A fondo

Yincana de presiones al Gobierno en el diálogo social

A los intereses de empresarios y sindicatos hay que sumar las tensiones internas del Ejecutivo y los compromisos con Bruselas

De izquierda a derecha: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; Nadia Calviño, vicepresidenta económica; Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y vicepresidente segundo del Gobierno; Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo; Unai Sordo, secretario general de CC OO; Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE; Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.
De izquierda a derecha: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; Nadia Calviño, vicepresidenta económica; Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y vicepresidente segundo del Gobierno; Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo; Unai Sordo, secretario general de CC OO; Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE; Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

Los principales sindicatos del país, CC OO y UGT, van a escenificar esta semana una primera jornada de protestas contra el Gobierno de coalición de izquierdas formado por el PSOE y Unidas Podemos. Para que quede claro hacia quién van dirigidas sus quejas, se van a manifestar a las 12 del mediodía frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas. Y en Madrid, el lugar elegido –con la clara intención de ir contra quien consideran que puede ser el freno a sus reivindicaciones– es el Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Ejecutivo.

Estas protestas podrían llamar la atención porque llegan en un momento en el que los sindicatos han firmado ya más de ocho acuerdos con el Gobierno, en su mayoría también con la patronal. Sin embargo, entre las filas sindicales hay un creciente temor a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supedite las reformas de más calado, que tienen que ver con el mercado de trabajo y con las pensiones, a que exista un acuerdo tripartito. De ser así, CC OO y UGT tienen claro cuál podría ser la actitud patronal: “ponerse en una esquina del ring y no hacer nada para que no se toque la reforma laboral”, en palabras del líder de CC OO, Unai Sordo. De hecho, los sindicatos están ya observando esta actitud en CEOE en las negociaciones para la regulación de los repartidores de las plataformas digitales.

Por ello, será importante lo que ocurra esta semana con dicha negociación. Si finalmente Trabajo no logra el respaldo patronal –pese a que hay una parte del empresariado que estaría dispuesta a pactarlo– la ministra del ramo, Yolanda Díaz tendrá oportunidad de cumplir lo prometido y legislar sin los empresarios. No sería la primera vez que lo hiciera, ya legisló sin su firma final (aunque sí con sus aportaciones) en las leyes de transparencia e igualdad retributiva. Si bien, en esta ocasión habrá que ver si la falta de apoyo patronal hará que Díaz se incline hacia las demandas sindicales y haga una regulación más contraria a los intereses empresariales, de lo que lo habría sido con su firma (algo que CEOE quiso evitar, por ejemplo, con el acuerdo del salario mínimo para 2020). Eso sería, sin duda, un aviso a navegantes para las próximas negociaciones para la reforma laboral y la de las pensiones.

Pero en estas futuras reformas de mayor calado, los empresarios se ven más arropados por la vicepresidencia económica. De momento, ya han ganado una batalla con ayuda de Calviño, con la congelación del salario mínimo en el arranque de 2021.

Esto anticipa nuevas tensiones en la acción de Gobierno pero, en esta ocasión, desde el propio seno del Ejecutivo, donde se van a evidenciar de forma nítida las diferentes interpretaciones de la reforma laboral incluida en el acuerdo de coalición, las de Trabajo y las de Economía.
Y lo mismo ocurrirá, con toda seguridad con los cambios en las pensiones que quiere el titular de la cartera, José Luis Escrivá, frente a los planteamientos de Unidas Podemos e, incluso, de una parte del PSOE, que según fuentes cercanas al Gobierno podrían apoyar algunas de las tesis de la formación morada en materia de Seguridad Social.

Dado este panorama, a las presiones externas de sindicatos y patronal habrá que sumar las internas, cruzadas entre ministros y entre los propios partidos que los respaldan. Y, en medio de este sudoku de intereses, no se pueden olvidar los compromisos que tiene el Gobierno con la Comisión Europea.

Tal y como pidieron los interlocutores sociales, las fichas –que es como se conocen los documentos que se envían a la UE– en las que España le dice a Bruselas qué reformas estructurales quiere hacer en el mercado de trabajo y en el de las pensiones para justificar la recepción de fondos europeos, son lo suficientemente generales como para dejar espacio a la negociación del diálogo social. Pero lo cierto es que, aunque hay muchas coincidencias en el diagnóstico, hay muy pocas respecto a las medidas necesarias para lograr los objetivos básicos comprometidos: acabar con el abuso de la temporalidad, bajar la tasa de paro juvenil y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el medio y largo plazo.

Pero para que todas estas esperadas diferencias afloren, Gobierno y agentes sociales deben avanzar en sus negociaciones. Precisamente, una de las demandas de las protestas sindicales del jueves es que arranque la mesa de la reforma laboral. Los sindicatos quieren empezar enmendando la reforma de 2012 para recobrar el poder de negociación en los convenios. Es algo que les urge por una cuestión básica: frenar un nuevo y profundo proceso de devaluación salarial que se temen de los empresarios en la aún incierta salida de la crisis del Covid, igual que ocurrió en la financiera. Aunque para pasar al capítulo salarial, miles de pymes deberán primero sobrevivir a la pandemia.

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