El Supremo confirma cuatro años y medio de cárcel a Rato por las tarjetas ‘black’

Ratifica la condena por apropiación indebida de los 64 acusados pero atenúa 31 por la devolución del dinero

La Audiencia Nacional deberá decidir ahora el ingreso en prisión de 15 de ellos

Rodrigo Rato carcel
El expresidente de Bankia, y exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato.

El Tribunal Supremo confirmó este miércoles la sentencia condenatoria de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional impuso por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia a Rodrigo Rato, expresidente de estas entidades y uno de los españoles que mayor poder económico ha tenido en las últimas décadas, durante las que ha sido vicepresidente económico del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El fallo también ratifica la condena por apropiación indebida de los otros 63 exdirectivos  y consejeros de estas entidades, procesados por cargar 12 millones de euros en gastos sin justificar a estas visas opacas, aunque atenúa casi la mitad de las penas por el dinero devuelto.

Así, el fallo emitido por la Sala II del Tribunal Supremo, conformada por cinco magistrados y presidida por Miguel Colmenero, impone finalmente un total de 106 años de cárcel y 192.000 euros de multa para los 64 acusados, frente a los 120 años y 220.000 euros que estableció hace año y medio la Audiencia Nacional.

Más allá de las penas concretas, la sentencia del Supremo supone una condena en firme al peor modelo de gestión de las cajas en los años del boom inmobiliario, en el que estas visas sirvieron como lubricante de los juegos de poder de Caja Madrid y Bankia. Las condenas afectan a lo más granado de la época del mundo político (incluyendo a PP, PSOE e IU), empresarial, sindical y financiero.

De hecho, buena parte de los condenados se enfrentarán desde noviembre a un nuevo juicio, este en relación a la salida a Bolsa de Bankia, entidad que acabó requiriendo el mayor rescate bancario de la historia de España, por valor de 22.500 millones de euros. La entidad, cuya asistencia requirió la petición de ayudas a la Unión Europea, sigue nacionalizada y fue su actual equipo gestor quien denunció las visas opacas.

El alto tribunal ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en febrero de 2017, que relataba como, entre 2003 y 2012, los 64 condenados cargaron 12 millones de euros a unas tarjetas de crédito de empresa que nadie controló, por las que no tributaron, y en las que se incluyeron gastos personales de toda índole, desde comidas a copas pasando por la adquisición de arte sacro o la compra de lencería.

El Supremo, que lleva reuniéndose desde junio para analizar los 67 recursos contra el fallo de la Audiencia Nacional presentados tanto por los ilustres ocupantes del banquillo como por varias de las acusaciones personadas en la causa, ha terminado rechazando las peticiones de incremento de condena.

El fallo, sin embargo, estima parcialmente los escritos de 31 de los acusados, rebajando sus condenas penas al entender la devolución del dinero como un atenuante de reparación del daño. Las condenas, finalmente, van desde los tres meses de cárcel y 2.400 euros de multa, a los cuatro años y medio de Rato y sus 6.000 euros de sanción.

En el caso de Rato, la Sala ha rechazado su recurso y le aboca a ingresar definitivamente en cárcel cuando la Audiencia ejecute la sentencia. Lo usual es que la condena sea efectiva cuando la pena supera los dos años de prisión, con lo que previsiblemente corran la misma suerte otros 14 acusados, frente a los 19 que corrían el riesgo de ir a la cárcel tras el fallo de la Audiencia (ver noticia adjunta)

La pena del expresidente de Caja Madrid fue la mayor impuesta por esta causa, a excepción de la de su antecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017 tras ser condenado a seis años de cárcel. Su sentencia también fue confirmada por el Supremo el pasado noviembre, aunque solo a efectos de responsabilidad civil puesto que la penal quedó extinta al morir.

El Supremo ve proporcionada la condena impuesta a Rato por la Audiencia Nacional al considerar probado que “se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás” desde una posición de máxima responsabilidad.

Rato gastó 99.054 euros con su tarjeta pero se le considera responsable solidario de los 2,6 millones cargados a las visas opacas durante su mandato. Blesa, que gastó 436.688 euros, fue declarado responsable de los 9,3 millones correspondientes a su etapa al frente de Caja Madrid.

Más allá, destacan los gastos del exvicepresidente de Caja Madrid –a propuesta de IU– José Antonio Moral Santín (456.522 euros), condenado a cuatro años de cárcel; de los exdirectivos Ricardo Morado (450.818 euros) y Matías Amat (431.068 euros), condenados a dos años y un años menos un día, respectivamente; del exsindicalista de CC OO Francisco Baquero (266.433 euros), con tres años y dos meses de cárcel; o el exconsejero de Estado de Hacienda por el PP Estanislao Rodríguez Ponga (255.372 euros), con la misma pena.

Destaca el caso de Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa y considerado el responsable directo de la gestión diaria de estas visas, siendo el que más gastó con ellas: 575.071 euros. Se trata del condenado más favorecido por la resolución del Supremo, que estima parcialmente su recurso y rebaja la pena de dos años y medio de cárcel a un año menos un día de prisión, al considerarle responsable de un único delito de apropiación indebida, descartando los de cooperador necesario y cómplice que le achacaba también la Audiencia.

Además, el alto tribunal contempla la atenuación del daño por el dinero devuelto. La Sala también deja sin efecto la inhabilitación para el ejercicio de la actividad bancaria de Luis Eduardo Gabarda Durán, que gastó 137.937 euros y es condenado a 10 meses de prisión.

La plataforma 15MpaRato celebra el fallo, como también la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y personada como acusación, que lamenta, sin embargo, que Rato y Barcoj no fueran condenados también por administración desleal como había solicitado.

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