Aprender a medir los riesgos financieros del cambio climático
La protección medioambiental será un elemento central de seguridad económica y un factor clave en el coste del capital
Uno de los aspectos menos conocidos de la Ley de Cambio Climático es el peso que la dimensión climática adquiere para las empresas cotizadas, el sector financiero y las decisiones de inversión del sector público. La ley busca consolidar un modelo de progreso sostenible, dentro de los límites ambientales, generar empleo, proporcionar solvencia económica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y, para todo ello, es imprescindible anticipar y reducir riesgos, y evitar sobrecostes e impactos negativos. Para que esto sea así, es imprescindible entender dichos riesgos y aprender a integrar la variable climática en las cuentas públicas y privadas. Y a esto dedica un importante bloque de contenidos la ley. Por ejemplo, desde el momento en que entre en vigor, los futuros Presupuestos Generales del Estado deberán incorporar objetivos cuantificados destinados a políticas climáticas.
Además, incorpora el mandato de aprobar un calendario claro para la desinversión, por parte del sector público estatal, de participaciones o instrumentos financieros con un alto contenido fósil en su estructura; es decir, asociados a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil. Y también, la obligación de no aplicar nuevos beneficios fiscales a dichos productos de naturaleza fósil si no están debidamente justificados.
De este modo, se anticipan elementos clave recogidos en la ley europea de clima y que están en línea con el acuerdo alcanzado la madrugada del pasado miércoles entre Parlamento, Consejo y Comisión y con el peso específico que ha dado a la financiación climática el presidente Biden en la cumbre de líderes climáticos que terminó ayer. El sector privado no queda al margen del ineludible proceso de aprendizaje que conlleva nuestra Ley de Cambio Climático. La norma demanda a los sectores financiero, empresarial y asegurador la evaluación y transparencia sobre riesgos –y propuestas de reducción de los mismos– que ya aplican otros países de nuestro entorno. En 2020 un total de ochenta países habían establecido instrumentos de reporte financiero sobre sostenibilidad. Y, desde 2013, la Unión Europea viene trabajando en esta agenda con la intención de aprender a conocer el nivel de riesgo al que se exponen las empresas, entender mejor cómo gestionarlo y prevenir el impacto que podría provocar en el sistema financiero europeo.
Yendo un paso más allá, estos días se debate la adopción de una taxonomía que nos facilitará a todos identificar qué es verdaderamente verde y permitirá aplicar las mismas categorías en los distintos productos financieros que proliferarán en los mercados. Estos nuevos requisitos de información ayudarán a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española y sus empresas. A ello contribuirán tanto la aplicación progresiva y crecientemente sofisticada de criterios de responsabilidad en materia de clima por parte de todos los actores, como la exigencia de publicar en 2023 objetivos específicos de descarbonización de las carteras de préstamo e inversión por parte de las entidades de crédito. Es un paso imprescindible para prepararnos ante un mercado que está siendo testigo de cómo se acelera la integración de los factores de sostenibilidad en los ratings a medio y largo plazo.
Entidades de crédito, aseguradoras, reaseguradoras y empresas cotizadas deberán presentar un informe anual en el que se evalúe el impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático y las medidas que se adopten para hacer frente a los mismos. Un informe al que también se verán obligados el operador del sistema eléctrico, el gestor técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Los supervisores –el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones–, por su parte, deberán reportar cada dos años sobre la evaluación del riesgo del sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, así como sobre el grado de alineamiento con las metas de París.
La necesidad de anticipación es tal que el propio Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, encargado de la regulación prudencial de los bancos y, en particular, de su solvencia, también ha puesto el foco en los riesgos climáticos de la banca. De hecho, acaba de incluir la componente climática entre sus prioridades de regulación y supervisión, y ya se prevé que para 2022 se publiquen los primeros test de estrés climático. Necesitamos capitalizar de forma inteligente el potencial derivado de la transición ecológica y responder a las demandas de ciudadanos, reguladores, mercados e inversores. Y para ello no basta el marco regulatorio. Aprender y ser transparentes ayuda a formar criterio y mejorar.
De acuerdo con el último informe del Taskforce for Climate Related Financial Disclosures(TCFD)1, el número de entidades que han expresado su apoyo a este tipo de iniciativas ha crecido más del 85%, suman más de 1.500 organizaciones a nivel mundial e incluyen a unas 1.340 empresas con una capitalización de mercado de 12,6 billones de dólares e instituciones financieras responsables de activos de 150 billones de dólares. En España no partimos de cero. Los activos cuya gestión se inspira en estrategias de inversión sostenible y responsable superaron los 285.000 millones de euros en 20192, observándose además un significativo aumento de la demanda de estos productos por parte de los inversores minoristas, que ya copan casi el 20% de la inversión en este tipo de instrumentos.
Sin embargo, es necesario el paso adicional que marca la Ley de Cambio Climático, facilitando la alineación de las estrategias de inversión pública y privada con la neutralidad climática y una mayor resiliencia. No solo por una cuestión ética y de responsabilidad, sino porque hoy sabemos que es y será un elemento central de seguridad económica y un factor determinante en el coste del capital.
Teresa Ribera Rodríguez es Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico