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Más hogares pasan frío por el miedo a la factura eléctrica

Ya son 6,7 millones de españoles los que no pueden calentar su vivienda en invierno La borrasca Filomena y el aumento de precios de la energía explican la tendencia

Situación de pobreza energética en España
Infografía: Belén Trincado

Menos dinero en exceso para el pago de las facturas y deuda contenida, pero más familias que pasan frío en invierno. Este es el desigual balance que muestran los indicadores de pobreza energética publicados en diciembre pasado, pero correspondientes al ejercicio anterior, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

“2021 fue un año de algunas luces y una gran sombra: el aumento de la pobreza energética escondida, esto es, los hogares que han decidido dejar de consumir energía por miedo a las facturas”, observa José Carlos Romero, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de dicha institución.

Las medidas del Gobierno mitigan el sobrecoste de la luz en las casas mal aisladas

Romero alerta de que “es un dato muy malo” que el porcentaje de la población con temperatura inadecuada entre diciembre y marzo haya escalado del 10,9% al 14,3% (hasta 6,7 millones de personas). Dos factores inciden. Por un lado, los ecos de la borrasca Filomena, que disparó en enero de ese año el precio de la electricidad en el mercado mayorista por encima de los 90 euros el megavatio hora (MWh). Y por el otro, el inicio de la crisis alcista de precios en verano, por la subida de la cotización del gas y la de derechos de emisiones de CO2, y que se vio reflejado en los hogares en otoño, detalla. Por tanto, este informe no recoge lo sucedido en 2022, el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y que puede empeorar el comportamiento de este indicador.

El estudio publicado en noviembre pasado por la Cátedra de Energía y Pobreza de Comillas, que tampoco incorpora al análisis lo ocurrido en 2022, ya que la encuesta de condiciones de vida y de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), y a partir de la cual se calculan estos datos, se publica en verano, pone el foco en la pobreza energética escondida severa –aquellos que gastan menos de la cuarta parte de lo que deberían para tener su vivienda en unas condiciones de confort ideales (entre 18 y 24 grados, según la Organización Mundial de la Salud)–.

La ampliación del bono social y la bajada de impuestos, entre las disposiciones que inciden en este progreso

Algo muy ligado, explican, al hecho de que las familias sean incapaces de calentar sus hogares en invierno o enfriarlos durante junio-septiembre. Son dos millones de españoles los afectados, el 10%. “Sin las medidas del Gobierno, habría alcanzado a 200.000 hogares más”, estiman en el estudio.

Un indicador que es distinto al del Miteco, al de pobreza energética escondida, ya que se refiere a aquellos hogares que gastan en energía menos de la mitad que un hogar medio. “Nos parece insuficiente. Utilizar umbrales relativos puede enmascarar una realidad generalizada de pobreza energética. Por el contrario, el usar umbrales absolutos, como hacemos con nuestro indicador, evita este problema, pues la medida con la que te comparas es con tus propias necesidades”, sostiene Romero.

Razones de la mejora

Getty

Precisamente, las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde la crisis del Covid en 2020 y hasta la fecha justifican, en gran parte, la ligera mejora de tres de los cuatro indicadores: el de gasto desproporcionado, pobreza energética escondida y retraso en el pago de facturas de suministro (ver gráfico). El número de beneficiarios del bono social eléctrico asciende a 1.253.538, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a julio de 2022.

Este aumento se explica por la inclusión de nuevos colectivos con derecho a solicitar dicho descuento –los consumidores perjudicados por la pandemia de Covid, una categoría que pasó a llamarse a finales del año pasado consumidor vulnerable (personas en paro, con un expediente temporal de regulación de empleo, o empresarios que hayan visto reducida su jornada por cuidados u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos–; desde 2021, los beneficiarios del ingreso mínimo vital y, desde octubre de 2020, los hogares con rentas medias-bajas afectados por la crisis energética y que se ha denominado bono de justicia energética–. Además de la ampliación de la dotación del bono térmico.

Los expertos piden un impulso a la rehabilitación de viviendas y a la eficiencia energética

Pero también se debe a que desde abril del año pasado las renovaciones son automáticas, añaden fuentes de Endesa y Naturgy. “Antes era el cliente el que tenía que volver a solicitar el bono social al ministerio [de Transición Ecológica], y ahora es la comercializadora de último recurso la que realiza automáticamente la consulta de renovación al ministerio cuando vence. Esto ha hecho que muchos consumidores con bono social no lo pierdan al finalizar su periodo de validez de un año”, puntualizan.

Cecilia Foronda, directora de energía y personas en Ecodes, analiza que, si bien es cierto que “las medidas puestas en marcha por el Gobierno han tenido un efecto, han conseguido frenar lo que podría haber sido una escalada, y que se refleja en el dato del pago de las facturas, el miedo a los precios hizo que [los colectivos vulnerables] no encendieran la calefacción, que pasaran frío; se contuvieron”. Foronda augura que la falta de confort en las viviendas es una tendencia al alza, que pudo empeorar en 2022 al afectar a las personas sin recursos no solo en invierno sino también en verano, debido a la ola de calor registrada, y que es previsible que se repita este año.

También más información y acompañamiento para que los colectivos vulnerables puedan acceder a los fondos

Yolanda Picazo, analista del área de energía de la Asociación de Ciencias Ambientales, cree que, pese a los elevados precios de la energía, dichas disposiciones y otras adoptadas por el Ejecutivo, como el tope al precio del gas o la reducción del IVA al 5% y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, “pueden contribuir a seguir reduciendo el porcentaje de población vulnerable afectada por la pobreza energética”. En cambio, Romero, pese a admitir que están bien orientadas, advierte de que la principal dificultad se encuentra en su implementación. “Resulta muy difícil que el ciudadano que puede beneficiarse de ellas las conozca y se acoja a las mismas; es algo en lo que tenemos que mejorar claramente”, afirma.

Tareas pendientes

El problema en el que coinciden todos los consultados es que son medidas paliativas, de corto plazo, y que es urgente actuar en las de largo plazo, en la rehabilitación de las viviendas, que es lo que al final ayuda a mitigar la incidencia de pobreza energética. Picazo insiste en que hay que atajar las principales causas: “La mala calidad de las viviendas; hay que transitar a un nuevo modelo cuyo pilar esté basado en la generación de energía limpia de la que disponemos en abundancia en este país, el aumento de los ingresos de los hogares más vulnerables y la contención de los precios”.

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Foronda reclama también acciones más estructurales, más preventivas, como la mejora de la eficiencia energética a través de la rehabilitación, porque “la energía más barata es la que no se consume”. Pide a los Gobiernos central, autonómico y local aumentar la tasa de rehabilitación de viviendas, especialmente en personas en situación de pobreza.

“Falta mucha información y acompañamiento para que los fondos europeos lleguen y prioricen a estos colectivos que viven en las viviendas más ineficientes. Y priorizarlas es reservar un 20% de estos fondos para ellos y para abrir oficinas de acompañamiento, porque no saben qué ayudas existen y, si lo saben, desconocen cómo solicitarlo. El dinero para la obra no es suficiente, tiene que haber una intensa labor de las Administraciones o un apoyo a las entidades sociales para que estas personas sean capaces de solicitar esas ayudas”, subraya.

Y es que, aunque pueden recibir hasta el 100% del coste de la reforma, si nadie las pide, irán a otro tipo de colectivos, aclara. “Hay porcentajes mayores de subvención para familias vulnerables, pero no hay una reserva de fondos para gastar exclusivamente en estas personas”, indica.

El fomento de la educación energética es otra de las tareas pendientes: informar a la población de los hábitos de consumo más eficientes, del autoconsumo o las comunidades energéticas.

Efecto en las empresas

Impagos. El Gobierno ha extendido también hasta el 31 de diciembre la prohibición del corte de los suministros esenciales, como el de electricidad o agua, a las familias más vulnerables. Esta medida entró en vigor en marzo de 2020 por la pandemia y se mantiene por la crisis energética. En Endesa detectan que los particulares y las empresas más afectados por el alza de precios de la energía tienen mayor dificultad para hacer frente al pago de las facturas, de forma similar al detectado en el conjunto de la economía. Sin embargo, desde la eléctrica aseguran que esta decisión “no ha generado un aumento relevante del impago. Son medidas esperadas y con impacto moderado”. Naturgy tampoco prevé un impacto negativo en sus resultados al incluir en sus provisiones este escenario. “La crisis energética y la situación inflacionaria han sido las principales causas del alza de la deuda de las comercializadoras, no tanto la legislación vigente”, comentan fuentes de la compañía.

Perfil. Los principales beneficiarios del bono social eléctrico en Endesa, por ejemplo, son personas vulnerables según criterios de renta, familias numerosas, pensionistas, afectados por el Covid y los beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Regiones. Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura son las que destinan recursos excesivos al pago de la factura eléctrica, según el informe del Miteco. Ceuta, Melilla y Canarias registran la tasa más elevada de pobreza energética escondida, 34,6%, 34,2% y 31,4%, respectivamente. Y Ceuta, Murcia, Melilla y Andalucía repiten por el mayor porcentaje de la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en invierno, 33,3%, 21,4%, 18,8% y 18%, de manera respectiva.

Sobre la firma

Denisse Cepeda Minaya
Periodista especializada en energía, medio ambiente, cambio climático y salud. Máster en Economía verde y circular por el Inesem y Máster en Periodismo por la UAM/El País. Con más de 20 años de experiencia en periodismo económico. Anteriormente trabajó en República Dominicana como reportera de economía en los periódicos El Caribe y Listín Diario.

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