De los 450 millones de Repsol a los 225 de BBVA, así se reparten bancos y energéticas la factura por los impuestos extraordinarios

El beneficio conjunto de ambos sectores superó los 33.000 millones el año pasado, de los que aportarán menos del 9% por este gravamen

Belén Trincado Aznar

Los seis bancos del Ibex 35 (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) abonarán a las arcas del Estado entre 1.230 y 1.260 millones de euros este año por el nuevo impuesto extraordinario, según las estimaciones que han dado durante su presentación de resultados anuales. La cifra se suma a los 1.008 millones que Iberdrola, Repsol, Naturgy y Endesa (las energéticas más grandes de España) calculan pagar en conjunto y que dotarían a Hacienda de 2.268 millones contemplados en los ingresos no tributarios.

El cálculo de estos gigantes empresariales es menor al de Hacienda, que anticipa una recaudación real anual superior a los 2.900 millones entre ambos conceptos; 1.300 millones en banca y 1.700 millones en las energéticas, que es donde está la mayor diferencia. Sin embargo, en este sector quedan por considerar algunas empresas menores que son susceptibles del pago, como TotalEnergies, EDP, Cepsa, BP España, Península Petroleum, Petronieves y Disa, aunque ninguna de ellas ha dado sus estimaciones.

El Gobierno no ha precisado cuáles son las entidades que deben pagar el gravamen, pero esta semana, que se cumplió la fecha límite para hacer la primera aportación, la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, detalló que el sector energético ya ha abonado 817,4 millones de euros en el primer pago del impuesto temporal, lo que supone justo la mitad del cálculo oficial. En cualquier caso, esto supone un anticipo y habrá que esperar hasta el 20 de septiembre, cuando se haga la liquidación definitiva, para conocer el dinero total obtenido por el impuesto temporal.

Ciñéndose solo a los datos de las cuatro energéticas más grandes de España, se observa que Repsol será la que más pagará por este nuevo impuesto, con 450 millones, según detalló Jon Imaz en la presentación de resultados. La cifra se basa en un tipo del 1,2% sobre los ingresos del año pasado de las compañías del sector que hayan facturado más de 1.000 millones de euros en 2019. Endesa, que ha presentado resultados este viernes, estima aportar 208 millones; Iberdrola, que obtuvo casi un 12% más que en 2021 gracias a “la evolución del resultado operativo y el crecimiento del negocio internacional”, abonará 200 millones más por el impuesto a las energéticas; y Naturgy, que cerró el último ejercicio con un beneficio récord de 1.649 millones, engrosará las arcas del Estado con 150 millones más.

La banca también ha hecho el primer pago del año por un total de 637,1 millones, según las cifras proporcionadas por Hacienda. Al analizar las estimaciones empresariales se observa que del total a pagar en 2023, CaixaBank será la que más contribuirá al gravamen temporal, con 400 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de la propia empresa. Corresponde al 4,8% exigido por el Gobierno, como resultado a la suma de margen de intereses y comisiones netas de las entidades que alcanzaron 800 millones de euros entre ambos conceptos en 2019, el año previo a la pandemia.

El BBVA estima pagar 225 millones y Santander entre 220 y 230 millones. A su vez, la previsión de Sabadell es una aportación de 170 millones de euros y la de Bankinter se sitúa entre los 80 y 100 millones de euros. Unicaja no ha informado sobre la previsión que maneja, pero si se analizan los resultados anuales de la compañía se puede estimar un pago de unos 85 millones de euros.

El Gobierno prevé ingresar por los dos impuestos un total de 6.000 millones en dos años, el tiempo que en teoría estarán en vigor ambos gravámenes, aunque se ha dejado la puerta abierta a mantenerlo de forma permanente. Es una cifra un tanto menor a la que se barajó originalmente (7.000 millones), y que fue modificada durante la tramitación parlamentaria gracias a dos enmiendas introducidas por el PNV, junto al PDeCAT. La medida incluye a las empresas que no cotizan en Bolsa y las entidades extranjeras que tienen negocio en España que superaron los márgenes de beneficios fijados por la Administración.

Reacciones

Pese a los 33.630 millones en beneficios que obtuvieron en conjunto bancos y energéticas en 2022, no ha habido una sola de ellas que no se haya quejado. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reconocido públicamente que el gravamen no gusta a la entidad y que le parece una medida carente de lógica. El presidente de BBVA, Carlos Torres, dijo en noviembre que el impuesto le parecía “contraproducente” y que “restringirá la inversión y el crecimiento”.

Ana Botín, la presidenta de Santander, ha criticado el impuesto al considerar que la banca asume una carga fiscal muy por encima de las empresas de otros sectores. “Pagamos más impuestos, pero que paguen todos. Pagamos cinco puntos más que otros sectores. El sector bancario ha estado perdiendo dinero durante muchos años y en España no se cubre el coste del capital”, ha llegado a decir. En paralelo, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha desaprobado abiertamente la forma en la que la ley fue tramitada y ha advertido de que el impuesto a los únicos que afecta es a los clientes y a los pequeños accionistas.

Sus palabras son muy similares a las de la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que durante la presentación de resultados anuales lo tildó de “injusto y arbitrario”. “Es un impuesto confiscatorio que no tiene ninguna razón objetiva”, dijo. Su homólogo de Unicaja, Manuel Menéndez, ha sido más moderado y se ha limitado a señalar que el gravamen debería “enfocarse de otra manera, siendo más justa y equitativa en el impacto entre los diferentes bancos”.

El presidente de Iberdrola, por su parte, llegó a condicionar el quehacer social de la compañía a la eliminación del impuesto. “Estamos abiertos y vamos a ayudar cuando sea necesario, siempre que se retire este tema de los beneficios extraordinarios”, dijo en noviembre del año pasado. Imaz, de Repsol, se ha mostrado especialmente crítico este mes, llegando a decir en rueda de prensa que “los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial”.

En un ataque similar, Francisco Reynés, de Naturgy, presentó los resultados anuales de la compañía con este mensaje: “yo espero que ningún Gobierno ataque nunca a una compañía por ganar dinero”. El consejero de Endesa, por su parte, ha descrito la decisión como un parche que termina penalizado el desarrollo de su actividad y Cepsa, que sigue sin decir oficialmente cuánto aportará, se ha limitado a decir “afectaba su programa de inversión en un momento en que España necesitan acelerar las inversiones para luchar contra el cambio climático y garantizar la seguridad de suministro”.

Más allá de los reproches, las principales patronales de ambos sectores han recurrido ante la Audiencia Nacional bajo el argumento de que grava ingresos que ya estaban regulados por la Administración Pública, o de que el importe podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha criticado que la fórmula aplicada sea sobre ingresos y no sobre beneficios, como ocurre en Europa y está preparando una denuncia ante la Comisión Europea, aunque no tendrá consecuencias judiciales porque el organismo no está obligado a responder.

La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) también presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional, impugnando la orden de Hacienda. Sin embargo, esta ha rechazado la suspensión cautelar de la medida, por lo que las empresas están obligadas a pagar mientras se resuelve definitivamente el asunto. En cualquier caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que el cumplimiento de la orden no supone “un perjuicio irreparable”, así que si finalmente se estima el recurso, la situación se puede revertir mediante la devolución de lo pagado.

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