El Supremo anula la suscripción de acciones de Bankia en oferta pública
El Tribunal Supremo ha anulado hoy la adquisición de acciones de Bankia con ocasión de su salida a Bolsa de 2011 porque hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto que lo anunciaba y las reales. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad, porque hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. El Alto Tribunal obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, y abre la vía a miles de nuevas reclamaciones.
Este caso surge a raíz de la demanda de dos matrimonios que, de forma respectiva, invirtieron 9.997 euros y 20.868 euros en acciones. Las Audiencias Provinciales de Asturias y Valencia creyeron que estaba probado que la información reflejada en la oferta pública “resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes”. El Supremo ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional, conocida como Caso Bankia, pueda paralizar las reclamaciones individuales vía civil.
Durante el pleno celebrado esta mañana, el tribunal también ha estimado que el folleto informativo de la salida a Bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011, no reflejaba la situación económica real de la entidad.
Sienta doctrina
"La importancia de la sentencia que hemos conocido hoy es que ha sido dictada por el pleno del Supremo, y que resuelve dos recursos, con lo que está sentando doctrina", explica Pablo Franquet, asociado del despacho de abogados Jausas. De acuerdo con esta firma de letrados, la argumentación jurídica que contiene la resolución del Alto Tribunal facilita mucho las posibilidades de que todos los inversores que participaron en la salida a Bolsa de Bankia reciban el dinero que perdieron.
"Tenemos varios clientes profesionales e institucionales, que estaban pendientes de qué ocurría con la evolución del caso Bankia en la Audiencia Nacional para decidir si seguían adelante con la reclamación civil por la compra de acciones. Ahora, el tribunal ha dejado claro cómo deben pronunciarse los juzgados e instancias inferiores sobre este asunto, lo que hará que se produzcan nuevas reclamaciones", apunta Franquet, que trabaja con el socio del despacho Jordi Ruiz de Villa.
Con la sentencia conocida hoy, el Supremo rechaza los argumentos de Bankia, y mantiene abiertas las causas en los distintos juzgados españoles a raíz de las demandas de los pequeños inversores. En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la entidad solicitaba que la sentencia fuese revocada al no justificar “de forma suficiente y adecuada” la falta de veracidad de la información del folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) que, según Bankia, cumplía con la normativa vigente.
Asimismo, Bankia insiste en que los inversores adquirieron las acciones con independencia de la información recogida en el folleto, por lo que “incluso suponiendo que la situación no hubiese sido la descrita”, los clientes habrían firmado igualmente el contrato.
El tribunal también se ha pronunciado acerca de la prejudicialidad penal, y rechaza que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales por la vía civil. El Supremo ratifica así las decisiones adoptadas por los tribunales civiles, que hasta el momento, estaban fallando a favor de los inversores.
La posibilidad de que los tribunales rechazasen los argumentos de Bankia ya fue contemplada el pasado diciembre, cuando la firma y BFA, entidad 100% pública que es el pimer accionista de Bankia, pactaron el reparto de las posibles indemnizaciones a los accionistas.
Así, Bankia afrontará los pagos derivados de estas sentencias hasta un total de 736 millones de euros, mientras BFA afrontará las cantidades que excedan de los 736 millones de euros hasta llegar a los 1.840 millones de euros. Si las cantidades exceden de estos 1.840 millones de euros, el convenio firmado en diciembre se remitía al anterio pacto, de febrero, que señalaba que en caso de que las reclamaciones excedieran el máximo (entonces 780 millones), se celebraría un nuevo convenio.
De momento, y de acuerdo con Bankia, las cantidades reclamadas por los inversores derivadas de la salida a Bolsa en procedimientos civiles ascienden a 820 millones de euros. La cantidad captada por la firma en la OPV ascendió a 3.092 millones de euros, de los que 1.852 millones correspondieron a inversores minoristas. El resto de la OPV se dirigió a inversores institucionales.
Cifras provisionadas a finales de 2015
La próxima semana la entidad financiera publica sus cuentas de 2015, que deberían recoger no el impacto de la sentencia de hoy pero sí las provisiones anunciadas en el mes de diciembre. Bankia y BFA pactaron no solo el reparto de los impactos derivados de sentencias judiciales contrarias, sino también un calendario de provisiones que ‘blindase’ las cuentas ante sorpresas judiciales de este tipo. Así, Bankia se comprometió a elevar en este cuarto trimestre de 2015 eleva el saldo total de provisiones constituidas a tal efecto en 424 millones de euros, sumándose a las provisiones antes constituidas y hasta llegar a los 736 millones. La entidad cotizada pactó con BFAhacer frente a las reclamaciones de inversores por la salida a Bolsa por esta cantidad. Las reclamaciones que excedan de estos 736 millones irán a cuenta de BFA, que por su parte provisionará un total de 1.104 millones de euros (636 millones durante el último trimestre de 2015).
Bankia añadió que “se está valorando el tratamiento contable aplicable a la constitución de este fondo, en relación con la parte que deberá cargarse contra recursos propios”. Es decir, en qué medida esta provisión extraordinaria erosionará los ratios de capital de la firma cotizada. En las cuentas de 2014 los 312 millones provisionados por Bankia se fueron directamente contra la cuenta de resultados de la sociedad, minorando los beneficios. BFA restó sus beneficios en otros 468 millones de euros.