El ocaso laboral en la banca, 21.000 empleos menos este año
El Banco de España no puede limitar los salarios de los bancos, solo recomendar el recorte de los bonus, lo que ha hecho desde marzo de 2020
Ya hace tiempo, desde que la crisis financiera iniciada en 2008 sumió al sector financiero en un agujero del que le ha costado asomar la cabeza, la depredación del empleo en la banca se ha ido convirtiendo en algo habitual. Todos los años, desde entonces, se han destruido puestos de trabajo que nunca se recuperarán. Lo mismo sucede con el cierre de oficinas. También desde entonces se habla de la revolución que sufre la banca. Es su propia transformación industrial.
Lo curioso es que esta revolución estaba prevista desde hace años. Tanto es así que supervisores y Gobierno llevan también tiempo recomendando las fusiones bancarias como medio para evitar nuevas caídas de entidades o para que el banco más débil pueda aún elegir pareja de boda antes de que se la impongan. La falta de rentabilidad y la conveniencia de mejorar la eficiencia se han convertido en el rezo de supervisores europeos y nacionales, de ministros de Economía y de expertos. Pero de repente, parece que todo eso se ha olvidado, o se han dado cuenta de lo que ello conlleva, justo en medio de una pandemia y de una drástica crisis económica derivada de un crac sanitario.
Se ha pregonado tanto la necesidad de ganar rentabilidad con un recorte de gastos que puede que no se haya tenido en cuenta las consecuencias más inmediatas de este tradicional medicamento, ni el momento de su aplicación. Tanto es así que solo durante el presente año ya hay planes de ajustes llevados a cabo o que están en marcha, o que se anunciarán en breve, que implicará la destrucción de alrededor de 21.000 puestos de trabajo en un sector en el que desde 2008 se han destruido 100.000, y hablamos de España. En septiembre de 2020, cuando se anunciaron las negociaciones de fusión entre Bankia, banco en el que el Gobierno controlaba el 61% de su capital, y CaixaBank, ya se hablaba de la posible destrucción de unos 8.000 puestos de trabajo. Es cierto que entonces la horquilla que barajaban los analistas era muy amplia, iba desde los 5.000 empleos a los 10.000, aunque la media más consensuada era justo la cifra que al final ha planteado CaixaBank, la salida de más de 8.000 empleados, en concreto, de 8.291.
El dilema en septiembre del año pasado, e incluso en febrero de este año, era manejar los tiempos para poner en marcha este megaajuste. ¿Era mejor hacer un ERE brutal de una sola vez, y olvidarse ya de nuevos ajustes en varios años, o llevar a cabo un ERE que afectase a unos 5.000 empleados ahora y en un año o dos ampliarlo a otros 3.000 ó 4.000?. Fuentes financieras aseguran que los supervisores eran partidarios de hacer un gran ajuste de una sola vez, porque el principal objetivo de una fusión es ganar eficiencia y rentabilidad, sino no tienen sentido estas operaciones, incluso pueden ser contraproducentes si no hay ahorros. “Si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pese a la presión social que ello pueda provocar”, aseguraba hace unos meses un directivo implicado en la fusión.
Tras firmar en el registro la creación de la nueva CaixaBank y la desaparición de Bankia tras su absorción el pasado 26 de marzo, el consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar, ya declaró en una entrevista con Cinco Días tras ser preguntado por la posibilidad de que el ERE que iba a poner en marcha la entidad sobrepasara los 8.000 despidos, “será un gran ajuste en una sola fase. Así evitaremos nuevas salidas los próximos años. Pasaremos página. No es bueno que en la plantilla reine la incertidumbre laboral siempre”.
Ya tenían decidido que el ERE se llevaría a cabo en una sola fase, y habían medido sus efectos sociales, pero puede que no controlasen que su anuncio coincidiese con unas elecciones, las de la Comunidad de Madrid. La onda expansiva de los ERE de la banca, de golpe, entraron en campaña, pero con un efecto más negativo curiosamente en el PSOE que en Podemos.
El FROB, organismo público gestor de la participación estatal del capital de Bankia, no solo sabía como accionista y como consejero de la entidad, lo que suponía la unión con la firma catalana, sino que apostó y aprobó la operación, el ERE y la subida salarial que ello llevaría consigo para el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, y los ejecutivos provenientes de Bankia, en el consejo de administración de CaixaBank el 30 de marzo. Ese día se aprobó el sueldo del presidente, que pasaría de ganar un máximo de 500.000 euros anuales fijos por ser una entidad con ayudas públicas, a eliminarse esa restricción, previó permiso del BCE ya concedido antes de la fusión.
El FROB, dependiente de Economía, tendrá además que dar el visto bueno a los salarios de la cúpula de CaixaBank en la junta de accionistas que se celebrará el próximo 14 de mayo. ¿Qué pasará entonces?
A lo que se sumó días después el anuncio del ERE de BBVA, que propone un recorte de plantilla de 3.800 empleos, además de los 3.572 empleados que han salido de Banco Santander en estos meses, de los 1.800 trabajadores que han dejado Banco Sabadell, de los 750 que están abandonando Ibercaja, de los alrededor de 2.000 que saldrán de Unicaja tras su fusión con Liberbank, o los también previsibles 1.800 trabajadores que volverán a salir de Sabadell a finales de 2021, si, como parece, mantiene su plan de ajuste ya diseñado hace un año. Y no serán los únicos.
El Banco de España ya ha comentado en más de una ocasión que los ajustes durarán dos años, mientras que el presidente de la AEB, José María Roldán, explicó hace dos semanas que había margen para seguir recortando empleos en el sector.
Mientras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha instado al Banco de España a que limite los sueldos y bonus de los banqueros, sobre todo en un escenario de recortes de empleo sin precedentes. La cuestión es que la ministra sabe que el Banco de España no puede controlar más los sueldos de los ejecutivos bancarios. No puede legislar. Y sabe que desde marzo de 2020 tanto el BCE como por extensión el Banco de España limitaron a través de una recomendación tanto el reparto de dividendo, como el reparto de remuneraciones variables (bonus) por parte de los bancos. Estas limitaciones están vigentes hasta septiembre de 2021, y luego ya se verá, pero si se levanta el veto al dividendo también se levantará el veto a los bonus.
Los bancos españoles, así, no repartieron bonus a sus directivos en 2020, ni en lo que llevamos de 2021. Pero el supervisor no puede restringir más sus salarios variables. No tiene capacidad legislativa ni autoridad para hacerlo, salvo en las cooperativas de crédito, que dependen directamente de la supervisión del Banco de España, o a las entidades con problemas de capital, que no es el caso.
De esta forma, parece que la reclamación de Calviño no tiene posibilidad de salir adelante, a no ser que sea el propio Gobierno el que legisle sobre ello, y pese a su posible intención, podría haber problemas. ¿Por qué a un banco, que es una entidad privada se puede controlar los salarios de sus ejecutivos y a una empresa de acero o electricidad no?. El mar de fondo es que, además de que atacar a la banca es populista, es que el sector está sumido en una profunda transformación porque su modelo ya no es válido, no es rentable.
El sábado un conocido banquero me explicaba “lo que está viviendo el sector es una verdadera transformación, como ya ha pasado en otras industrias. La tecnología está facilitando la vida al consumidor. Mira Amazon: ahora con el pago biométrico en sus tiendas no necesitará empleados en las cajas. Pues en la banca sucede lo mismo, los asistentes virtuales están supliendo en muchos trabajos al empleado”.