El largo rosario de procesos judiciales que aún le espera a Bankia
La entidad afronta decenas de procesos civiles derivados de la OPS, además de demandas por hipotecas IRPH y tarjetas revolving
El caso de la salida a Bolsa era, sin lugar a dudas, el de mayor calado y el más mediático que pendía sobre el banco de capital público. No solamente afectaba a la colocación, sino también al proceso de creación del propio banco y a la verificación de la OPS. Con todo, la entidad no ha terminado su periplo judicial pese a la absolución de BFA, Bankia y los 34 acusados, tal y como refleja su informe de auditoría de la primera mitad del año.
De entrada, más allá del juicio penal, según las cuentas semestrales de Bankia la entidad afronta 211 procedimientos civiles derivados de la OPS y operaciones en Bolsa realizadas por inversores minoritarios, pese a que en 2016 el Supremo anuló la venta de acciones a minoritarios, obligando a compensarles. Por estos procesos la entidad ha provisionado, junto a BFA, 1.884 millones de euros, y no espera más quebrantos por esta vía: "El riesgo por eventuales condenas a la entidad en cuanto a una mayor contingencia no essignificativo en este momento", indica la entidad.
Además, tiene por delante varias decenas de demandas civiles por el tramo institucional de la colocación. En una de ellas, el Supremo falló en contra de Bankia al no admitir recursos de la entidad sobre una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que la condenaba a pagar 3,5 millones de euros a Juan Luis Arregui, primer accionista de Ence. Aunque el Supremo no entró en el fondo de la cuestión, sí ratificó y declaró firme la sentencia, que declaró que las cuentas de la OPS contenían “graves inexactitudes encubiertas” que ” no pueden entenderse subsanadas por la existencia de informes de auditoría o por la formal homologación del folleto en CNMV”.
De momento, en las demandas de institucionales se han dictado 84 sentencias en primera instancia, de las cuales 24 son favorables y 60 desfavorables a Bankia. En segunda instancia se han dictado 43 sentencias; siendo 30 de ellas desfavorables y 13 favorables a Bankia, según recoge la entidad en sus cuentas semestrales.
Del caso de las OPV se segregaron, además, dos piezas separadas. Una, la de las tarjetas de crédito black, de la que el Supremo confirmó la sentencia de cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato. Otros 63 directivos fueron condenados a penas de entre cuatro meses y cuatro años de cárcel por disponer “a su antojo” del dinero del banco. La segunda pieza separada se refería a las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, demanda que fue archivada por la Audiencia, decisión recurrida por las acusaciones particulares.
Más allá de la salida a Bolsa y sus derivadas, Bankia está pendiente de 299 demandas por hipotecas referenciadas al índice IRPH, cuya salida judicial está en manos de cada juzgado después de que el Tribunal de la UE abriera la puerta a analizar caso por caso. El importe de préstamos hipotecarios vigentes con particulares al corriente de pago, que incluyen una cláusula contractual referenciada a IRPH pactada asciende aproximadamente a 1.200 millones de euros. Otros 1.500 millones están ligados al IRPH pero no por un pacto entre las partes sino que impuesto por la normativa, como por ejemplo planes de VPO.
El banco tiene otras 111 demandas ligadas a las tarjetas revolving. El Supremo sentenció este año que un tipo del 26,82% es “manifiestamente desproporcionado”, lo que según Bankia podría aumentar la litigiosidad en este segmento de mercado. Además, Bankia afronta 106 procesos judiciales por derivados y 669 por anticipos en el pago de viviendas en construcción no entregadas.
Además, la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia Apabankval presentó una querella contra Bankia como entidad heredera de la entidad valenciana, en este caso por delito societario. Un juzgado de Valencia confirmó en 2019 la continuación de las diligencias previas, con Bankia como responsable subsidiaria. “Bankia y BFA han presentado sendos recursos de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, indica el banco.
Casos para Rato
El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, afronta su propio periplo judicial. Detenido por blanqueo de capitales en 2015 y condenado a prisión desde 2018 por el caso de las tarjetas black, el otrora director gerente del FMI, absuelto del caso de la salida a Bolsa, aún tiene cotas con los tribunales, en este caso por el origen de su fortuna.
En la macrocausa conocida como "caso Rato", se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas. Este caso comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.
Por una pieza separada de esta causa, el fiscal pidió cuatro años de prisión por haber participado con "varias personas de su máxima confianza" para beneficiarse de los contratos publicitarios de Bankia, obteniendo según la acusación 2,02 millones en mordidas. También están acusados en este caso el ex secretario de Estado de Comercio y ex consejero consultivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella y el que fuera asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo. No obstante, la Audiencia de Madrid revocó la pretensión del juez de separar esta causa y ordenó aglutinar todas las piezas por el patrimonio de Rato. Anticorrupción ha señalado a su ex cuñado Santiago Alarcó, ligado a las sociedades patrimoniales Kradonara y Viaway y que fue contratado, también, como asesor de Bankia.
Los investigadores sostienen que Rato también se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad". El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.
El pasado 1 de junio debía haber concluido la prórroga de 18 meses acordada por el instructor, si bien el fin de este periodo de ampliación de la investigación se ha visto pospuesto tres meses, el tiempo que han estado suspendidos los plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.
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