Un calendario de emisiones que no dañe a la industria y al ciudadano
El calendario y las condiciones impuestas por Bruselas a la industria del motor para avanzar hacia una Europa limpia y descarbonizada han generado críticas y debates de muy distinto signo, pero las consecuencias de una rígida aplicación de esa hoja de ruta pueden ser más graves de lo previsto. La dureza del discurso pronunciado ayer por Luca de Meo, consejero delegado de Renault y presidente de la patronal europea de las automovilísticas, sobre la futura normativa de emisiones Euro 7, que entrará en vigor a partir de 2025, no solo augura una guerra en el sector, sino que amenaza con dañar proyectos industriales importantes en Europa y con cargar parte de su factura sobre los usuarios del automóvil. De Meo afirmó que la aprobación de la norma, tal y como está redactada, puede provocar el cierre de fábricas de motor en Europa, algo que en el caso de Renault podría cuestionar la continuidad de hasta cuatro factorías. La nueva normativa no afecta a los vehículos de gasolina, pero sí a los diésel, además de imponer otros requisitos que la industria considera excesivamente severos y cuya aplicación los fabricantes acabarán repercutiendo en parte sobre el precio de los coches. Una factura que la patronal europea cifra en un incremento medio de 2.000 euros en el precio de los automóviles.
Más allá de lo discutibles o no que puedan resultar esos cálculos, es evidente que la aplicación de toda regulación sectorial tiene un coste económico y que la clave de la eficacia de una norma está directamente relacionada con la proporcionalidad de su factura. Cada vez hay más voces, y no solo desde la industria del automóvil, que cuestionan el ritmo y las condiciones del calendario impuesto por Europa para avanzar hacia el final de los motores de combustión. El reducido parque de coches eléctricos que existe en algunos países de la eurozona, como España, y la escasez de la infraestructura necesaria para cargarlos genera dudas serias y razonables no sobre los objetivos, pero sí sobre el realismo de los plazos y exigencias para alcanzarlos.
Los defectos de la hoja de ruta diseñada por Bruselas pueden perjudicar a la industria del motor, que es un eje fundamental de la economía europea, pero también dañar a los ciudadanos y a las familias de menor renta, para los cuales la adquisición de un vehículo constituye una decisión de compra importante y sigue siendo una garantía de independencia y de autonomía personal. Europa debe escuchar a las empresas y tratar de adaptar los objetivos medioambientales a las posibilidades reales del mercado, pero hacerlo de forma que la factura final no dañe la competitividad de la industria ni agujeree los bolsillos con menores recursos.