Cataluña regulará el precio del alquiler en 60 ciudades con grandes alzas en las rentas

La ley afecta a las capitales de provincia y a los municipios del área metropolitana de Barcelona, con variaciones del 20% entre 2015 y 2018

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Hasta 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, la mayoría de ellos en el área metropolitana de Barcelona -una de las zonas con más tensión residencial de España- regularán los precios del alquiler habitacional. Cataluña, que como autonomía tiene las competencias de vivienda transferidas, aprobará este verano una proposición de ley elaborada por el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) y el Departament de Justícia que cuenta con el apoyo de JxCat, ERC, Comuns y la CUP, y que se asegura de este modo la mayoría parlamentaria.

La normativa tiene el objetivo, por un lado, de congelar los precios de los nuevos contratos de arrendamiento en estas zonas en base a un máximo que se establezca, y por el otro, de rebajar el precio medio de las renovaciones de los contratos ya firmados. Según los datos proporcionados por el Índice de Precios del Alquiler, presentado hace dos semanas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Cataluña es una de las regiones de España con mayor alza en la variación de precios entre 2015 y 2018, último año con datos disponibles.

Así pues, la media catalana, con un alza en las rentas en este periodo que roza el 14% (en línea con Madrid, Islas Baleares o provincias como Málaga), contrasta con otras zonas de España, donde la variación no llega al 6%. Dentro de la Generalitat hay diferentes ritmos entre unas zonas y otras. Así, la futura ley actuará en "las 60 ciudades más tensionadas de Cataluña, en un contexto de emergencia habitacional en el que los precios de alquiler han aumentado 30 veces más que los sueldos en el última década, y que hace que las familias destinen más del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler", explica el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera. La ley, añade, cubrirá a cerca del 70% de la población catalana.

Por municipios, según los datos de Mitma, destacan algunos como Terrassa, con un precio de 8 euros el metro cuadrado (año 2018) y un alza del 21% entre 2015 y 2018. También se cuelan otros como Olesa de Montserrat, (7,2 euros el metro cuadrado y una variación del 20%) y Sant Cugat del Vallès (11,9 euros y 19%) o Rubí (8,2 y 19%). La ciudad de Barcelona, con más de 110.000 viviendas en arrendamiento, tiene un precio de 12 euros el metro cuadrado, que ha avanzado un 17% en este periodo. Cifras similares tiene L'Hospitalet de Llobregat (11,3 euros y un alza del 16%) o Sabadell (7,5 y 17%).

Las otras tres capitales de provincia, salvo Girona (8 euros y un alza del 15%), no presentan estos desajustes tan fuertes. Lleida (5,8 euros y 9%) y Tarragona (6,5 euros y 8%), sin ir más lejos, están muy por debajo de la media catalana, desplazando la tensión residencial al área metropolitana de la capital.

Según un informe del Observatori Metropolità de l’Habitatge que maneja el sindicato de inquilinos, las familias que viven en un piso de alquiler en estas zonas tensionadas destinan un 45% de sus ingresos al pago de la vivienda. Además, entre 2014 y 2019, y según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, los precios se han encarecido de media un 36% en estas áreas tensionadas.

Una vez eche a rodar, la regulación afectará a las nuevas firmas de contratos, que no podrán sobrepasar las rentas medias que fije la norma. Para que la norma se cumpla íntegramente, explica el sindicato, también se propone modificar la ley del Derecho a la Vivienda y añadir como infracción grave que la parte arrendadora fije "una renta igual o superior al 20% del importe máximo que corresponda". También se considerará como una infracción ocultar al inquilino que la vivienda está sujeta a esta regulación.

La medida, en opinión del director de estudios del portal Pisos, Ferran Font, está mal encaminada. Así, pese a que confirma que "la diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas", subraya que "esta ayuda debe ir enfocada a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de alquiler a través de la colaboración público-privada".

En la misma línea se sitúa Iñaki Unsain, presidente de AEPSI, quien considera que la ley "va a conseguir justo el efecto contrario al deseado, es decir, los precios del alquiler no solo no van a bajar, sino que van a subir". La oferta de viviendas de alquiler "disminuirá principalmente por dos motivos: primero, muchos propietarios sacarán su piso del mercado al no poder obtener la rentabilidad deseada; segundo, se paralizará la inversión en vivienda de obra nueva destinada al alquiler".

Con todo, recoge el texto, la regulación prevé algunas excepciones para casos de gran rehabilitación, obras de mejora, relación de parentesco entre propietario e inquilino y otros regímenes de rentas. Asimismo, quedarán exentas las viviendas de obra nueva, que no se verán afectadas por la regulación durante los primeros tres años.

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