Miles de permisos de acceso al sistema eléctrico caducarán por la lentitud burocrática

Las solicitudes pedidas hace cinco años vencen en enero de 2023

Están concedidas a proyectos que, en total, superan los 145.000 MW

Miles de permisos de acceso
al sistema eléctrico caducarán por la lentitud burocrática

Las energías renovables son el futuro, sobre todo en España, por sus condiciones propicias de sol y superficie. Pero su puesta en marcha se enfrenta a una lentitud administrativa que, en breve, puede dar al traste con multitud de proyectos.

Cuando una empresa tiene un proyecto de energía renovable en cualquiera de sus variantes ha de solicitar, como trámite inicial, el acceso al sistema de suministro, a Red Eléctrica (hoy Redeia) si se trata de un plan grande, o a una compañía distribuidora si es pequeño. Una vez concedido el permiso de conexión, empieza a contar un plazo para que el proyecto entre en funcionamiento. Mientras tanto se tramitan el resto de informes y documentos necesarios.

Hace cinco años, al parón de las renovables le siguió un boom de inversiones

“En enero de 2023 se acaba el plazo de los permisos de acceso que se concedieron hace cinco años, cuando finalizó el parón que tuvieron las renovables en España desde 2013, y un buen contingente de solicitudes va a caducar porque faltan los informes administrativos preceptivos”, declara José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). “En estos momentos, está concedido el acceso a proyectos que, en total, suman una potencia de 145.000 megavatios. Es previsible que, hasta 2030, se instalen entre 50.000 y 60.000 megavatios, lo mínimo para cumplir objetivos”, precisa.

El atasco burocrático se produce en todas las Administraciones implicadas, en especial en la central y en las autonómicas, y afecta a todas las energías renovables, si bien, González Moya matiza que la eólica y fotovoltaica son las que más lo sufren.

Impacto ambiental

El principal problema se encuentra en las declaraciones de impacto ambiental. “Para la energía eólica, el análisis es mayor porque implica también al paisaje, la solución constructiva, la logística y, además, hay mucha sensibilidad social”, señala el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez. “El tiempo medio en España, desde el inicio de las primeras mediciones hasta la concesión de los permisos de explotación, es de seis años, cuando la construcción de un parque eólico no se alarga más de dos años, no tiene ningún sentido”, comenta.

Los proyectos de menos de 50 megavatios de potencia los tramita la comunidad autónoma correspondiente. Los que superan ese límite los lleva el Ministerio para la Transición Ecológica. González Moya manifiesta que el retraso “más palmario es el de las comunidades, porque son las que tramitan la mayoría de proyectos”. Según APPA Renovables, las mayores demoras se están dando en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, donde hay una moratoria.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha propuesto al ministerio, para paliar los retrasos, que los procesos se inicien en paralelo. “Actualmente, un trámite no puede empezar hasta que no se ha terminado el anterior”, apunta su director general, José Donoso. “Un organismo sustantivo, como las confederaciones hidrográficas o Defensa, tarda hasta un año en emitir su informe ante un proyecto y no pasa nada. Queremos que se cumpla la ley, que establece que, pasados seis meses, hay silencio administrativo”, agrega.

En el caso de la fotovoltaica, Donoso asegura que los proyectos deben acompañarse de un certificado de excelencia como reservas integrales de naturaleza. “A veces, se sobreestiman los impactos negativos de las plantas. Por ejemplo, si se detecta que hay avutardas en la zona, no te dan la autorización, aunque estas aves vienen a las instalaciones y no corren peligro, pero el proceso ambiental se hace mucho más lento”, indica.

La eólica es la que más retrasos soporta debido a las declaraciones ambientales

Todos están de acuerdo en que las dificultades actuales provienen del boom de la energía renovable iniciado en 2018. Las Administraciones central, autonómica y local están desbordadas, afirman. “Falta personal”, dice Donoso. El director general de AEE aclara que han pedido más recursos al Gobierno y a las autonomías, “además de un dato único, porque ahora no hay manera de saber en qué fase está cada proyecto”.

Aunque lo cierto es que coinciden en que los procesos en España “son muy garantistas”. González Moya explica que las demoras “son un problema endémico en Europa; por eso, desde el inicio de la guerra de Ucrania se ha pretendido descargar trámites”.

Impacto en las plantas de biomasa

Saturación autonómica. “En el caso de las plantas de generación eléctrica de biomasa, hay pocas instalaciones puestas en operación, cuatro en los últimos años, y la tramitación es larga y farragosa desde siempre, pero ahora quizás lo sea más debido a la saturación que sufren las comunidades autónomas por la gran cantidad de proyectos fotovoltaicos y eólicos que se tramitan, principalmente los primeros”, afirma el presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, Javier Díaz. La producción de esta energía se cuantifica en 380 megavatios en el periodo 2020-2025.

Normas
Entra en El País para participar