La ‘ley de riders’ encara su recta final sin un acuerdo inmediato en el horizonte
El Gobierno confía en alcanzar un consenso pero se prepara para legislar igualmente si al final no lo consiguiera
Después de varios meses de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, la próxima ley que pretende regular las condiciones laborales de los repartidores de las plataformas digitales de reparto a domicilio –la conocida como ley rider, por el nombre en inglés de estos trabajadores– encara su recta final sin un acuerdo inmediato en el horizonte.
Si finalmente esta negociación terminara sin acuerdo, se convertiría en el primer gran pinchazo del Gobierno en su hasta ahora fructífero paso por el diálogo social. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo confiaban ayer en que las conversaciones lleguen a buen puerto, aunque no sea de manera inmediata.
Para ello, han vuelto a convocar a patronal y sindicatos para el próximo miércoles con la intención de “tomar una decisión definitiva” sobre esta norma, según avanzó el martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que es una de las personas que ha pilotado estas conversaciones.
“Lo que está claro es que esto tiene que terminar ya porque no tiene más recorrido”, indicaban ayer fuentes sindicales, que también reprocharon a la patronal estar dilatando las conversaciones sin querer negociar realmente. “No parece que quieran un acuerdo y lo que no puede hacer el Gobierno es permitirles que veten la norma”, añadían.
Ante estos reproches, el propio Pérez Rey, al igual que ya había hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó la posibilidad de que el Gobierno tuviera que legislar sin el respaldo de un pacto social. “La iniciativa legislativa no puede depender de que haya o no acuerdo”, dijo el secretario de Estado. Y añadió aunque la falta de consenso “es un escenario al que al Gobierno no le gustaría enfrentarse”, si finalmente se produjera el Ejecutivo legislaría. Es más, esto no tardará, ya que la propia ministra ha dicho que ésta será la próxima modificación legal que se aprobará en el terreno laboral.
Si llegara ese punto de tener que legislar en solitario o solo con el respaldo de los sindicatos, la incógnita es qué reivindicaciones de cada parte incluirá Trabajo en la norma, pero todo apunta a que si no contara con la firma patronal, la balanza podría inclinarse hacia el lado sindical.
En cualquier caso parece que el contenido mínimo que recogería la futura ley trasladaría a la legislación lo sentencia de septiembre pasado del Tribunal Supremo que declaró que la relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo es de naturaleza laboral y no mercantil, que es la que, por lo general, tienen estos trabajadores, que actúan como falsos autónomos. Pero según el Supremo en estas relaciones concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Por ello consideraron que la plataforma Glovo no es una mera intermediaria.
Tras este fallo, varias sentencias de distintos tribunales han obligado a convertir en asalariados de las plataformas a miles de repartidores.
En este escenario, fuentes conocedoras de la negociación aseguran que, de momento, no se vislumbra un acuerdo por el rechazo de los empresarios a propuesta del Gobierno. Aunque desde la patronal se limitaron ayer a decir que la negociación sigue abierta. Otras fuentes apuntan a la división interna entre los propios empresarios como el motivo principal para llegar o no a un acuerdo con el Gobierno en esta regulación.
Ante todo esto, la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) se manifestarán hoy en varias ciudades en contra del borrador de ley y en defensa de mantener la legislación actual.
Los puntos de la ley
Entre las cuestiones que se están negociando para esta futura ley, además de la consideración legal de asalariados de los repartidores –que estaría fuera de discusión por la obligación de trasladar a la normativa la sentencia del supremo– se ha considerado si ampliar la regulación a todas las plataformas digitales y no solo a las de reparto a domicilio. Fuentes patronales aseguraron que habían logrado que ley se limitara a estas últimas, pero fuentes de la negociación aseguraban ayer que esto tampoco estaba del todo cerrado.
Además, se pretende crear un registro nacional de estas compañías; permitir que los representantes de los trabajadores accedan a las información mediante algoritmos que manejan las plataformas para organizar el trabajo de sus repartidores y montar un observatorio tripartito para hacer un seguimiento de la aplicación de la ley.
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