Anged critica al Gobierno por discriminar a las grandes superficies en la desescalada

Recalca que los problemas financieros y de liquidez por dos meses y medio de cierre son comunes a todo el comercio

 El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val.
El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que representa a las grandes firmas como Carrefour, Ikea, Auchan, Leroy Merlín, El Corte Inglés, Media Markt o Worten, pasa al ataque contra el Ejecutivo. La posibilidad de que el pequeño comercio abriera con cita previa en la fase O frente a las restricciones de las grandes superficies, que solo podrán abrir 400 metros cuadrados en fase 1 y tendrán que esperar a la fase 2 si se encuentran en centros comerciales ha soliviantado a esas empresas. En un comunicado, Anged mostró su profundo malestar ante el “grado de discrecionalidad” política y económica con el que el Ejecutivo se ha decidido la reapertura escalonada del comercio en España.

En su opinión, los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio. "Desde las principales organizaciones empresariales llevamos semanas demandando y proponiendo medidas para un paquete fiscal y financiero potente y efectivo, equiparable al de los principales países de nuestro entorno, que ayude a salvar la actividad de nuestro sector productivo, aliviar sus cargas fiscales y reducir sus costes fijos", demanda el texto.

Desde Anged revelan que la situación de España es diferente a la de sus vecinos de la UE. "En todos los países de nuestro entorno el comercio está abierto. Las razones que argumenta el presidente del Gobierno, que responden a criterios políticos y económico, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la ley de Defensa de la Competencia. Con ello, el Ejecutivo está alentando además una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresas que está absolutamente sobrepasada por la realidad del mercado global de hoy, en el que todos competimos en un mercado global con grandes plataformas digitales", asegura.

La patronal de las grandes empresas de distribución alerta de las consecuencias que pueden tener esas decisiones equivocadas. "La mayor parte de las tiendas de nuestras empresas asociadas llevan tres meses cerradas, con casi 100.000 empleados en situación de ERTE y sujetas a una situación de inseguridad jurídica extrema, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar. Somos un sector que ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y de la que depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas. Algunas de nuestras empresas tienen más de 9.500 proveedores españoles, también sujetos a la discrecionalidad de la decisiones políticas", remarcan.

De esa manera, los socios de la patronal no entienden porque son discriminados frente a otras actividades, como industria, transporte público o turismo, que también generan movilidad de personas y en las que no ha habido distinción por tamaño. "En estas actividades no se ha establecido una discriminación por tamaño para que, por ejemplo, primero abran las casas rurales antes que los hoteles o las pequeñas fábricas antes que las grandes factorías", recalca.

 

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