El Gobierno aprueba un paquete de apoyo a la solvencia empresarial ante la segunda ola del Covid

Flexibiliza los créditos avalados por el ICO, prorroga la suspensión de los concursos de acreedores y protege a los sectores estratégicos de la inversión extranjera

La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero (izquierda) y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero (izquierda) y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El Gobierno tomó cartas en el asunto este martes para tratar de apuntalar la liquidez y la solvencia de las empresas españolas ante una segunda ola de coronavirus que amenaza con alargar la crisis y seguir minando la malograda situación del tejido productivo español. El nuevo paquete, entre otras cosas, flexibiliza los créditos avalados por el Estado, amplía la moratoria concursal, blinda a los sectores estratégicos ante inversiones foráneas, incorpora nuevas ayudas y facilidades tributarias.

“Este real decreto ley, como todos los autorizados con anterioridad, busca minimizar los efectos de la crisis económica y social centrándose en proteger la estructura productiva, el empleo y las rentas familiares”, defendió la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término del Consejo de Ministros que dio luz verde al plan. “De esta manera podremos seguir preservando la economía para que continúe en la senda de crecimiento” retomada en verano, dijo. “Estamos en un escenario altamente incierto” que requiere tomar medidas adicionales, tras evitar la destrucción de tres millones de empleos y una caída del 25% del PIB con las anteriores, sostuvo, si bien aseguró que “el escenario central [del Gobierno] para el cuarto trimestre no es de una caída o crecimiento negativo del PIB”.

La prioridad ahora, apuntó, es evitar que compañías viables puedan terminar cerrando por problemas puntuales de liquidez, u otros desequilibrios causados por la pandemia, ayudando a las empresas a preservar su solvencia.

Los créditos avalados

A tal efecto, tal y como ha adelantado este diario, el Ejecutivo flexibilizó este martes las condiciones de la financiación bancaria avalada por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La idea es que devolver ahora esa financiación no genere ahora nuevos problemas. Los cambios afectan tanto a la línea inicial de garantías de liquidez, por 100.000 millones de euros, como a la segunda, dotada con 40.000 millones para sufragar inversiones. La primera, recordó Calviño, ha motivado 881.000 operaciones, el 98% de las cuáles las han protagonizado pymes y autónomos, en las que 82.000 millones en avales han facilitado financiación privada por valor de 108.000 millones. La segunda ha tenido aún escaso recorrido.

A fin de “reducir la probabilidad de impagos” por parte de las compañías beneficiadas, lo que haría que el apunte de estas coberturas de hasta el 80% del riesgo pasara a generar un coste público, Economía eleva de 12 a 24 los meses de carencia en el pago del principal del préstamo. A su vez, extiende hasta en tres años la duración de créditos y avales, pasando de un máximo de cinco a un total de ocho años. Finalmente, da a las firmas interesadas la oportunidad de seguir solicitando estas líneas de crédito hasta el 30 de junio de 2021, en lugar de limitarlos a diciembre de 2020.

Rebaja en las cuotas

Varios ejemplos pueden ser ilustrativos para entender el efecto de la medida. Así, para empresas de turismo, ocio o cultura, con un crédito medio de 100.270 euros al 2,2% de interés, aprovechar los cambios supondría rebajar de 2.184 a 1.487 euros la cuota mensual. En el caso de la industria de la alimentación y las bebidas, con un préstamo medio de 270.600 euros al 2,1%, pasar de un plazo de devolución de cuatro a siete años, permitiría congelar la cuota mensual del primer año en 473 euros y rebajar la posterior de 6.688 a 4.344 euros. Si se toma el crédito medio para el sector de bienes de consumo y comercio al por menor, de 277.500 euros al 2,5%, ampliarlo de tres a seis años y contar con el ejercicio adicional de carencia supone congelar la cuota inicial en 161 euros y reducir la posterior de 2.667 a 1.518

La banca estará obligada a aceptar estas modificaciones siempre que el cliente esté al corriente de pagos, no incurra en mora o esté sujeto a un procedimiento concursal. Además, el Gobierno reducirá un 50% el coste de los aranceles notariales que conllevará certificar la novación. La entidad no podrá elevar el coste salvo que se encarezca la garantía. Esto solo ocurre cuando el plazo se extiende a siete u ocho años y el crédito supera los 800.000 euros (o 120.000 en el caso de pesca y agricultura, o 100.000 para producción primaria o agrícola), si bien las garantías cumplen tarifas que van en línea con las que marca la UE. La banca tampoco podrá exigir que se contraten productos adicionales para aceptar la ampliación de los préstamos.

A la vez, el Gobierno habilita al ICO a acceder directamente a la Central de Información y Riesgos del Banco de España (Cirbe), lo que le permitirá conocer su situación frente a las entidades financieras, a fin de prever posibles impagos y gestionar recobros de deuda.

Blindaje a la inversión extranjera

Otra de las medidas del plan aprobado este martes es la extensión hasta el 30 de junio del blindaje ante inversiones extranjeras que opera sobre sectores estratégicos. Así, hasta entonces, adquirir más del 10% de una cotizada española, o de no cotizadas cuando la operación superen los 500 millones, deberá contar con el visto bueno del Gobierno español. Una medida que podría proteger, por ejemplo, la compra de Air Europa –recientemente asistida por el Estado y que pasa a contar con tutela pública– que estudia Iberia.

En paralelo, a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), Economía ha creado una línea extraordinaria de cobertura de circulante por 1.000 millones, ha ampliado en 100 la línea de avales para pymes y no cotizadas, y ha creado otra de cobertura para cotizadas por 1.000 millones, hasta diciembre de 2021.

Moratoria concursal

Otra de las patas de actuación del plan es la extensión del 30 de octubre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021 en la suspensión de los procedimientos concursales voluntarios o necesarios, en la petición que hagan deudores y acreedores, respectivamente, y en su admisión por parte del juez.

En paralelo, la norma también se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.

Finalmente, la norma también eleva de 500 a 1.000 millones el umbra de cotización a partir del cuál es obligatorio pasar del antiguo Mecanismo Alternativo Bursátil (MAB) al mercado continuo, a fin de evitar que las mayores exigencias de información que impone este último parqué termine por desincentivar a las empresas a seguir creciendo.

Rebaja del IVA de las mascarillas

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja del 21% al 4% en el tipo de IVA de las mascarillas, “uno de los más bajos de la UE”, ha matizado.

Aunque inicialmente, al rechazar una petición de Ciudadanos en este sentido, Hacienda estimó que la pérdida de recaudación anual de esta medida sería de 1.570 millones, la rebaja ahora a una horquilla de 550 a 850 millones al entender que la llegada de las vacunas rebajará su uso en 2021.

Montero ha recordado que la medida, ampliamente demandando desde sectores de la oposición, solo después de que la Comisión Europea comunicara que no multará al país por incumplir la directiva comunitaria que impide dicha rebaja impositiva.

Además, al rebajarse la pasada semana de 0,96 a 0,72 el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, con un 21% de IVA, la reducción del impuesto supondrá una disminución superior del precio de este material de protección ante el Covid-19 hasta el entorno de los 60 céntimos. A su vez, Hacienda prorroga hasta el 31 de abril el IVA a la importación y adquisición de material sanitario dirigido a centros sanitarios públicos y privados, ha detallado Montero.

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