Díaz se ofrece a dialogar con las fuerzas políticas pero da poco margen al cambio
La tramitación parlamentaria de la reforma del mercado de trabajo se prevé complicada tras las críticas de los socios nacionalistas del Gobierno
Sacar adelante un acuerdo tripartito entre el Gobierno, empresarios y los sindicatos ha sido muy complicado, más para unos (la patronal) que para otros (Gobierno y centrales sindicales), según reconocía ayer la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su defensa de los intensos trabajos de negociación llevados a cabo por estas tres partes desde el pasado 17 de marzo.
Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno, hacía ayer una cerrada defensa del texto pactado con empresarios y sindicatos, admitiendo que “la patronal ha tenido un debate interno muy intenso” y reconociendo también que “CEOE tuvo algunas dificultades” para firmar el texto consensuado, “lo que engrandece el acuerdo”, dijo ayer Díaz. Desde el Gobierno saben que los líderes empresariales tendrían muy difícil aceptar otro texto, tal y como ya ha advertido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
Por este logro de haber sacado la reforma laboral a tres bandas, pese a las fuertes reticencias patronales, y porque la reforma pactada es para la ministra de Trabajo “un acuerdo de país”, Díaz dijo ayer que su “vocación” era la de mantener el texto en los mismos términos que los acordados, también durante la próxima tramitación parlamentaria del real decreto.
Díaz daba estas explicaciones en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó esta reforma después de que los periodistas preguntaran reiteradamente hasta en cuatro o cinco ocasiones por las más que previsibles dificultades para sacar adelante el texto de la reforma en el Congreso de los Diputados, tal y como ha sido pactado con patronal y sindicatos. El interés por saber qué previsiones tiene el Gobierno de sacar adelante el texto sin modificaciones se justifican por las negativas a respaldar los términos del acuerdo tal y como están ahora, manifestadas esta misma semana por los diputados de los partidos socios del Gobierno, PNV, ERC y EH-Bildu.
Dicho esto, la ministra no cerró tajantemente la puerta a que esta norma recoja “alguna mejora”, pero dejó muy poco margen para ello al considerar que está ya suficiente y exhaustivamente negociada punto por punto y no solo con los agentes sociales, sino también con todas las fuerzas políticas. “Ha habido diálogo social, pero también político. Las fuerzas políticas no están solo informadas, también han negociado y también lo han hecho recientemente”, lanzó en forma de velado reproche a los socios del Ejecutivo que se han manifestado críticos con lo pactado con patronal y sindicatos.
“En principio (los grupos parlamentarios) deberían de respetarlo (el texto pactado) porque es un acuerdo de país”, insistió la vicepresidenta segunda.
Para que el texto aprobado ayer por el Gobierno en el Consejo de Ministros pudiera experimentar algún cambio debería tramitarse como proyecto de ley. Eso ocurrirá previsiblemente cuando el real decreto ley llegue al pleno del Congreso de los Diputados –previsiblemente a finales de enero– y se vote su convalidación. Si en esa primera votación se obtuvieran más noes que síes, la norma decaería. Si bien no es probable que esto ocurra, y si el real decreto ley se logra aprobar por mayoría simple, el siguiente paso sería, si algún grupo lo solicitara –algo que se da por hecho que ocurrirá– , que se votara su tramitación como proyecto de ley.
Nuevamente, solo haría falta una mayoría simple para que dicha tramitación como proyecto de ley –y susceptible de recibir cambios– se produjera. Esta posibilidad es la que, a fecha de ayer, se presentaba como la más probable.
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