La ejecución de los avales del Estado dispararía la deuda pública al 140% del PIB

La pandemia eleva el riesgo de impago de 230.000 millones sujetos a garantías públicas. La Airef alerta de que avales, pensiones y tipos de interés disparen el endeudamiento

Belén Trincado / Cinco Días

La elevada factura que está suponiendo para el erario español responder a la pandemia del coronavirus, unida al importante volumen de avales estatales comprometidos para mantener el flujo de financiación privada a las empresas en medio de la crisis desatada, amenazan con convertir la deuda pública española en una bomba de relojería. Solo en los últimos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya han alertado del riesgo que supone que el endeudamiento vaya a saltar este año al entorno del 120% del PIB. Y eso sin contar con las garantías públicas desplegadas, que de ejecutarse en bloque dispararían la deuda pública española al entorno del 140% del PIB.

Conviene tener en cuenta que España ha sido incapaz de sufragar su gasto público con los ingresos que genera anualmente desde el estallido de la crisis de 2008, incurriendo en un déficit que ha sido costeado con una ingente emisión de deuda pública. Pese a que el tamaño de ese agujero fiscal había venido reduciéndose desde los máximos alcanzados en 2012, y tras el ligero repunte al 2,8% del PIB en 2019, la deuda pública cerró el pasado ejercicio en el 95,5% del PIB.

A partir de ahí, el desajuste contable ha terminado de saltar por los aires con la llegada del Covid-19. Las medidas impulsadas para apuntalar el sistema sanitario, costear los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las ayudas a autónomos, empresas o colectivos desfavorecidos, y el desplome de la recaudación, amenazan con disparar el déficit por encima del 11% este año y vienen incrementando la deuda mes a mes.

A cierre de septiembre, según los datos publicados por el Banco de España esta misma semana, la deuda pública había crecido en 120.000 millones de euros, marcando un nuevo máximo histórico en 1.308.439 millones. La cifra equivale al 114,1% del PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, pero asciende ya al 118,3% del Producto Interior Bruto comunicado por el Ejecutivo a Bruselas en el plan presupuestario para el ejercicio 2020. A falta de un trimestre, por tanto, roza la previsión inicial del 118,8% para el conjunto del año y se encamina a cumplir las proyecciones de organismos como el FMI, que prevé que llegue al 123%. En cualquiera de los casos se trata de la cota máxima en más de 100 años.

Hasta aquí la evolución de la deuda medida según los estándares europeos del protocolo de déficit excesivo. El Estado acumula, sin embargo, una importante cuantía de pasivos contingentes que de momento no tienen coste, pero que podrían acabar teniendo que ser sufragados con emisiones adicionales. En concreto, según la información del supervisor financiero, el Estado acumulaba avales por valor de casi 90.000 millones de euros antes del estallido de la pandemia.

Como consecuencia de esta, sin embargo, el Gobierno puso en marcha un plan de estímulos sin precedentes que incluía un primer paquete de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 100.000 millones, destinados a incentivar la financiación bancaria cubriendo hasta el 80% de riesgo de impagos, y desplegó más tarde otra línea de 40.000 millones, ligada a proyectos de inversión y que abre ahora a la cobertura de pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF).

De momento, según los datos del Banco de España a cierre de septiembre, el Estado mantiene vivos avales públicos por 168.332 millones, de los que 78.935 millones corresponden al programa diseñado para paliar la crisis del Covid. Faltan por conceder, sin embargo, unos 20.000 millones de garantías del primer plan y prácticamente los 40.000 millones del segundo, con lo que, de agotarse, acabarían por elevar las garantías vigentes a 229.000 millones.

Semejante volumen de pasivos contablemente no computados, elevarían ya la deuda total del Estado al entorno de los 1,53 billones. El equivalente al 139% del PIB estimado por el Gobierno para 2020.

Los avales, sin embargo, no computan como coste real hasta que se ejecutan. En el caso de las líneas ICO, eso ocurrirá cuando las empresas que han sido financiadas con créditos garantizados por el Estado sean incapaces de hacer frente a sus pagos y los bancos reclamen la activación de las garantías en compensación. Solo con que el 25% de las garantías comprometidas fueran ejecutadas, la deuda se dispararía en cinco puntos de PIB, hasta el 123,5%.

Dado el desgaste del tejido productivo que está ejerciendo las crisis del Covid-19, y ante la ralentización económica que ha impuesto la segunda ola de contagios y restricciones, el Gobierno ha decidido actuar para tratar de mitigar el riesgo de que los avales contribuyan a disparar la deuda pública. Así, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una flexibilización de la financiación garantizada por el ICO, que eleva de 12 a 24 meses el periodo de carencia en el pago del principal de los préstamos y de cinco a ocho años el plazo máximo para la devolución de los créditos. El objetivo, admitió la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es “reducir la probabilidad de impagos”, que exigirían activar esos avales.

La propia Airef advertía ayer de que “uno de los principales riesgos de la situación actual es que la crisis sanitaria produzca daños estructurales, de modo que en el futuro haya que hacer frente no sólo a una ratio de deuda pública más elevada, sino también a un mayor y más persistente déficit estructural y una materialización de los pasivos contingentes de los préstamos avalados por el Estado”. La autoridad fiscal calcula que solo la ejecución de entre un 15% y un 30% del primer tramo de 100.000 millones en garantías públicas asociadas al Covid durante el próximo lustro “supondría un incremento adicional de la ratio de deuda de entre uno y dos puntos de PIB”, pese a que el tamaño de este sería ya mayor que el actual por la recuperación económica.

El organismo que preside Cristina Herrero advierte, en todo caso, que aún sin ese riesgo la situación ya es preocupante y que, si no se toman medidas de calada para remediarlo, “la ratio deuda sobre el PIB se puede estabilizar en el entorno del 120% en los próximos años” aún contando con que España vuelva a crecer por encima de su potencial para 2025.

Otros riesgos que elevarían el saldo a deber

Tipos. La Airef asume que la deuda pública acabará este año en el 118% del PIB, bajará al 116% en 2021 por la recuperación del tamaño de la economía, y acabará estancándose luego en el 120%. A partir de ahí, alerta de una serie de riesgos que podrían agravar la situación, más allá de la ejecución de los avales públicos. Uno es “la mayor dependencia de unas condiciones favorables de financiación”, pues un repunte de los tipos de interés que pesan sobre semejante volumen de deuda podría complicar su gestión. Un alza de 100 puntos básicos en 2021 elevaría la deuda en seis puntos de PIB para 2030, ilustra, cuando el coste de mantenerla sería ya del 2,8% del PIB.

Pensiones. Otra amenaza es el envejecimiento de la población, que elevará en nueve puntos la deuda asociada al pago de pensiones en una década, y de 22 a 30 puntos para 2040.