El Gobierno aprueba el plan de contingencia para recortar hasta un 13% el uso del gas
El Ejecutivo ya ha movilizado más de 35.000 millones de euros en programas para asegurar la seguridad de suministro y protección de los consumidores
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Contingencia Energética, un compendio de 73 medidas y recomendaciones para asegurar la seguridad energética y reducir el consumo en las puertas del próximo invierno. La nueva estrategia, exigida por Bruselas a todos los Estados miembros, contempla acciones para los hogares, empresas y el sector público con el objetivo de reducir entre un 5.1% y un 13,5% el consumo de gas hasta mayo de 2023.
El plan busca ofrecer “una visión estratégica de cómo estar más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos”, ha manifestado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. La responsable por la política energética española ha descartado cortes masivos de gas y electricidad en España durante el invierno, aunque ha considerado que esta es una posibilidad en otros países del bloque.
Estas medidas, renombradas como “Plan Más Seguridad Eléctrica”, enfrentan al Gobierno a múltiples desafíos en el frente interno y también con sus socios europeos. A nivel interno, el programa presentado este martes incorpora medidas que ya despertaron polémica, como el apagado de la iluminación de los escaparates a partir de las 22:00 o los límites para el aire acondicionado en espacios comerciales y públicos. En agosto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había rechazado la aplicación del Real Decreto-ley y había envuelto a todo el Partido Popular en la polémica. En esta oportunidad, el Ejecutivo ha intentado resaltar el “elevado nivel de consenso” alrededor del plan, gracias a las más de 90 reuniones con distintos actores del sector.
Las medidas anunciadas por las autoridades desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania superan los 35.000 millones de euros, de acuerdo a datos suministrados por las autoridades, Sin embargo, quedan lejos de las cuantiosas ayudas por 96.000 millones que Alemania presentó el lunes y que continúan provocando fuertes tensiones entre los 27.
La puesta en marcha de algunas de estas iniciativas ha provocado una caída en la demanda de energía eléctrica en los últimos dos meses, de acuerdo a Red Eléctrica Española (REE). En septiembre, el descenso fue de 3.5% con respecto al mismo mes del año anterior y una vez descontados los efectos de las temperaturas. En agosto, la caída fue de 2.3%. Ribera ha precisado que el ahorro de gas desde agosto ha sido del 3,4% y ha afirmado que el Gobierno publicará todos los meses un informe con indicadores concretos sobre la marcha del plan.
¿Cómo afectará el consumo de los hogares?
El plan incluye medidas ya aprobadas o lanzadas en semanas anteriores, como la rebaja del IVA del gas natural desde el 21% al 5% o la reforma de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) para reducir su volatilidad. En total, el Ejecutivo estima que la fiscalidad de la factura se ha reducido en un 80% y los costes regulados en un 56%.
La ministra Ribera ha adelantado que busca ampliar la dotación del bono social eléctrico y térmico, que subirá un 62% gasta los 255 millones de euros. A la vez, el plan incorpora nuevas facilidades para impulsar la autogeneración y la rehabilitación energética de las viviendas.
Este apoyo fiscal vendrá acompañado de un cambio en la factura de la luz, reclamado por las asociaciones de consumidores, que incluirá información explicativa sobre el consumo medio registrado en las inmediaciones de cada consumidor. Esta iniciativa busca incentivar el ahorro a través de la comparación entre vecinos. También se estandarizará la forma en que se detalla el efecto del "mecanismo ibérico" en las cuentas de los consumidores.
El gobierno también destinará 40 millones de euros para la instalación de contadores inteligentes de gas natural, que permitan a los usuarios conocer en tiempo real su consumo.
¿El plan incorpora medidas para las calderas de las comunidades?
Ribera ha precisado que el Gobierno trabaja en los detalles finales para resolver la situación de las comunidades de propietarios que cuentan con calefacción central, que afecta directamente a 1,6 millones de familias. Las alternativas adelantadas por la ministra pasan por crear una nueva tarifa especial o ampliar el bono de ayudas, aunque también se prevé fomentar los repartidores de costes en calefacciones centralizadas.
Actualmente, las comunidades no pueden acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) porque su consumo supera con creces los 50.000 KWh y la ley no permite hacer un cálculo individualizado de la demanda. Los hogares que sí se han acogido a la tarifa regulada han podido acceder a un ahorro de más de un 45% en el segundo trimestre, según datos oficiales.
¿Cuáles son las medidas para las empresas y el sector público?
En mayo, el Gobierno ya publicó una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias de la Administración General del Estado y en las entidades del sector público estatal. Esta primera respuesta incluía cambios en los sistemas de climatización, iluminación y equipamiento ofimático, así como un impulso al trabajo remoto al impulsar que los funcionarios puedan teletrabajar tres días a la semana si sus tareas se lo permiten.
En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, Ribera ha subrayado que se busca facilitar un kit verde para el sector que fomente la eficiencia de las firmas y habrá apoyos del ICO para la instalación de renovables. El plan también invita a las grandes empresas a presentar sus propios planes de contribución al ahorro energético, después de realizar sus auditorías.
A largo plazo, el Ejecutivo busca impulsar un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de descarbonización de la industria, que aún se encuentra en fase de diseño.
¿Cuál es el impacto en las comunidades autónomas y ayuntamientos?
El conjunto de medidas anunciadas este martes incluye una revisión técnica de todo el alumbrado exterior español y un programa de eficiencia por 100 millones de euros, lo que afecta directamente a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Una investigación reciente de EL PAÍS situó a España como el país europeo que más energía consume en luz exterior.
Los gobiernos locales ya han advertido que no aplicarán ninguna restricción a los tradicionales festejos de diciembre. “Vamos a ahorrar reduciendo una hora el alumbrado”, ha dicho Abel Caballero, alcalde de Vigo. En Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha añadido que el ayuntamiento programará las luces “con sentido común y con racionalidad”
¿Es este el último paso en la estrategia para hacer frente a la crisis energética?
No. La volatilidad en los precios de la energía, en particular del gas, continúa siendo motivo de preocupación en todo Europa. El valor del gas en Países Bajos, el índice de referencia para todo el bloque comunitario, se ha duplicado por diez en solo dos años. Y aunque los niveles de reserva se mantengan en la UE en 91%, con España rozando el 92%, los principales analistas del mercado consideran que aún existen fuertes riesgos, como problemas en infraestructuras o un incremento aún mayor en las disputas geopolíticas. Andy Sommer, analista de Axpo Solutions, señala en particular que una posible ola de frío “podría revertir por completo el descenso de la demanda eléctrica de los hogares y agotar rápidamente las reservas de gas".
A raíz de los fuertes cambios en el mercado comunitario, el ministerio ha llamado a tramitar una modificación de la Planificación Eléctrica 2021-2026, recientemente aprobada. También se ha anunciado un incremento de 1.000 millones en la dotación del Perte de Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento.
A nivel comunitario, la ministra Ribera considera que los países están cerca de acordar un límite común al precio del gas y ha llamado de forma constante a una mayor intervención europea en el mercado.
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