgado ha acumulado numerosas periciales de inspectores del Banco de España, e incluso de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) que inspeccionaron el Banco Popular antes de su quiebra.
Asimismo, escuchó a importantes testigos para entender la situación financiera del Popular. Entre otros, comparecieron el exministro de Economía de la época, y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el expresidente del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) Jaime Ponce; el exgobernador del Banco de España Luis Linde; los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez y Sebastián Abella; o la presidenta de la JUR, Elke König.
Situación procesal del Banco Santander
Todas estas pruebas, que conforman el sumario, del caso Popular servirán al juez para tomar una de las decisiones más importantes: quién queda a un paso del banquillo de los acusados. Además, el foco está puesto también en la situación procesal del Banco Santander. La entidad que preside Ana Botín, que adquirió el Popular por un euro, está considerado como posible responsable civil subsidiario.
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 5 de mayo de 2022, que cerró la puerta a que los accionistas puedan pedir responsabilidades al banco ‘heredero’ por las pérdidas ocasionadas, los abogados del Santander pidieron al juez instructor que dejara a la entidad fuera del caso, si bien el magistrado aplazó la decisión hasta el final de la investigación.
El estatus del Santander tendrá que ser aclarado, además, porque la acusación que ejerce el empresario chileno Androniko Luksic, que invirtió 113 millones de euros en el Popular, solicitó su imputación formal.
Con todo ello, el juez Calama pondrá fin formalmente a las pesquisas, que se han centrado en dos líneas de investigación: la ampliación de capital en 2016 por más de 2.500 millones de euros, junto a las operaciones de financiación llevadas a cabo a través del entramado Thesan Capital en Luxemburgo; y la posible manipulación del mercado durante los 108 días de mandato de Saracho mediante filtraciones de noticias para provocar una caída de la cotización del banco.
Otra causa abierta
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite hace casi un año dos querellas contra el expresidente de la entidad Ángel Ron y el que fuera su número dos, Roberto Higuera por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Ambos exdirigentes del banco defendieron ante el juez la legalidad de la operación.
A finales de 2022, los querellantes, entre los que se encuentra un grupo de 50 pequeños accionistas, ampliaron su acción judicial contra los entonces miembros del Consejo de Administración y contra la excúpula de la CNMV. A los primeros les acusaron de haber falseado la información sobre la emisión de acciones en 2012. A los exresponsables del organismo regulador achacaron el papel de “mero espectador” y de no garantizar la transparencia de dicho folleto informativo. El magistrado instructor rechazó imputar a todos ellos en esta nueva causa contra el Banco Popular.
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